En Guatemala, dos iniciativas legislativas buscan ampliar el plazo para pagar el impuesto de circulación de vehículos en 2026, con propuestas que lo extienden hasta noviembre o hasta el 31 de diciembre, en un intento por aliviar el impacto del alza de combustibles y del costo de vida sobre los contribuyentes antes del vencimiento ordinario del 31 de julio.
De acuerdo con los ponentes, el tema debería formar parte del debate que tendrán en la sesión extraordinaria del 28 de julio previo a que venza el plazo.
El debate llega cuando todavía hay 2,979,618 vehículos pendientes de pago, equivalentes al 44% del parque vehicular, según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria al 19 de julio de 2026. A esa fecha, 3,780,318 vehículos ya habían cumplido con el tributo, lo que representa el 56% del total.
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La SAT también reportó una recaudación de Q. 927,29 millones frente a una meta anual de Q. 1.495,13 millones para el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos de 2026.
El parque vehicular registrado asciende a 6,759,936 unidades: 2,864,993 particulares, 3,464,081 motocicletas y 430,862 comerciales.
Una propuesta fija la prórroga hasta noviembre y otra hasta el 31 de diciembre
El diputado Byron Rodríguez, del bloque Todos, presentó una iniciativa para crear una ley temporal que amplíe el plazo de pago hasta el último día hábil de noviembre de este año. El legislador sostuvo que la prórroga busca apoyar la economía de la población afectada por factores como el alza de los combustibles.
Rodríguez afirmó que la medida permitiría a los contribuyentes administrar mejor sus ingresos y cumplir con su carga tributaria, al tiempo que reduciría la morosidad y fortalecería la recaudación. También subrayó: “Esta medida no constituye una exoneración o modificación a la carga tributaria establecida, legislada y vigente”.
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En paralelo, diputados del bloque Vamos, encabezados por el jefe de bancada Allan Rodríguez, presentaron ante la Dirección Legislativa otra iniciativa para reformar temporalmente la Ley del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, Decreto 70-94. Esa propuesta fija la ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de este año.
Los ponentes de ese proyecto coincidieron en que la reforma responde a la necesidad de dar alivio económico a las familias guatemaltecas ante el aumento constante de la canasta básica y de los combustibles.
El punto central de esta segunda propuesta es directo: si el Congreso la aprueba a tiempo, los propietarios de vehículos tendrían más meses para pagar el impuesto de circulación y evitarían las sanciones previstas por el atraso.
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La legislación vigente establece que quien no pague dentro del plazo debe cancelar una multa equivalente al 100% del impuesto omitido.
La reforma de Vamos incluye perdón temporal de multas, recargos e intereses
A diferencia de la propuesta del bloque Todos, la iniciativa promovida por Vamos también plantea exonerar temporalmente multas, recargos e intereses a los contribuyentes que no hayan pagado dentro del período establecido. Los diputados que impulsan ese texto señalaron que la reforma debería entrar en vigor antes del 31 de julio para que el beneficio pueda aplicarse de manera oportuna.
Byron Rodríguez añadió otro argumento para justificar la prórroga: el deterioro de la infraestructura vial del país. Según su planteamiento, el mal estado de las carreteras obliga a muchos guatemaltecos a asumir gastos adicionales en reparaciones de sus vehículos.
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El legislador también cuestionó la ejecución del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que situó en 22%. Desde su perspectiva, ese nivel de ejecución contrasta con el costo adicional que enfrentan los usuarios por el estado de la red vial.
Rodríguez indicó además que la bancada Todos respaldará la aprobación de reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles, Decreto 15-98. También sostuvo que los arbitrios municipales aprobados por el Congreso de la República deben destinarse a fines de limpieza, modernización y reconstrucción en beneficio de los municipios.
Ambas iniciativas deberán ser conocidas por el pleno del Congreso para continuar con el trámite legislativo correspondiente.
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