Caso “Mocha sueldos”: cuatro congresistas podrían salvarse de denuncia constitucional

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) verá hoy el caso de Rosío Torres, Magaly Ruiz y María Acuña de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) y Katy Ugarte, legisladora no agrupada, por el presunto recorte de sueldos a sus trabajadores. Sin embargo, estas denuncias podrían ser archivadas si un congresista no presenta formalmente una denuncia constitucional en contra de las parlamentarias.

La sesión de la SAC está programada para este viernes a las 11:30 a.m. Las denuncias que revisará fueron presentadas por el ciudadano José Luis Briones Trujillo. No obstante, se requiere de un parlamentario que haga suya esta acusación para que la denuncia constitucional inicie su trámite en la Subcomisión.

Hoy la presidenta de este grupo de trabajo, Lady Camones, dará cuenta de estas acusaciones y se establecerá un plazo de 10 días para que un legislador presente formalmente la denuncia ante el Congreso y el proceso siga su curso en la SAC. Hasta el cierre de esta nota ningún miembro de la representación nacional se ha mostrado dispuesto a hacer suya esta demanda.

María Cordero Jon Tay, de Fuerza Popular, y Heidy Juárez, de Podemos Perú, son dos congresistas acusadas de recortar irregularmente el sueldo a sus trabajadores. En el caso de la primera de ellas, se denuncia fue interpuesta por su compañera de bancada, Martha Moyano, y fue admitida a trámite por la SAC.

Juárez Calle atraviesa una situación similar. La denuncia en su contra fue presentada por el ciudadano José Benel Alvarado Rojas, pero la expresidenta del Congreso, Maria del Carmen Alva, hizo suya esta denuncia. La Subcomisión también la aprobó a trámite.

A las legisladoras se les acusa de la presunta infracción de los artículos 1; 23; 38; y 39 de la Constitución.

El programa Cuarto Poder informó que el congresista José Arriola habría solicitado a los trabajadores de su despacho un monto de su sueldo para la entrega de “donaciones”. El domicilio del legislador fue allanado semanas atrás por el caso “Los Niños”, allíse encontraron documentos que revelarían la lamentable situación que atravesaban sus trabajadores parlamentarios.

De acuerdo al medio, Arriola tenía declaraciones juradas donde sus empleados afirman de forma voluntaria y libre donar una parte de sus sueldos con fines de “apoyo social”. Al respecto, el accionpopulista precisó que este aporte no está dirigido hacia él ni se da en efectivo, sino que se compran víveres para ayudar a población vulnerable en el distrito de Ate.

“Todos los trabajadores que vienen en mi equipo desde el 99 que trabajo en Ate están imbuidos de sentimiento social [...] Cuando hago labor social, qué digo yo, que es la colaboración mía y de los trabajadores que trabajan en mi despacho”, señaló al programa periodístico.

Durante el allanamiento de su inmueble, las autoridades encontraron 71 mil 950 dólares u S/ 33 mil 570 en efectivo. El legislador aseguró que esto era parte de su sueldo como parlamentario y correspondía a lo recaudado desde diciembre del 2022 hasta marzo de 2023.

Además, enfatizó que “no acostumbra” a guardar su dinero en el banco y explicó que esto se debe a que años antes sufrió un “robo” cuando salía de una entidad bancaria, por lo que dejó de utilizar las entidades bancarias como una opción viable para sus ingresos económicos.

Franco Valenzuela Abanto es uno de los empleados del parlamentario. El funcionario público firmó la declaración jurada para destinar un porcentaje de su salario a personas necesitadas. Él fue contratado como técnico en el despacho de Arriola y gana S/ 5 mil 297, pero entregó más de mil soles de “donación”.