El Consejo de Gabinete autorizó dos contratos que pretenden impactar la conectividad digital del país y la supervisión de las pensiones de los servidores públicos.
Uno habilita la instalación de un cable submarino de fibra óptica que unirá a Panamá con República Dominicana y Chile, mientras que el otro financia un nuevo esquema de asesoría para blindar el sistema de ahorro jubilatorio estatal.
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La sociedad Trans Ocean Submarine Cable, Corp. recibió luz verde para operar durante 20 años el sistema Trans Ocean One. El proyecto contempla una ramificación de 16 pares de fibra óptica.
El sistema Trans Ocean One permitirá instalar, operar y mantener durante dos décadas una red de fibra óptica que conectará a Panamá con República Dominicana y Chile, y busca reforzar el tránsito de telecomunicaciones que atraviesa Centroamérica hacia el resto del mundo.
El documento oficial destaca que el contrato aporta un ordenamiento jurídico estable para la operación de los servicios de telecomunicaciones. Esa previsibilidad, según el texto, permitirá al concesionario ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones de manera adecuada.
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Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en representación de la Nación, quedó autorizado a suscribir el contrato de concesión administrativa mediante el proyecto de Resolución 129-26.
A través de ese proyecto de resolución se detalla la gestión ante las autoridades competentes de la solicitud de los informes periciales de avalúos, los cuales en promedio fijaron el valor total de la concesión por la suma mensual de $5,101.55, dando como resultado un canon de arrendamiento anual de $61,218.60, y un canon de arrendamiento durante la vigencia del presente contrato de concesión de $1,224,372.00
El segundo proyecto aprobado por el gabinete, identificado como Decreto 15-26, autorizó un acuerdo de servicios de asesoría reembolsable para el programa Panamá SIACAP. Participan el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Consejo de Administración del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
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El acuerdo destinará hasta $300.000 a la preparación e implementación del modelo de Supervisión Basada en Riesgos (SBR) dentro del SIACAP. Se trata del segundo contrato de este tipo que firma el organismo con el BIRF.
Entre los objetivos del convenio figura definir el ciclo de supervisión más adecuado para el sistema de pensiones estatal. También incluye el desarrollo de herramientas pendientes para una SBR efectiva, entre ellas sistemas de alertas tempranas y un mecanismo de monitoreo de las inversiones.
El plan contempla además un marco de inversiones óptimo, con métricas de riesgo y garantía mínima de rendimiento. Se sumarán la creación de un departamento de riesgos propio y la definición de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para sostenerlo.
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El acuerdo prevé la elaboración de un plan de capacitación para que los funcionarios del SIACAP apliquen el ciclo completo de supervisión basada en riesgos. También incorpora un manual de intervenciones escalonadas para los operadores del sistema.
Esa previsión incluye un diseño de contingencia ante eventuales rescisiones de contratos con los operadores, tanto la Entidad Receptora de Pagos (ERP) como las Entidades Administradoras de Inversión (EAI). El objetivo es que el sistema de pensiones no quede expuesto si alguno de esos vínculos contractuales se interrumpe.
Este segundo acuerdo se apoya en un antecedente directo. En 2025, el MEF había suscrito el primer contrato de asesoría reembolsable para evaluar las actividades necesarias en la implementación integral del modelo de supervisión basada en riesgos.
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Esa primera iniciativa obtuvo opinión favorable mediante la nota CENA/119, del 5 de junio de 2025. Luego fue autorizada por el Decreto de Gabinete No. 25, del 17 de junio de 2025, y refrendada el 7 de agosto de ese año.
El documento oficial precisa que ese primer acuerdo, denominado RAS I, cumplió con los objetivos propuestos. Ese resultado habilitó el paso a una segunda etapa, orientada a culminar el desarrollo de los elementos finales de la supervisión basada en riesgos, lo que motivó la presentación del nuevo contrato ante el Consejo de Gabinete.
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