El viaje de seis congresistas a China con todos los gastos pagados por una empresa privada, significaría una falta a la ética parlamentaria y podrían ser sancionados, además de enfrentar una investigación fiscal.
Los congresistas de Acción Popular Karol Paredes, Silvia Monteza, Ilich López, Jorge Flores Ancachi, así como Kelly Portalatino (Perú Libre) y Elizabeth Medina (Bloque Magisterial), viajaron a Shangai para participar en un evento de tecnología móvil. Ellos no tendrán la obligación de rendir cuentas sobre las actividades que realizaron en esa ciudad ante el Parlamento.
Estos seis parlamentarios dejaron sus funciones para tomar un avión y viajar a China, país en el que permacerían desde el 28 al 30 de junio. Los legisladores recibieron la invitación de Digital Policy & Law Group (DPL Group), una empresa mexicana que tiene diversas unidades de negocio y marcas vinculadas al mundo de la tecnología.
Según los lineamientos del Congreso, la Mesa Directiva solo atiende invitaciones a eventos de instituciones gubernamentales reconocidas internacionalmente y de organismos de los que el Congreso de la República es miembro activo.
Al respecto, la primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano, afirmó a El Comercio que ellos no evalúan ni aprueban invitaciones de viajes pagados y que “solo se pronuncian cuando estos son solventados con dinero público”. “Pueden hacer sus viajes por invitaciones. Si incurren en un tema ético, acá hay sanciones”, dijo.
Sobre la autorización de viajes internacionales, éstos son concedidos por la segunda vicepresidencia, a cargo de la congresista Silvia Monteza, quien coincidentemente formó parte de la comitiva que se fue a China.
Están prohibidos de recibir donaciones
Para los especialistas en temas parlamentarios, el viaje a China con todos los gastos pagados constituiría un caso de dádivas o donaciones y que el reglamento del Congreso los prohibe en la función parlamentaria.
De acuerdo a Alejandro Rospigliosi, los gastos que son financiados por empresas son dádivas y que los congresistas debieron declinar la invitación. Refirió que el Código de Ética, en su artículo 7 y 12, prohibe que los congresistas reciban donaciones personales.
Precisó que si se comprueba que la empresa DPL Group obtuvo algún beneficio en Perú, gracias a la intervención de estos congresistas, “el caso ya tendría una connotación penal y tendría que ser investigado”.
Para el exoficial mayor del Congreso de la República, José Cevasco, si bien no existe de manera expresa una ley que les prohíba recibir esa dádiva, puede generar un conflicto de intereses y consideró que la Comisión de Ética debería sentar una postura frente a este hecho.
En entrevista con Canal N, la congresista Karol Paredes, quien preside la Comisión de Ética, defendió el viaje que realizó con gastos pagados por la compañía. La parlamentaria resaltó que su viaje no generó ningún gasto al Congreso y que no debe ser considerado como una dádiva. “Para mí no es una dádiva. En todo caso que lo diga el oficial mayor o la Comisión de Constitución. (...) Ahora yo también entiendo que invitación con donación son sinónimos”, añadió.
Habrían incurrido en delitos penales
En el ámbito penal, los seis congresistas podrían ser investigados por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de cohecho (infracción contra la gestión pública) y soborno.
Andy Carrión, abogado penalista, indicó que el funcionario público que recibe una dádiva se enmarca en el delito de cohecho pasivo y en el caso de los ‘parlamentarios viajeros’ habrían también contravenido normas éticas preventivas, “pues los funcionarios públicos no deben aceptar dádivas, regalos o prebendas”.
El letrado explicó que el solo hecho de ser congresistas y que sean los encargados de emitir normas o leyes, debe obligarlos a resguardar una conducta transparente y ética, pero que si se trasgrede la función con actos ‘fuera de la ética’, podría la Fiscalía de la Nación iniciar una investigación.
Para el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, el financiamiento del viaje de los congresistas por DPL Group podría tratarse también como un caso de ‘soborno’, ya que “podría influenciar las decisiones que tomen los congresistas respecto a intereses que puedan beneficiar a la empresa”.
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