El Gobierno de Panamá aprobó exonerar el pago de tasas y otras contribuciones administrativas relacionadas con las obras de reparación, reforzamiento, rehabilitación y reconstrucción de infraestructuras afectadas por el terremoto del 9 de octubre.
La decisión busca reducir los costos y facilitar los trámites necesarios para recuperar viviendas, edificios públicos, carreteras y otras instalaciones dañadas por el movimiento sísmico de magnitud 7,5.
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La medida fue adoptada por el Consejo de Gabinete mediante la Resolución No. 132-26, como complemento al estado de emergencia nacional. La instrucción está dirigida al Cuerpo de Bomberos, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), los ministerios de Ambiente y Salud, así como a otras entidades competentes, para que apliquen las exoneraciones correspondientes dentro de sus procedimientos administrativos.
Estas disposiciones permitirán que las intervenciones directamente relacionadas con el desastre puedan tramitarse sin determinados cobros institucionales, dependiendo de las competencias de cada entidad.
El objetivo es agilizar la recuperación de inmuebles e instalaciones esenciales, aunque la exoneración no significa que el Estado asumirá automáticamente los costos de reconstrucción ni que quedarán eliminados todos los impuestos aplicables a los materiales.
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La decisión se produce mientras las autoridades continúan identificando daños en viviendas e infraestructuras de distintas provincias. Según el balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), hasta la noche del 13 de octubre se habían evaluado más de 3.667 familias, equivalentes a 11.527 personas afectadas, entre ellas 42 mujeres embarazadas y 452 personas con discapacidad.
El informe oficial establece que 3.390 viviendas presentan afectaciones, de las cuales 727 registran pérdida total en Herrera y Los Santos. Esta última provincia concentra 1.613 residencias dañadas y seis lesionados, mientras Coclé contabiliza 1.052 inmuebles afectados y 17 heridos. En Veraguas se reportan 614 viviendas perjudicadas y dificultades en los servicios básicos, particularmente en comunidades apartadas.
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La infraestructura educativa también enfrenta consecuencias importantes. El Ministerio de Educación mantiene 619 centros escolares oficiales bajo evaluación, mientras el balance preliminar identifica 35 planteles completamente colapsados, principalmente en las provincias centrales.
Las autoridades prevén una reanudación progresiva de las clases, condicionada a las inspecciones de seguridad y a las condiciones estructurales de los edificios.
En el sector sanitario, las inspecciones incluyen hospitales y otras instalaciones de atención médica, donde se busca determinar las condiciones de seguridad para pacientes y trabajadores.
En Colón se reportaron daños parciales en tres hospitales, mientras equipos técnicos continúan revisando edificaciones públicas. Las iglesias y otros inmuebles comunitarios también forman parte de las estructuras afectadas que requieren evaluaciones antes de su rehabilitación.
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Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) identificó 20 puentes que requieren rehabilitación, siete en Los Santos y 13 en Veraguas. En los pasos sobre los ríos Oria y Agua Buena se ejecutan trabajos para permitir la circulación de vehículos de hasta 10 toneladas.
La institución también reporta 12 puntos viales afectados en Herrera y cinco de mayor magnitud en Veraguas y Los Santos.
Entre las carreteras intervenidas figuran Atalaya-Mariato-Quebro-Flores, Las Tablas-Tonosí, Macaracas-Tonosí y Tonosí-Cambutal, donde se realizaron labores de despeje. En el tramo Tonosí-Búcaro permanecen habilitados desvíos mientras avanzan las reparaciones. En Herrera, la maquinaria trabaja en sectores de Los Pozos, Las Minas y Ocú, afectados por derrumbes y deslizamientos.
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El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que los equipos mantienen operaciones para recuperar la conectividad terrestre, especialmente en comunidades que quedaron incomunicadas.
En Veraguas continúan las inspecciones en Torio y las intervenciones en Soná, mientras Coclé dispone de maquinaria pesada para atender sectores vulnerables. La prioridad es restablecer el tránsito y facilitar el ingreso de ayuda humanitaria.
Mientras avanzan estas labores, más de 2.841 personas permanecen acogidas en 33 albergues temporales, según Sinaproc. Las operaciones humanitarias han movilizado más de 121.220 libras de suministros por vía aérea y 331 toneladas de agua potable. pANAM
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El Gobierno mantiene la evaluación de daños y la recuperación de servicios esenciales como parte de las acciones derivadas de la declaratoria de emergencia.
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