El reclamo de los jubilados y pensionados volvió al pleno legislativo con pedidos para reactivar iniciativas que amplían descuentos, fortalecen beneficios económicos y buscan que determinados certificados sean aceptados por empresas e instituciones públicas.
Organizaciones de retirados solicitaron a los diputados que retomen el debate de una propuesta que modifica la Ley 6 de 1987.
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La norma contempla beneficios, exoneraciones y descuentos obligatorios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.
En septiembre, el presidente José Raúl Mulino vetó y devolvió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley 226 de 2025.
La iniciativa modificaba y añadía artículos a la Ley 6 de 1987.
El mandatario sostuvo que la propuesta tenía un objetivo social legítimo, aunque consideró que algunas de sus disposiciones contravenían la legislación y la Constitución Nacional.
“Sus disposiciones vulneran lo establecido en la legislación y en la Constitución Nacional”, indicó Mulino en una carta dirigida a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas.
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El jefe de Estado señaló en su momento que la revisión identificó cuestionamientos sobre la conveniencia de la propuesta y sobre su compatibilidad con el marco constitucional.
La medida vetada planteaba descuentos del 50% de lunes a jueves y del 40% los viernes, sábados y domingos. Las rebajas debían aplicarse a las tarifas regulares y promocionales de hospedaje.
La Asociación de Jubilados había reclamado la sanción de esa ley. El sector empresarial y los microempresarios rechazaron el proyecto porque advirtieron sobre el efecto que tendría en sus actividades.
Ahora, la nueva iniciativa deberá ser examinada por el pleno de la Asamblea Nacional. Sus disposiciones incluyen rebajas vinculadas con medicamentos, atención médica, artículos para la movilidad, servicios básicos, gastos fúnebres e internet.
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Los dirigentes expresaron confianza en que la discusión avance después de los alcances con representantes de los sectores comercial y privado. También instaron a los parlamentarios a responder a las necesidades de quienes viven con menores recursos.
El dirigente Gilberto Cortez sostuvo que los diputados tienen una nueva oportunidad para legislar en favor de los sectores con menores ingresos. El dirigente afirmó que la discusión debe priorizar a las personas de la tercera edad.
Cuestionó la falta de solidaridad de los comerciantes con la población retirada. Para las asociaciones, el avance de estas iniciativas representaría una respuesta a demandas económicas que mantienen desde hace años.
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Las agrupaciones también pidieron seguimiento para el programa creado por la Ley 438 de 2024, denominado “Programa de beneficios permanentes para los jubilados y pensionados del régimen de invalidez, vejez y muerte y de riesgos profesionales de la Caja de Seguro Social”.
El plan está dirigido a jubilados y pensionados del régimen de invalidez, vejez y muerte y de riesgos profesionales de la Caja de Seguro Social (CSS). Su finalidad es otorgar un apoyo financiero anual a los beneficiarios.
El financiamiento del programa proviene de la industria de bebidas alcohólicas. La ley establece que esos recursos sostienen el pago de las bonificaciones previstas para la población retirada.
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El artículo 6 dispone que el Órgano Ejecutivo revise los montos de los beneficios cada dos años. La norma permite ajustes e incrementos de acuerdo con las condiciones económicas del país.
Si la recaudación del impuesto selectivo supera los fondos requeridos para cubrir las bonificaciones, el excedente deberá acumularse. Esa reserva también será revisada con la misma periodicidad y podría derivar en un aumento de los pagos.
Los movimientos de jubilados consideran que ese mecanismo debe mantenerse bajo vigilancia legislativa. Su planteamiento busca que los beneficios conserven su utilidad frente a los cambios en la economía.
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