El Gobierno de Panamá solicitará a la Asamblea Nacional una dispensa fiscal para suspender temporalmente los límites financieros establecidos en la legislación panameña, como parte de las medidas extraordinarias adoptadas tras el terremoto de magnitud 7,5 registrado el viernes 9 de octubre.
La decisión está contemplada en la declaratoria de emergencia nacional, que también autoriza hasta $100 millones para atender los daños ocasionados por el movimiento sísmico.
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La disposición aparece en el artículo 6 de la Resolución de Gabinete del 10 de octubre de 2026, publicada en la Gaceta Oficial, y faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a gestionar la suspensión de los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Una dispensa fiscal es un mecanismo excepcional que permite al Gobierno apartarse temporalmente de los límites de déficit establecidos por ley, generalmente ante situaciones extraordinarias como desastres naturales.
En términos prácticos, otorga mayor flexibilidad para realizar gastos que superen los ingresos del Estado, sin incumplir las restricciones habituales, siempre que la excepción sea aprobada conforme a los procedimientos legales.
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Para 2026, Panamá tiene establecido un límite de déficit fiscal equivalente al 3,5% del producto interno bruto (PIB), según la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, modificada en 2024. Este porcentaje representa el máximo permitido para el Sector Público No Financiero.
Si la Asamblea Nacional aprueba la dispensa solicitada por el Gobierno, ese techo podría elevarse temporalmente para cubrir los gastos extraordinarios derivados del terremoto, aunque todavía no se ha definido hasta qué porcentaje.
Aunque el ministro Felipe Chapman participó en la conferencia donde se anunciaron las medidas, no hizo referencia directa a la solicitud de dispensa fiscal.
La solicitud se fundamentará en el artículo 11 de la Ley 34 de 2008, que contempla excepciones ante situaciones extraordinarias, como desastres naturales y emergencias nacionales.
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La legislación permite flexibilizar temporalmente las restricciones fiscales bajo determinadas condiciones, pero la suspensión deberá recibir la aprobación de la Asamblea Nacional antes de entrar en vigor.
El alcance de la dispensa dependerá de los límites y condiciones que el Ejecutivo presente ante los diputados, debido a que la resolución no establece un nuevo techo de déficit fiscal.
La medida permitiría al Gobierno contar con mayor margen para atender las necesidades derivadas del terremoto, aunque no supone la eliminación permanente de las reglas de responsabilidad fiscal ni determina por sí misma cuánto dinero adicional podrá utilizarse.
Otra de las decisiones adoptadas es la autorización de hasta $100 millones para contrataciones especiales destinadas a atender la emergencia. Estos recursos podrán utilizarse para adquirir bienes, contratar servicios y ejecutar obras necesarias para restablecer la infraestructura afectada.
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Las contrataciones podrán realizarse hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque el Consejo de Gabinete podrá modificar el monto autorizado y su vigencia.
La resolución también establece procedimientos excepcionales para agilizar las adquisiciones y contrataciones de las instituciones públicas, sin necesidad de obtener determinadas autorizaciones previas.
Cada entidad deberá justificar los precios y las necesidades correspondientes, mientras los pagos se canalizarán mediante un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá, sujeto a los controles y mecanismos de rendición de cuentas establecidos.
Durante la conferencia de prensa, Chapman aseguró que Panamá dispone de los recursos necesarios para enfrentar los daños y atender las necesidades inmediatas de la población.
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Sin embargo, reconoció que todavía no existe una estimación definitiva de las pérdidas, debido a que las instituciones continúan levantando información sobre viviendas, hospitales, escuelas, carreteras y otras infraestructuras afectadas por el terremoto.
El ministro explicó que cada institución deberá documentar sus necesidades y presentar las solicitudes de recursos al Ministerio de Economía y Finanzas, donde serán evaluadas antes de autorizar los desembolsos correspondientes.
Chapman sostuvo que el proceso se desarrollará bajo criterios de rigurosidad y disciplina, mientras las autoridades determinan el costo de la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.
En materia de financiamiento internacional, Chapman destacó la posibilidad de acceder a donaciones y préstamos en condiciones financieras favorables, con costos inferiores a los disponibles en circunstancias ordinarias.
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Aclaró que estos créditos no necesariamente serán utilizados y que su contratación dependerá de las necesidades identificadas. El funcionario mencionó el respaldo del BID, CAF, Banco Mundial, FMI y BCIE, además de otros organismos y gobiernos.
Entre los primeros apoyos anunciados, CAF ofreció una donación de $250,000 y una línea de financiamiento por $50 millones para contribuir a la atención de la emergencia y la recuperación. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció hasta $300 millones en financiamiento contingente, además de $500,000 en cooperación no reembolsable para asistencia técnica y evaluación de los daños.
En conjunto, los anuncios de ambas instituciones representan hasta $350 millones en opciones de financiamiento y $750,000 en recursos no reembolsables. Estas cantidades no equivalen a desembolsos ejecutados ni a nuevas obligaciones de deuda ya contratadas.
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El Gobierno deberá definir cuánto financiamiento utilizará realmente, una vez que las instituciones completen sus evaluaciones y determinen las necesidades presupuestarias.a
La declaratoria de emergencia nacional también contempla la atención prioritaria de las comunidades afectadas y la recuperación de los servicios esenciales, especialmente en las provincias centrales.
Mientras avanzan las inspecciones y la distribución de asistencia humanitaria, el impacto económico del terremoto continúa sin una cuantificación definitiva, situación que determinará el alcance de las medidas fiscales y financieras que adopte el Ejecutivo.
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