La Marcha del Orgullo 2023, la más concurrida en dos décadas, movilizó a unos 50 mil asistentes el fin de semana pasado, pese a la imprevisión policial para desviar el tránsito y la negativa del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para que la movilización concluya en la plaza San Martín.
Jorge Apolaya, uno de los promotores, declaró que la edición de este año “superó las expectativas y marcó un hito en la historia de la lucha por los derechos LGBTQ” gracias a la presencia de “activistas, organizaciones civiles, empresas comprometidas y personas aliadas de distintas regiones”.
Apolaya mencionó que, durante el recorrido, los efectivos abrieron el paso arbitrario de autos particulares y buses de transporte, sin prever que podría afectar a los asistentes. El excongresista Alberto de Belaúnde lo había denunciado en sus plataformas sociales el mismo día del evento.
“La policía está partiendo la Marcha del Orgullo, poniendo en peligro a los participantes, y rodeándolos de buses y carros”, tuiteó el exlegislador.
“Desde el colectivo Marcha del Orgullo mostramos nuestra preocupación frente a la no previsión por parte de la Policía y la Municipalidad para que la marcha pueda contar con un plan de desvíos, pese a que contábamos con una resolución otorgada por la Gerencia de Movilidad Urbana”, señaló Apolaya a la prensa.
Lamentó que la comuna haya avalado la intervención policial, pese a que sabía de “los cruces, intersecciones y garantías para el recorrido”; e invocó tener “mayor planificación” para el 2024, “ya que año a año la afluencia a la marcha crece”.
La dilación ya era vista como un rechazo anticipado, aunque la organización insistió hasta el final, según conoció Infobae Perú. Detrás de la burocracia para replicar la solicitud estaba también el conservadurismo de López Aliaga, un político contrario al feminismo y al enfoque de género.
La plaza San Martín se encuentra en una zona intangible para manifestaciones que pongan en “riesgo la seguridad y la salud pública” en el Centro Histórico, según una declaratoria de la Municipalidad elevada en febrero pasado, uno de los meses álgidos de las protestas antigubernamentales.
La medida, impulsada por el burgomaestre, generó críticas por parte de organizaciones que la consideran una afrenta al derecho a la reunión protegido por la Constitución.
Recientemente, la gestión de López Aliaga envió una carta notarial a Rolando Salazar, director del festival de cine LGBT OutfestPerú 2023, para exigir el retiro de la imagen de Santa Rosa de Lima con los colores de la diversidad.
La misiva fue cursada por Clara Moscoso, gerenta de Movilidad Urbana, quien declaró su “profunda indignación y preocupación [...] por el uso distorsionado de la imagen religiosa” que aparece en el afiche de este evento cultural y reivindicativo.
Renovación Popular, la bancada que dirige, expresó de igual modo “su absoluto rechazo e indignación” y cuestionó que el evento haya recurrido a “la religiosidad” para “crear escándalo y lastimar la tradición religiosa”.
El propio director del festival, Rolando Salazar, señaló en El Comercio que “las religiones no son exclusivas para los heterosexuales”. Además, la figura de Santa Rosa no está patentada, “así que no creo que se cambie”, adelantó.
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