El secretario general de la OEA acusa al régimen de Nicaragua de haber abandonado la democracia

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, declaró que el régimen nicaragüense “ha abandonado la democracia”, en respuesta al anuncio del presidente Daniel Ortega de suprimir las elecciones en el país.

Ramdin señaló que esta decisión representa la negación definitiva del derecho soberano del pueblo a elegir a su gobierno, calificando la eliminación de los comicios como la confirmación de una deriva autoritaria que, según denunció, venía gestándose desde hace tiempo.

En un pronunciamiento difundido a través de sus redes oficiales, Ramdin subrayó que la desaparición de las elecciones libres, justas y periódicas no se trata de una opción política sino de una ruptura con un elemento esencial de la democracia representativa.

Agregó que la erosión de la democracia en cualquier país de las Américas nunca es exclusivamente un asunto doméstico, y advirtió que los ataques a las instituciones democráticas a nivel nacional generan consecuencias regionales, socavan la gobernanza y amenazan la estabilidad y los valores del hemisferio.

“El régimen nicaragüense ha hecho ahora explícito lo que sus acciones habían demostrado desde hace tiempo: ha abandonado la democracia, incluso la apariencia de ella. Eliminar las elecciones es la negación definitiva del derecho soberano del pueblo a elegir a su gobierno. Las elecciones libres, justas y periódicas no son opcionales; son un elemento esencial de la democracia representativa”, afirmó Ramdin a través de su cuenta oficial de X.

El secretario de la OEA también sostuvo que los derechos democráticos del pueblo nicaragüense “siguen siendo inalienables” y ratificó el compromiso de la Secretaría General de continuar defendiéndolos ante la comunidad internacional.

Ramdin finalizó su pronunciamiento asegurando que el organismo continuará denunciando y enfrentando los intentos de socavar la democracia en el continente.

El contexto de estas declaraciones se produce luego de que Daniel Ortega, presidente de Nicaragua desde 2007, anunciara que el país no celebrará más elecciones. Ortega justificó la decisión argumentando que los procesos electorales han sido fuente de “desestabilización” y acusó a la oposición de buscar un cambio de gobierno por medio de la presión internacional.

El mandatario afirmó que la vía electoral ha quedado clausurada y que su mandato culminará el próximo año sin la organización de nuevos comicios, consolidando el control del poder junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

La decisión de Ortega fue recibida con rechazo por parte de organizaciones opositoras en el exilio, que acusaron al gobierno de cerrar la última vía democrática y de institucionalizar un régimen de facto.

En un comunicado, representantes de la oposición señalaron que la cancelación de las elecciones constituye un golpe definitivo a las aspiraciones de cambio por la vía pacífica y reiteraron el llamado a la comunidad internacional a aumentar la presión diplomática y sancionatoria sobre el régimen nicaragüense.

El anuncio presidencial profundizó la crisis política y alimentó la preocupación de actores internacionales sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Diversos gobiernos y organismos multilaterales advirtieron que la supresión de los comicios elimina cualquier posibilidad de transición ordenada y agrava el aislamiento del país.

Entre estos organismos se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que este 21 de julio se sumó a las voces que manifiestan su repudio a las declaraciones de Daniel Ortega, sobre el anuncio que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones”.

“Estas manifestaciones, realizadas el 19 de julio, son incompatibles con los principios de la democracia representativa y confirman la consolidación de un régimen autoritario, caracterizado por la supresión de garantías y libertades en el país”, publicó la CIDH en su cuenta de Facebook.

En su pronunciamiento, este organismo señala que Nicaragua “tiene la obligación de restablecer la democracia, asegurando el pluralismo político, los derechos políticos y la celebración de elecciones libres, periódicas y auténticas”.

La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, mientras la OEA reiteró su respaldo a los principios democráticos y llamó a salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses.