La reforma a la Ley 6 que analiza la Asamblea Nacional plantea que las distribuidoras eléctricas podrían perder sus concesiones si no cumplen los estándares de calidad.
El proyecto también busca extender el suministro a cerca de 58 mil familias que todavía viven sin acceso a la red.
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El secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J., y la administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, expusieron los alcances de la iniciativa durante un programa televisivo.
La modificación propone que las empresas enfrenten consecuencias económicas cuando el servicio presente deficiencias.
“Tiene que llegarle a la empresa una señal económica”, afirmó el secretario nacional de Energía.
Rodrigo Rodríguez J. sostuvo que, sin sanciones con efectos concretos, las distribuidoras continúan cobrando la tarifa completa mientras los usuarios esperan durante años una solución para sus reclamos.
El proyecto incorpora cinco causales para cancelar los contratos de concesión de las distribuidoras. Todas están relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones de calidad y expansión del servicio eléctrico.
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Zelmar Rodríguez explicó que entre esas causales figuran el incumplimiento de los indicadores establecidos, las metas de electrificación rural y las inversiones que las compañías deben ejecutar con base en el ingreso máximo permitido.
“La ley se tiene que cumplir, esté quien esté”, sostuvo la administradora general de la ASEP durante la entrevista.
La iniciativa también eleva a rango de ley la figura del interventor.
Esa herramienta permitiría una actuación formal de las autoridades ante problemas que comprometan la prestación del servicio.
El texto contempla, además, que las distribuidoras deberán acatar primero las decisiones de la ASEP antes de recurrir a los tribunales.
La medida apunta a reducir las demoras en procesos que pueden extenderse por años.
Dos de los asuntos incluidos son las compensaciones por daños a aparatos eléctricos causados por fluctuaciones de voltaje y los créditos derivados de sanciones que deben aparecer reflejados en la factura del cliente.
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La reforma busca que las decisiones regulatorias tengan aplicación inmediata en esos casos, sin que una apelación judicial suspenda de hecho la respuesta para los usuarios afectados.
También busca atender a los hogares que permanecen fuera de las áreas de concesión eléctrica.
Según explicó Rodríguez J., casi el 5% de las viviendas del país no tiene servicio porque se ubica en lugares que las empresas consideran poco rentables.
La reforma a la Ley 6 obligaría a las distribuidoras a extender el suministro hacia unas 58 mil familias sin electricidad, incluso en comunidades rurales o de acceso complejo.
La Oficina de Electrificación Rural y la Secretaría Nacional de Energía identificarán esas zonas, mientras la ASEP trasladará la obligación a las compañías.
El secretario señaló que las dificultades geográficas y los costos han dejado fuera a numerosas poblaciones.
“A nadie le interesa hacer una línea o una microrred a 30 kilómetros”, dijo al describir la situación de áreas selváticas o alejadas.
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Rodríguez J. comparó esa realidad con los niveles de cobertura de Costa Rica y Nicaragua, que se acercan al 100%.
Para el funcionario, la responsabilidad debe recaer en las empresas que ya cuentan con la capacidad técnica para distribuir electricidad.
El secretario nacional de Energía rechazó que la creación de comercializadores independientes sea una vía para abaratar el servicio. A su juicio, esa alternativa podría concentrar los beneficios en los clientes de mayor consumo.
Rodríguez J. advirtió que cerca del 90% de los usuarios son residenciales. Bajo ese esquema, los nuevos actores buscarían captar a los grandes clientes, mientras la mayoría de los hogares no recibiría una mejora equivalente.
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El funcionario definió ese posible resultado como un “descreme” del mercado eléctrico.
La preocupación radica en que las distribuidoras quedarían con los usuarios de menor consumo y con menos margen para sostener el servicio.
Como referencia, citó a El Salvador, el único país de Centroamérica que cuenta con comercializadores para clientes finales.
Según sostuvo, ese modelo no ha permitido que el país tenga una tarifa inferior a la de Panamá.
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