
El último 25 de marzo la Fiscalía allanó la casa del congresista José Arriola al formar parte de las investigaciones del Ministerio Público por el caso ‘Los Niños’. Durante las diligencias las autoridades encontraron 71.950 dólares y 33.570 soles que fueron incautados; sin embargo, el llamado ‘padre de la patria’ pide ahora la devolución de su dinero. Este recalca que se trató de una entrega voluntaria.
El congresista de Acción Popular y el investigado por el presunto delito de recorte de dinero a sus trabajadores ha presentado una solicitud a las autoridades para que se disponga el retorno del dinero a sus manos. El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checley, atenderá su pedido en una audiencia programada para el jueves 25 de mayo a las diez de la mañana.
Los primeros informes tras el allanamiento de su casa daban cuenta de que los miles de dólares y soles incautados se encontraron bajo el colchón de una de las habitaciones. El hecho provocó el rechazo de miembros de su bancada como María del Carmen Alva, quien señaló que Acción Popular “es un partido con 66 años de historia, con 250 mil militantes. Claro que nos afecta y molesta”.

José Arriola es uno de los congresistas señalados por presuntamente haber recortado el sueldo de los trabajadores de su despacho calificando la entrega como “donaciones”. El hecho fue descubierto gracias a los documentos incautados durante el allanamiento de su casa. Estos serían declaraciones juradas en la que sus colaboradores aseguran de forma voluntaria y libre, sin coerción, donar parte de sus sueldos con fines de “apoyo social”.
En su defensa, el representante de Acción Popular indicó que los miembros de su despacho no dan dinero, sino víveres que compran de manera voluntaria para apoyar a familiar necesitadas de Ate. “Todos los trabajadores que vienen en mi equipo, desde el 99 que trabajo en Ate, están imbuidos de sentimiento social. Cuando hago labor social digo que es la colaboración mía y de los trabajadores”, recalcó.
Luego de la difusión de la denuncia, el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, señaló que “lo que estamos viendo es una degradación total del Congreso de la República y, lamentablemente, en esta oportunidad, (un hecho) expresado a través de un congresista de la bancada de mi partido y, dicho sea de paso, de la militancia en pleno”, indicó para deslindar y repudiar las acciones de su correligionario.

Mocha sueldos
La Comisión de Ética aprobó el proceso de investigación preliminar contra Rosío Torres, de Alianza Para el Progreso (APP) y las congresistas no agrupadas Katy Ugarte y María Cordero Jon Tay por el presunto recorte de sueldo a sus trabajadores parlamentarios. Las denominadas ‘Mocha sueldos’ podrían ser sancionadas hasta por 120 días.
En el grupo de trabajo fue debatido los informes de calificación de los casos de tres congresistas que fueron denunciadas de recortar el suelo de sus empleados. La primera denuncia que se debatió fue la de Rosio Torres. La congresista fue acusada de obligar a cinco trabajadores a depositar parte de sus sueldos a su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra.
Según Cecilia Salazar, empleada de su despacho, le transfirió más de S/ 24 mil a su familiar. Sin embargo, luego de haberse descubierto esta acusación, el programa Punto Final reveló que Torres eliminó una conversación de WhatsApp con su sobrino. Dicho momento fue grabado por las cámaras de Latina.
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