El 75% de la población quiere el desafuero y la cárcel para las congresistas ‘mocha sueldos’

Durante las últimas semanas se ha destapado que varias congresistas de la República le quitaban una parte de sus sueldos a sus trabajadores. Las protagonistas de esta cuestionable actitud han sido María Cordero (Fuerza Popular), Katy Ugarte (no agrupada-Perú Libre), Rosío Torres, María Acuña y Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso), y Heidy Juárez (Podemos Perú-APP).

Al respecto, la empresa Ipsos Perú elaboró un estudio para el diario Perú 21 para conocer la opinión de la población. Cerca del 75% de sus encuestados es de la idea de que las parlamentarias mencionadas deberían ser desaforadas de sus curules y que se dicte prisión contra ellas porque cometieron un delito que, en este caso, sería el de concusión.

En el desglose de esta cifra, el 80% de Lima Metropolitana rechaza la práctica de las congresistas Cordero, Ugarte, Torres, Acuña, Ruíz y Juárez. En tanto, el 73% del interior del país tiene similar postura frente a este escándalo.

Por su parte, el 19% considera que solo deben ser desaforadas o expulsadas del Legislativo. En tanto, el 3% menciona que deberían recibir una suspensión y continuar en sus escaños. Finalmente, el 3% no cuenta con una opinión formada del último cuestionamiento del Parlamento que no hace más que perjudicar la deteriorada imagen de este poder del Estado ante la opinión pública.

Los casos

El último caso que se dio fue con la congresista María Acuña, de Alianza por el Progreso, que fue denunciada al presionar a sus trabajadores a que se reduzcan el sueldo, de acuerdo a un informe difundido por el programa Beto a saber.

“Jesús Casas me dijo: ‘la doctora Mari Acuña Peralta me ha dicho que yo de mi sueldo te voy a pagar’. Le digo: ‘Jesús, ¿cómo?’. Me ha dicho calladito, no le estés diciendo o sino yo le voy a dar a ella para que te siga depositando”, denunció Carlos Herrera, quien fue hasta inicios de este año encargado de la oficina descentralizada de la legisladora apepista.

Herrera añadió que la parlamentaria Acuña pretendía compartir sueldo de sus trabajadores. “Una ilegal técnica del 2x1, dos trabajadores por el sueldo de uno”, se indicó en el informe.

Días atrás se había conocido que la fujimorista María Cordero Jon Tay se quedaba con el 75% del salario para el pago de diversas actividades como los medicamentos que mejoren la salud del expresidente Alberto Fujimori y deudas pendientes.

“¡No, vamos al cajero! Es que yo no sé tus pagos, o sea, no tiene nada que ver, esa plata es intocable. Se te dijo de un comienzo. Braden también te lo ha dicho”, manifiesta la integrante de la bancada de Fuerza Popular.

Su excolaborador no había aceptado que se continúe con la reducción de su pago, por lo que pocas veces le contestaba a la parlamentaria, por lo que esta se enojaba y le alzaba la voz en varias oportunidades por no realizar el depósito a tiempo.

La práctica de Cordero Jon Tay también se repitió con otros casos.

La congresista Heidy Juárez (Podemos) fue acusada de recortar los sueldos a sus trabajadores mediante su asesor Miguel Chafloque. Los trabajadores de su oficina señalaron que entregaban cantidades de S/200, S/300 y hasta S/1000 del dinero de sus sueldos.

“Chicos, ¿ya está?, ¿cómo vamos?, ¿ya están los aportes? Pasando por caja, ah, decía Chafloque. Eso era de todos los meses, cada vez que nos pagaban”, contó uno de los exempleados de Juárez al semanario. Sin embargo, un nuevo cuestionamiento se supo ayer.

El programa Punto Final informó que la integrante de la bancada Podemos Perú habría retenido parte de la remuneración de uno de sus empleados para pagar el salario de su primo hermano.

La legisladora Magaly Ruiz (APP) fue acusada de haber recortado el sueldo a sus trabajadores por intermedio de uno de sus asesores de confianza, según Punto Final.

Carlos Marina Puscan denunció que Jhonny Romero Nima les pedía el aporte con la finalidad de ayudar a las personas más vulnerables. No obstante, luego se habría dado cuenta de que esta suma de dinero llegarían a manos de la parlamentaria.

Ruiz lo negó y decidió despedir a su asesor, pero la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar. Por su parte, APP decidió retirarla de la Comisión de Ética y la legisladora pidió licencia en su partido.

La parlamentaria Rosío Torres también se vio involucrada en estas aportaciones que eran transferidas a su sobrino.

Al menos cinco extrabajadores y trabajadores lo realizaban, aunque algunos dicen no saber el motivo y prefieren que la consulta sea directa para Juan Daniel Pérez Guerra. Ante el interrogatorio a la parlamentaria, ella desconoció los hechos sin imaginar que estaba siendo grabada de otros ángulos.

Rosío Torres ingresó un poco nerviosa al hemiciclo y en su equipo móvil digitó el nombre de su sobrino. Inmediatamente, borró todo tipo de conversación y revelaba que tenía a un “enemigo” dentro de su equipo.

Según el programa Cuarto Poder, empleados del despacho de la congresista Katy Ugarte destinaban una parte de sus salarios para armar bolsas de dinero que llegaban a los S/ 2 000. Esto se hacía realidad, mediante depósitos y en efectivo, de manera obligatoria. Toda la operación se hacía para distribuirlo a los medios de comunicación de Cusco, donde iban favorecer la imagen de la congresista.

En todos los casos mencionados, la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya investigan a las parlamentarias. Lo mismo hace la Fiscalía de la Nación.