Después de varios meses de mensajes de cooperación, acercamiento diplomático y reconocimiento mutuo, Panamá y Estados Unidos vuelven a expresar posiciones encontradas sobre el control del Canal de Panamá.
El nuevo episodio surgió tras las declaraciones del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, quien aseguró que Washington y Panamá controlan conjuntamente la vía interoceánica, una afirmación rechazada por el Gobierno panameño.
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La controversia comenzó cuando Hegseth declaró el martes 10 de noviembre que Panamá había apartado los esfuerzos de China sobre el Canal y que Estados Unidos compartía ahora su control. “Panamá hizo a un lado los esfuerzos de China y ahora, junto con ellos, controlamos el Canal”, manifestó el funcionario, quien también reivindicó la influencia estadounidense en el hemisferio occidental.
La respuesta llegó este miércoles por parte del canciller Javier Martínez-Acha, quien rechazó cualquier interpretación que atribuya a Washington facultades de administración sobre la infraestructura.
El ministro sostuvo que la soberanía corresponde exclusivamente a Panamá y que la Autoridad del Canal de Panamá es la institución responsable de operar y administrar la ruta marítima.
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“El Canal es de los panameños y seguirá siendo de los panameños exclusivamente”, afirmó Martínez-Acha, al explicar que los acuerdos bilaterales de seguridad no implican compartir el control de las instalaciones.
El canciller señaló que la cooperación busca combatir el narcotráfico, enfrentar el crimen organizado y proteger infraestructuras estratégicas mediante mecanismos de colaboración internacional.
El ministro recordó que Panamá mantiene acuerdos similares con Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Colombia y España, por lo que la cooperación estadounidense no constituye una excepción.
También aseguró que la reacción del Gobierno será serena y diplomática, pero con determinación jurídica, y descartó entrar en una confrontación retórica con funcionarios extranjeros.
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El nuevo desacuerdo revive una controversia que marcó el inicio del segundo mandato de Donald Trump, cuando el presidente estadounidense y varios integrantes de su círculo cercano afirmaron reiteradamente que China ejercía influencia sobre el Canal.
Washington llegó a cuestionar la presencia de empresas vinculadas a intereses chinos en puertos cercanos, aunque esas operaciones no equivalen a administrar la vía.
Durante los primeros meses de 2025, Trump sostuvo que Estados Unidos debía recuperar el control del Canal de Panamá, argumentando preocupaciones de seguridad y cuestionamientos sobre la influencia de Pekín.
El presidente José Raúl Mulino rechazó esas declaraciones y defendió la soberanía panameña sobre la infraestructura transferida por Estados Unidos al finalizar 1999.
Con el transcurso de los meses, el discurso sobre un supuesto control chino perdió protagonismo público, mientras ambos gobiernos destacaban avances en cooperación y seguridad.
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Las relaciones continuaron desarrollándose mediante contactos diplomáticos y acuerdos de colaboración, aunque las diferencias sobre la presencia de China en la región permanecieron como un asunto sensible para Washington.
Las declaraciones de Hegseth vuelven a colocar la rivalidad entre Estados Unidos y China en el centro del debate, precisamente cuando Panamá intenta mantener relaciones comerciales con ambas potencias.
Martínez-Acha afirmó que el Gobierno de Mulino no desea involucrarse en esas disputas geopolíticas y reiteró que las decisiones sobre el Canal corresponden exclusivamente al Estado panameño.
El pronunciamiento también ocurre en un momento de presión política para Hegseth en Washington, después de que el congresista republicano Thomas Massie presentara ocho artículos de acusación relacionados con su gestión militar, particularmente la guerra con Irán.
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Sin embargo, la Cámara de Representantes votó el 10 de noviembre, por 211 votos contra 204, para remitir la iniciativa a la Comisión Judicial, frenando su avance inmediato.
El marco jurídico del Canal establece que su administración corresponde a la Autoridad del Canal de Panamá, entidad autónoma creada bajo la Constitución panameña.
El Tratado de Neutralidad garantiza que la ruta permanezca abierta al tránsito de embarcaciones de distintas naciones, tanto en tiempos de paz como de guerra, pero no otorga a Estados Unidos facultades de administración conjunta.
En el plano diplomático, Panamá ha intensificado las gestiones para ampliar las adhesiones internacionales al Protocolo de Neutralidad. La Cancillería había informado de 41 Estados adheridos hasta agosto de 2026, cifra que alcanza al menos 42 con la incorporación formal de Singapur, registrada ante la Organización de los Estados Americanos el 5 de noviembre.
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Entre los respaldos anunciados durante 2026 figuran Austria, Bélgica, Portugal y Suiza, países incluidos en el balance divulgado por la Cancillería.
Suiza depositó formalmente su instrumento de adhesión el 21 de julio, mientras Singapur se convirtió en la incorporación formal más reciente registrada por la OEA, reforzando el respaldo internacional al régimen de neutralidad.
El protocolo forma parte de los acuerdos Torrijos-Carter firmados el 7 de septiembre de 1977 y permite que otros Estados se comprometan a respetar la neutralidad permanente de la vía. Su finalidad es garantizar condiciones de tránsito abiertas y no discriminatorias, sin modificar la responsabilidad exclusiva de Panamá sobre la administración del Canal.
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El nuevo intercambio evidencia que, pese a los acercamientos recientes, el control del Canal continúa siendo un punto de fricción bilateral, especialmente cuando Washington vuelve a relacionarlo con su competencia estratégica frente a China.
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