
Las provincias centrales de Panamá afrontan pérdidas que podrían escalar hasta los USD 2.000 millones tras el terremoto del 9 de octubre, según el modelo económico elaborado por académicos de la Universidad de Panamá.
El dinero que el Gobierno destinó para la emergencia, unos USD 100 millones, no llegará como donación, sino como una fuente de crédito.
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Así lo advirtió Reyes Arturo Valverde Batista, director del Centro de Investigación de la Facultad de Economía (Cife) de la Universidad de Panamá, consultado por el semanario La Universidad.
El economista explicó que las provincias mayormente afectadas por el sismo, Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, aportan en conjunto el 7.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Esa proporción, aclaró, no alcanza para desestabilizar las cuentas del país. Sin embargo, sostuvo que la recaudación fiscal proveniente de esa región sí se verá resentida en el corto plazo.

El déficit calculado por Valverde Batista se explica por la destrucción de viviendas, carreteras y caminos de producción, además del daño a la actividad avícola y pecuaria de la zona.
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El académico remarcó ante el semanario que ese combo de factores es el que empuja la cifra de pérdidas hacia los USD 2.000 millones.
A esa fragilidad estructural, dijo, se suma la debilidad financiera de los propios productores.
El 18% de la producción regional depende directamente de los subsidios que otorga la administración pública, un dato que, de acuerdo con el docente, evidencia la falta de autonomía financiera del sector para competir y expandirse por cuenta propia en el mercado.
Entre las cuatro provincias golpeadas, asegura que Coclé es la única que reúne las condiciones necesarias para recuperarse en el mediano plazo.

El director del Cife reafirmó ante la publicación que esa provincia está mejor preparada que sus vecinas para sobreponerse al golpe económico.
La diferencia se explica, en parte, por el nivel de dependencia estatal de cada territorio. La provincia de Los Santos presenta una dependencia económica del 31% respecto de los subsidios del Estado, mientras que en Coclé esa cifra es de apenas 21%, según los datos del economista.
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El peso fiscal real del país, remarcó Valverde Batista, se concentra fuera de la zona afectada. Las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí sostienen el grueso del aporte financiero al Estado, lo que confirma la brecha económica entre la capital y el interior.
Los USD 100 millones que el Ejecutivo destinó para enfrentar la crisis en las provincias centrales constituyen, según el especialista de la Universidad de Panamá, una estrategia de corto plazo.
Insistió en que la recuperación no puede limitarse a la reconstrucción de viviendas, pues también exige inversión para que los trabajadores vuelvan a producir.
Víctor Hugo Herrera Ballestero, profesor de la Facultad de Economía de la misma universidad, manifestó por su parte que falta información sobre el destino concreto de esos recursos.
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Si el objetivo es reactivar la economía, planteó, las autoridades deben elaborar antes un balance detallado de las viviendas afectadas y de la estructura productiva dañada.
El terremoto golpeó, según Herrera Ballestero, áreas que ya eran vulnerables desde el punto de vista económico y social. Afirmó que el evento puso en evidencia un problema de pobreza estructural preexistente en la región, que podría agudizarse si las autoridades no toman medidas adecuadas.
Los programas de asistencia social resultan necesarios para cubrir las necesidades básicas de la población afectada, reconoció el docente. No obstante, remarcó que los recursos destinados a impulsar a las provincias deben invertirse con eficiencia en los sectores prioritarios, de modo que la región recupere su capacidad de generar capital social.
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Las actividades del sector agropecuario, cuyos principales rubros en la zona son el grano, la leche y la carne, se recuperan con lentitud porque dependen del clima y del estado de la infraestructura que sostiene la cadena de abastecimiento.
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