CIDH presentará informe sobre las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en abril

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará su informe final sobre las protestas sociales que se dieron entre diciembre del 2022 y enero contra el Gobierno de Dina Boluarte a fines de abril. Así lo dijo Gustavo Adrianzén, representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en diálogo con TV Perú Noticias.

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En esa línea, Adrianzén recordó que una delegación de la CIDH llegó a inicios de este año para recabar información sobre cuál había sido la respuesta del Estado peruano frente a la ola de manifestaciones que, principalmente, se desataron en el sur del país.

“El Estado peruano y la Comisión Interamericana se encuentran en un diálogo muy fructífero que va a permitir que a fines de abril la comisión evacúe el informe que contendrán algunas recomendaciones que serán presentadas”, enfatizó Adrianzén. Sin embargo, el representante peruano ante la OEA no desaprovechó la oportunidad para cuestionar al comisionado Hernández.

En un reportaje publicado por el medio estadounidense The New York Times, el comisionado indicó que hubo un mal uso de la fuerza policial en el Perú durante la ola de protestas contra la presidenta Boluarte y el Parlamento. Por ello, el embajador Adrianzén consideró que esta afirmación resultó inoportuna porque la delegación de la CIDH aún se encontraba en el país.

“Estas afirmaciones resultan, a entender del Estado peruano, inoportunas por lo menos y que quiebran el deber de reserva que nos debemos las partes. Una reserva a la que estamos obligados tanto la Comisión y sus comisionados como el Estado peruano hasta que se dé a conocer el informe final”, anotó.

“El Gobierno del Perú ha actuado con absoluta transparencia, hemos respetado todas las reglas del procedimiento y lo único que exigimos de la contraparte (CIDH) es que se respeten. Reconocemos el trabajo, el apoyo y la coordinación que venimos realizando con la Comisión Interamericana, lo apreciamos de manera significativa. Esperamos seguir trabajando de manera conjunta y que este diálogo fructífero se enriquezca aún más”, agregó Adrianzén.

Visita de la CIDH

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó el 11 de enero pasado. Liderada por el primer vicepresidente de la CIDH y relator para el Perú, Stuardo Ralón, e integrada por el comisionado Joel Hernández, acompañados de la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo, cooperación técnica y capacitación, María Claudia Pulido, y el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca.

Todos se trasladaron por Lima, Ica, Arequipa, Juliaca, Ayacucho y Cusco para recoger los descargos de miembros del Poder Ejecutivo y también de los familiares de las víctimas de las protestas sociales. De igual manera hablaron con representantes de la sociedad civil. Fueron cerca de 60 entrevistas en su estadía en el país.

Así, la delegación de la CIDH brindó una conferencia de prensa el 14 de enero para informar sus conclusiones parciales.

“El Estado tiene el deber de realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas en un tiempo razonable por parte de las fiscalías especializadas y la de derechos humanos; y sancionar a los responsables”, dijo Ralón cuando explicó que recibieron denuncias en Ayacucho, Cusco y Juliaca sobre el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.

Además, el comisionado agregó que la investigación debe tener un enfoque étnico-racial y determinar las responsabilidades por cadena de mando y quiénes hicieron los disparos. Acotó que no debe existir un muerto más y, por el contrario, exigió que se establezca una mesa de diálogo entre el Ejecutivo y los manifestaciones para evitar más conflictos.

“Vemos una situación complicada. Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar en los próximos días. Esperamos que no haya un muerto más”, refirió Ralón. Indicó que la Fiscalía debería evaluar si la presidenta Dina Boluarte tiene responsabilidad. Actualmente, la Fiscalía de la Nación la investiga a ella, el premier Alberto Otárola y otros ministros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.