Con 81 votos a favor, el pleno del Congreso aprobó este miércoles delegar al Ejecutivo facultades legislativas para enfrentar la inseguridad ciudadana y la criminalidad, así como la gestión del riesgo de desastres, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos.
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El pedido, elevado por la presidenta Dina Boluarte en su mensaje a la Nación de julio pasado, obtuvo luz verde en primera votación. De las 50 iniciativas presentadas por el Gobierno, 33 están “directamente encaminadas a reducir al máximo las amenazas de la delincuencia”.
Aunque la mandataria solicitó que las facultades se extiendan por 120 días, el texto sustitutorio aprobado por el Parlamento solo autoriza a que sean 90. “[Después de eso, el Ejecutivo] deberá rendir cuentas de lo hecho, ¡A ponerse a trabajar!”, escribió en su plataforma de X, antes Twitter, el diputado Alejandro Cavero (Avanza País), uno de los que respaldó la iniciativa.
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La Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Martha Moyano, había respaldado el predictamen la semana pasada, con lo cual fue derivado al pleno, que ratificó su aprobación por mayoría, pese a que en un momento del debate el proyecto entró a cuarto intermedio.
El aval del pleno llega un día después de que el Gobierno decretara Estado de Emergencia por 60 días en los distritos limeños de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho; así como Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa, en Piura.
En cuanto a seguridad ciudadana, delincuencia y crimen organizado, el Ejecutivo legislará para reforzar la capacitación y entrenamiento al serenazgo municipal, “optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional y el Ministerio Público”, “actualizar el marco normativo [...] incorporando delitos aduaneros, delitos relacionados con la pesca ilegal y delitos contra los derechos intelectuales” y “establecer un marco normativo para promover el deshacinamiento penitenciario”.
También, para modificar el Código Penal “sin criminalizar las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, así como el derecho de reunirse pacíficamente sin armas u otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución”, con lo cual frena un requerimiento anterior que pretendía “sancionar a los instigadores del delito de disturbio [...] utilizando medios de comunicación masivos”, una acción considerada “letal” por la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).
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De igual modo, contempla un acápite sobre la “lucha contra la corrupción y capacidad operativa” de la institución policial, que se vio implicada en un escándalo de ascensos irregulares denunciado durante la administración de Pedro Castillo, ante lo cual delega facultades para “la aplicación oportuna y eficaz de sanciones al personal policial”.
En materia migratoria, en tanto, el texto sustitutorio habitó al Gobierno a “introducir la tipificación de reingresos clandestinos o sin controles migratorios” y “ampliar el plazo para la plena identificación del extranjero hasta por doce horas”.
En otro ámbito, facultó al Ejecutivo para que modifique la ley “que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica” y la norma marco de prestación de servicios de saneamiento. Sin embargo, no consideró el pedido para legislar en la penalización de actividades vinculadas a la minería artesanal e informal.
Desde Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Boluarte dijo por la mañana que estaba a la espera de esta respuesta del Legislativo. Entonces, señaló que la declaratoria de emergencia fue una decisión “bien pensada” después de que una discoteca en San Juan de Lurigancho fuera atacada con un artefacto explosivo, en una acción que dejó diez personas heridas.
“La inseguridad no es algo nuevo. Esto ha ido creciendo por la desidia de algunas autoridades [...] Recién estamos empezando. Nos daremos cuenta de los resultados, no necesariamente a los 90 días, sino a los 40 o 30″, dijo.
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