Panamá registra más de 3,300 denuncias por estafas y fraudes en el primer semestre de 2026

Las denuncias por estafas y otros fraudes continúan en aumento en Panamá. Entre enero y junio de 2026, el Ministerio Público registró tres mil trescientas noventa y cinco denuncias criminales relacionadas con estos delitos, lo que representa un incremento del 15% respecto a las 2,947 contabilizadas durante el mismo período de 2025.

La tendencia se produce mientras las autoridades desarticularon una presunta organización criminal dedicada a la venta fraudulenta de terrenos utilizando documentos falsificados.

Las estadísticas muestran que el delito de estafa concentra prácticamente la totalidad de las investigaciones. Solo esta modalidad acumuló tres mil ciento sesenta denuncias en el primer semestre del año, equivalente a más del 93% del total de los casos registrados.

En comparación con el año pasado, las denuncias por este delito aumentaron un 12%, al pasar de 2,814 a 3,160 expedientes.

El informe también revela un fuerte incremento en la modificación o manipulación de programas informáticos, que pasó de cuarenta a ciento cuarenta y nueve casos, un crecimiento del 273%, convirtiéndose en el delito con mayor aumento porcentual durante el período analizado.

En contraste, las estafas agravadas disminuyeron de setenta a 64 denuncias, mientras que otros delitos, como el fraude en servicios públicos y el cobro indebido de seguros, mantuvieron una incidencia mucho menor.

De acuerdo con las cifras oficiales, la provincia de Panamá concentró la mayor cantidad de investigaciones con 1,972 casos, seguida por Panamá Oeste, con 452, y Chiriquí, con 287.

Entre las jurisdicciones con mayores incrementos destacan Los Santos, con un aumento del cuarenta y nueve por ciento, y Panamá Oeste, donde las denuncias crecieron un 37% frente al mismo semestre de 2025.

Aunque ambos conceptos suelen utilizarse como sinónimos, desde el punto de vista jurídico no siempre significan lo mismo.

La estafa consiste en engañar deliberadamente a una persona para que entregue dinero, bienes o derechos creyendo que realiza una transacción legítima. El elemento central es el engaño previo que induce a la víctima a actuar voluntariamente en perjuicio de su patrimonio.

El término fraude, por su parte, engloba un conjunto más amplio de conductas ilícitas que buscan obtener un beneficio económico mediante manipulación, falsificación o abuso de confianza. Dentro de esta categoría se encuentran modalidades específicas como el fraude informático, el fraude en servicios públicos, el fraude hipotecario o la utilización de documentación falsa para aparentar legalidad en una operación.

Capturan red por venta ilegal de terrenos

Precisamente este último esquema fue el que motivó una de las investigaciones más recientes de la Procuraduría General de la Nación.

Mediante la Operación Huellas, la Sección Quinta de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, desarticuló un grupo criminal presuntamente dedicado a cometer estafas agravadas relacionadas con la venta fraudulenta de terrenos y propiedades.

Como resultado del operativo fueron aprehendidas ocho personas durante diligencias realizadas en los distritos de Panamá y San Miguelito, donde además fueron ubicados diversos indicios vinculados con la investigación.

Según la Fiscalía, las pesquisas comenzaron en marzo de 2025 y permitieron establecer que el grupo utilizaba una red social para ofrecer terrenos y propiedades con supuestos derechos posesorios. Para dar apariencia de legalidad a las transacciones, presuntamente utilizaban documentos falsificados atribuidos a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI).

Las autoridades estiman que las operaciones investigadas ocasionaron un perjuicio económico aproximado de 177,685 dólares a las víctimas.

La Procuraduría General de la Nación indicó que continuará ejerciendo la acción penal contra los responsables de estos hechos, al tiempo que reiteró su compromiso de desarrollar las investigaciones respetando las garantías constitucionales y el debido proceso.

La combinación del incremento sostenido en las denuncias por estafas, el crecimiento acelerado de los fraudes informáticos y casos como el detectado en la Operación Huellas reflejan la diversificación de los mecanismos utilizados por organizaciones criminales para apropiarse del patrimonio de las personas, lo que mantiene bajo presión a las autoridades encargadas de perseguir este tipo de delitos.