Director del Sistema Penitenciario de Panamá renuncia y cuestiona papel de la Policía dentro de los pabellones carcelarios

El Ministerio de Gobierno informó que Fabián Camargo fue designado como nuevo director general del Sistema Penitenciario (a.i), asumiendo la responsabilidad de dar continuidad a la gestión y al trabajo que desarrolla esta institución.

La designación de Camargo se produce tras la renuncia presentada por Chanan Singh, quien deja el cargo por motivos personales, según se dijo.

Singh había sido nombrado en julio de este año, y su renuncia fue aceptada por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

Para algunos sectores la salida de Singh condensa en pocos meses una secuencia de alta inestabilidad institucional de la administración carcelaria del país.

La misma está marcada por una fuga masiva de reclusos en La Joyita, cuestionamientos sobre el rol de la Policía Nacional dentro de las prisiones, debates legales en torno a las leyes y el anuncio presidencial de avanzar hacia “modelos duros” de gestión penitenciaria.

Según la narrativa oficial la salida de Singh se da por “motivos personales”, pero las propias declaraciones del exdirector, en las que subraya que “no puede reorganizar las cárceles” mientras unidades policiales permanezcan dentro de los pabellones, permiten leer esta transición como el desenlace de una disputa más profunda sobre el modelo institucional de control y administración de las prisiones.

“Yo no voy a participar en ningún tipo de situación que se de dentro del sistema carcelario”, sentenció el hoy exdirector.

Al situar los cambios en el contexto de la histórica fuga de 195 privados de libertad de La Joyita, registrada el 1 de junio de 2026, que ya había precipitado la renuncia de su antecesor Jorge Torregroza, y de decisiones controvertidas como la reactivación del centro penitenciario insular de Isla Coiba para recluir reos de alta peligrosidad, se revela un sistema sometido a fuertes tensiones políticas, operativas y normativas, con implicaciones directas para la seguridad ciudadana y los derechos de las personas privadas de libertad.

La fuga masiva se dio en el centro carcelario La Joyita, ubicado en las afueras de Ciudad de Panamá, que concentra varios miles de reclusos y ha sido escenario previo de episodios de violencia extrema, como la masacre de diciembre de 2019 que dejó 13 internos muertos y 11 heridos, lo que ya la situaba en el centro del debate sobre seguridad carcelaria.

La fuga de junio se produjo en un contexto descrito por las autoridades como “confuso”, durante el traslado de reos de “alto perfil” hacia otro penal en la provincia de Chiriquí, y derivó no solo en la evasión masiva sino también en un saldo de tres privados de libertad muertos y nueve heridos, entre ellos tres custodios.

La magnitud de la evasión obligó al despliegue de un operativo de gran escala que involucró aproximadamente 1.200 agentes de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio de Protección Institucional (SPI), evidenciando el nivel de alarma del Ejecutivo frente a la amenaza que representaba la presencia en libertad de casi dos centenares de reclusos, algunos procesados por delitos graves como homicidio y narcotráfico.

En los días y semanas posteriores, el Gobierno informó que había logrado recapturar a 178 de los 195 evadidos, manteniendo la búsqueda de 17 restantes, quienes, según explicaron tanto el presidente José Raúl Mulino como otras autoridades.

Los evadidos, de acuerdo a lo que en su momento se informó, no serían jefes de bandas criminales de alto perfil, pero sí sujetos considerados de alta peligrosidad por la Policía Nacional.

La respuesta estatal incluyó no solo operativos de persecución y captura, sino también la apertura de investigaciones administrativas contra custodios y funcionarios responsables de la seguridad operativa en La Joyita, así como la presentación de denuncias penales ante la Procuraduría General de la Nación.

Paralelamente, el Ministerio Público procesó masivamente a más de 150 reclusos recapturados por su participación en la fuga, y los tribunales empezaron a imponer condenas adicionales de entre cuatro y 44 meses de prisión.