Avanza País presenta propuesta para privatizar Petroperú

La iniciativa fue planteada por el congresista Alejandro Cavero (Avanza País), quien señala que la empresa transita por una “recurrente mala gestión” y “pérdidas de eficiencia corporativa”

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Edificio de la empresa estatal Petroperú. Foto: Andina
Edificio de la empresa estatal Petroperú. Foto: Andina

El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) presentó el martes un proyecto de ley para facultar la privatización de Petroperú, que se encuentra en crisis desde los últimos años, “y fortalecer su gobernanza corporativa”. La iniciativa plantea autorizar “la venta o a la emisión de acciones para que sean colocadas en el mercado de valores y puedan ser adquiridas por personas naturales o jurídicas”, según el texto.

Si el Estado se mantuviera como accionista mayoritario, la sociedad quedará organizada como una empresa pública con accionariado privado. “En este sentido, Petroperú tendría las herramientas normativas para dejar de ser una empresa 100% estatal y convertirse en una empresa de capital mixto”, de modo que “las capacidades técnicas, exigencias de eficiencia y buen manejo corporativo del sector privado podría contribuir a mejorar el deficiente manejo que ha tenido la empresa hasta el momento”, sigue el documento.

La resolución legislativa también propone la eventual creación de la una comisión técnica revisora para que ejecute “un diagnóstico sobre la actual gobernanza corporativa y el bienestar financiero de la empresa”. Posteriormente, elaboraría un informe final con “recomendaciones puntuales “para mejorar la eficiencia de la empresa y potenciar la atracción de capital privado.

El grupo se instalaría en dos meses luego de promulgada la norma y estaría compuesta por siete miembros, incluidos representantes de las carteras de Economía y Energía y Minas, así como de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, del Colegio de Ingenieros, de ProInversión, y de universidades licenciadas.

Proyecto de ley de Alejandro Cavero
Proyecto de ley de Alejandro Cavero

“Con respecto a las evidentes carencias de Petroperú y a su recurrente mala gestión, es imperativo que el Estado reconozca que las pérdidas de eficiencia corporativa se han mantenido intrínsecas” y “urgente realizar un diagnóstico exhaustivo para poder corregir el mal manejo financiero y la falta de objetivos claros a largo plazo que tiene la empresa”, remarca el oficio.

Petroperú había pedido al Ministerio de Energía y Minas un soporte financiero para mitigar los riesgos de un eventual desabastecimiento de combustibles por un valor de 5.570 millones de soles en total. Sin embargo, el premier Alberto Otárola anunció el último domingo que el Gobierno no entregaría esos fondos porque los destinaría a la atención del fenómeno climático de El Niño Global.

El Ejecutivo, de igual modo, decidió licitar los tres lotes petroleros que iba a entregar a la firma estatal, luego del reclamo de varios grupos empresariales, que alegaron que la medida contravenía la ley al no someter el proceso a concurso público.

“Ante el pedido de transparencia, ante los reclamos de los sectores que hemos visto todos estos días en los medios de prensa, nosotros como Gobierno somos abiertos a la inversión”, declaró el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, quien en la víspera se libró de la censura.

Óscar Vera, ministro de Energía y Minas, retrocedió y dijo que los lotes de Talara ya no serían entregados directamente a Petroperú. Foto: Minem
Óscar Vera, ministro de Energía y Minas, retrocedió y dijo que los lotes de Talara ya no serían entregados directamente a Petroperú. Foto: Minem

Remarcó a continuación que los tres lotes petroleros de Talara, I, VI y Z-69, seguirán a cargo de la compañía estatal, mientras se desarrolla un proceso de licitación internacional. Vera se había librado de la moción en su contra con 52 votos a favor, 51 en contra y 13 abstenciones, en un debate en el pleno que estuvo protagonizado por críticas al modelo de gestión de Petroperú.

La iniciativa fue archivada al no llegar a los más de 65 votos necesarios y, entre los argumentos para una eventual destitución, figuraron las reuniones que supuestamente este mantuvo con el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), las cuales, según el texto, ponían “en tela de juicio” su idoneidad y probidad.

Asimismo, fue acusado de omitir en su declaración jurada tres sanciones administrativas y disciplinarias entre 2017 y 2020, cuando trabajaba en la firma pública. Solo Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso y Perú Libre apostaron porque el funcionario continúe en el puesto.

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