La fiscal general, Patricia Benavides, viajó a Brasil para participar en una reunión con el procurador general del Ministerio Público del país vecino y otros fiscales del Mercado Común del Sur (Mercosur), un bloque económico integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Según una resolución difundida este sábado en el diario oficial El Peruano, Benavides quedó autorizada para salir del país del 16 al 18 de agosto, en medio de la decisión de un juez de la Corte Suprema de Brasil de anular las pruebas utilizadas en el proceso por lavado de activos que enfrenta el expresidente Ollanta Humala dentro de la trama Odebrecht.
El evento se desarrolló el último jueves en Salvador de Bahía, con reuniones preparatorias previas. Esta misma semana, el magistrado José Dias Toffoli declaró fundado un recurso presentado por la defensa del exmandatario, investigado en esa causa por la supuesta “práctica de delitos de blanqueo de capitales agravados” a partir de comisiones ilícitas recibidas para “la financiación de las campañas electorales de 2006 y 2011″, en las que fue candidato a la Presidencia.
Según la denuncia, la financiación de la campaña de 2011 incluyó “valores de origen ilícito” pagados por la constructora vía “caja B” a partir de “diferentes actos de corrupción”.
Para el caso de Humala, el juez aplicó el mismo argumento: las pruebas obtenidas en el marco de un acuerdo de colaboración con Odebrecht están “contaminadas” y “no pueden ser utilizadas”, según determinó la Segunda Sala del Supremo anteriormente.
Pese a este fallo, el Equipo Especial del caso Lava Jato no adquirió las pruebas contra Humala a través de las autoridades brasileñas, sino por sus pares de Suiza. De esta manera, todo el material recabado lo seguirán plenamente vigentes.
El viaje de Benavides a Brasil ocurre en medio de una demanda competencial presentada ante el Tribunal Constitucional (TC) en la que solicita la nulidad de dos investigaciones que enfrenta en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La JNJ ha replicado que esta demanda “busca limitar la competencia disciplinaria para que no pueda investigar infracciones producidas en el marco de actos de gestión o administración interna, como nombramientos, remociones de personal u otras análogas”.
“Muchos de los ilegales intercambios de favores de los que el país ha sido espectador a partir de la develación en 2018 de graves inconductas de algunos magistrados, no habrían sido investigados y sancionados por la JNJ, bajo una interpretación como la que se pretende en la demanda, al estar referidos, precisamente, a designaciones de magistrados provisionales y movimientos de personal, que afectaron gravemente el interés público y la dignidad de la magistratura”, continuó.
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