En la madrugada del miércoles 4 de octubre, por orden de la Fiscalía de Crimen Organizado, la Policía Nacional del Perú ingresó a la comunidad kukama San Pedro de Urarinas, asentada en la ribera del río Marañón, en Loreto, y detuvo a cinco comuneros, entre ellos a Jiner Panduro Castillo (37), apu de la comunidad nativa.
El operativo se realizó en el marco de las investigaciones a cargo de la Fiscalía de la Nación a causa de los cortes y daños en el Oleoducto Norperuano realizados presuntamente por la organización criminal ‘Los Crudos’, acusada de provocar derrames de petróleo en la Amazonía peruana para luego encargarse de su limpieza mediante contratos direccionados con el Estado que alcanzarían los S/12 millones de soles.
Según las investigaciones preliminares, incluyendo un informe de Hildebrandt en sus trece, los actos delictivos estarían encabezados por los empresarios José Sánchez Tirado (50) y su esposa, Guadalupe García Romero (53), quienes habrían favorecido a cuatro “compañías fantasmas”, creadas por la misma pareja, en colusión con tres presidentes de comunidades nativas, cuya misión era presionar a gerentes y altos funcionarios de Petroperú con el objetivo de asegurar su contratación para posteriormente efectuar los trabajos de limpieza del crudo.
Pero, la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), federación indígena que representa a 63 comunidades de los ríos Marañón, Chambira y Ucayali, ha denunciado que se están vulnerando los derechos de los líderes indígenas: Jinner Panduro Castillo, Luis Panduro Castillo, Geiner Panduro Ochavano, Norvil Panduro Castillo y Jimmy Panduro.
Pues, de acuerdo a la organización indígena, estos fueron sacados de su comunidad mediante el uso desmedido de la fuerza por un gran contingente policial, a pesar de que, a la fecha, no existen pruebas que demuestren un mínimo grado de vinculación en la participación directa o indirecta en los ilícitos que se les atribuye.
Kukamas denuncian actos irregulares durante detención
Después de una semana detención, la noche del 14 de octubre, los comuneros kukama Luis Panduro Castillo, Geiner Panduro Ochavano, Elías Isuiza Sifuentes y Warren Coral Hualinga fueron liberados con comparecencia simple.
Mientras que Jimmy Jhonatan Panduro Saurino y Jiner Roy Panduro Castillo aún continúan en calidad de detenidos y con peligro de enfrentar 36 meses, es decir, tres años, de prisión preventiva, medida que se decidirá en la audiencia programada, para hoy a las 4 p.m., en la Corte Superior de Justicia Penal Especializada.
En esa misma línea, Acodecospat recordó que la Fiscalía de Crimen Organizado habría incumplido el debido proceso, ya que, en primer lugar, no se les notificó, conforme a ley, la orden de detención preliminar. Esto teniendo en cuenta que la investigación inició en el departamento de Piura, en 2016.
Asimismo, la detención fue irregular, puesto que efectivos ingresaron de forma violenta a sus domicilios y no se les permitió contactar con la defensa legal correspondiente en primera instancia.
Además, durante el traslado de los detenidos, desde la ciudad de Iquitos a Lima, no se contó con la presencia del Ministerio de Cultura ni la Defensoría de Pueblo y al llegar al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional se les restringió la alimentación, abrigo y hasta atención médica. También, la organización indígena recalcó que las autoridades competentes demoraron hasta tres días para entregar la carpeta fiscal a la defensa legal de los inculpados.
Fiscal amenazó a comuneros, revela abogado defensor
Recientemente, la empresa estatal se pronunció frente a las acusaciones que involucrarían a sus representantes en la participación de la organización criminal dedicada a cometer atentados contra el Oleoducto Norperuano.
Estos serían un supervisor del oleoducto y un coordinador de relaciones comunitarias, más no gerentes o altos funcionarios. En esa línea, cabe resaltar que los trabajadores de Petroperú conformarían el segundo nivel de la organización criminal. Acerca de este punto, el abogado de los comuneros kukama, Dorian Choque, informó que:
Además, en el marco del caso, un hecho que llama la atención es la existencia de pruebas que demostrarían que la investigación no estaría siendo debidamente realizada. Pues, Choque reveló a Infobae Perú que el comunero Panduro Castillo, en su declaración a nivel fiscal, contó que, durante la detención preliminar, fue amenazado por Jorge Luis Zamora Zamora, fiscal a cargo del operativo.
Asimismo, Choque resaltó que esta situación retrasa los pedidos de trabajo de limpieza de petróleo en el territorio de las comunidades nativas: San Pedro de Urarinas, Nueva Esperanza y Nueva Alianza.
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