Crece la lista de imputados en Panamá por el desvío de $40 millones del sistema fiscal

El abogado José Miguel Jurado Rovira, quien se entregó voluntariamente después de ser requerido por las autoridades, quedó bajo detención provisional por su presunta participación en la red que habría manipulado el sistema E-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI) para apropiarse y comercializar créditos fiscales.

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Meylin Jaén, imputó al abogado de 56 años por la presunta comisión de los delitos de corrupción de servidores públicos, blanqueo de capitales, falsificación de documentos privados y delincuencia organizada.

Durante la audiencia celebrada en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, la juzgadora consideró que existían riesgos de desatención del proceso y afectación de los medios de prueba. También tomó en cuenta la naturaleza de los hechos y la cantidad de delitos atribuidos por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada.

Previamente, el tribunal legalizó la aprehensión de Jurado y dio por presentada la formulación de cargos realizada por el fiscal Dagoberto Alvarado. La defensa estuvo a cargo del abogado Víctor Harding, mientras que Jorge Gutiérrez y Diva Pinzón participaron como representantes de la querella presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Jurado se había entregado un día antes de la audiencia. El abogado figura como representante legal de Servicios de Asesoría y Administración Jurado e Inmobiliaria Riverside, dos sociedades mencionadas dentro de la investigación sobre la supuesta red que operó en la DGI.

De acuerdo con lo planteado por la Fiscalía, ambas compañías habrían servido como intermediarias en la cesión de por lo menos $23 millones en créditos fiscales. Esos recursos habrían sido desviados previamente mediante modificaciones irregulares realizadas por funcionarios con acceso al sistema tributario.

Al menos 17 personas procesadas

Con la comparecencia de Jurado, al menos 17 personas han sido imputadas dentro de esta fase de la Operación Pandora, según el recuento de las audiencias informadas por el Órgano Judicial.

En la primera audiencia, que se extendió durante tres días y concluyó el sábado 11 de julio, fueron presentadas inicialmente 16 personas. Sin embargo, dos investigadas sufrieron afectaciones médicas y debieron ser trasladadas a centros hospitalarios, por lo que en ese momento solamente se formularon cargos contra 14.

La jueza Zenia Pérez ordenó la detención provisional de 12 de los imputados y concedió arresto domiciliario a otros dos. Para aplicar la medida más severa, el tribunal valoró la pluralidad y gravedad de los delitos, la posible afectación al Estado y el riesgo de destrucción de pruebas.

Al día siguiente, las dos mujeres que no habían podido completar la primera audiencia fueron llevadas nuevamente ante un tribunal. Una recibió detención provisional y a la otra se le concedió arresto domiciliario por razones de salud.

Antes de la comparecencia de Jurado, el balance era de 13 personas detenidas provisionalmente y tres bajo arresto domiciliario. Con la nueva decisión judicial, la cantidad de investigados en prisión preventiva se elevó a 14.

Algunas de las medidas cautelares fueron apeladas y deberán ser revisadas el próximo 3 de agosto por el Tribunal Superior de Apelaciones en Plaza Fortuna. Las medidas no representan una condena, pues la investigación se mantiene en curso y los imputados conservan la presunción de inocencia.

Créditos fiscales vendidos a terceros

La causa se originó entre 2024 y 2025 y produjo más de 20 allanamientos en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé. La investigación involucra a funcionarios, exfuncionarios de la DGI y particulares que presuntamente utilizaron accesos privilegiados para alterar registros tributarios.

Según la hipótesis del Ministerio Público, la red manipulaba el sistema E-Tax 2.0 para convertir pagos ya realizados por contribuyentes en créditos no aplicados. Estos montos quedaban disponibles dentro de la plataforma y posteriormente eran cedidos o comercializados con terceros.

Las autoridades estiman que el esquema ocasionó una lesión patrimonial cercana a $40 millones. Durante los allanamientos fueron decomisados equipos informáticos, dispositivos electrónicos y documentos que deberán ser sometidos a análisis pericial.

La investigación también alcanzó a BAC Panamá, entidad que reconoció haber adquirido créditos fiscales para utilizarlos posteriormente en el pago de sus propios impuestos. El banco sostuvo, sin embargo, que actuó de buena fe porque los montos aparecían oficialmente certificados dentro del sistema de la DGI.

BAC explicó que la compra y cesión de créditos fiscales constituye un mecanismo legal utilizado por diferentes empresas y aclaró que nunca recibió dinero del Estado por estas operaciones. Los créditos fueron aplicados exclusivamente a sus obligaciones tributarias.

“Las investigaciones señalan que el origen de esta situación radica en presuntas irregularidades cometidas por funcionarios y exfuncionarios de la DGI en el sistema de E-Tax para darle validez a créditos fiscales”, indicó la entidad financiera.

El banco aseguró que sus propios controles internos levantaron las alertas comunicadas a las autoridades y que una auditoría interna sobre las transacciones no encontró elementos que vincularan a la institución o a sus colaboradores con las presuntas irregularidades.

También afirmó que el caso no tiene relación con las cuentas, depósitos o fondos de sus clientes. El comunicado no precisó el monto total de los créditos adquiridos, el precio pagado por ellos ni las empresas intermediarias que participaron en las transacciones.

Según una publicación del diario La Prensa, una revisión realizada dentro de la Dirección General de Ingresos determinó que, de los $42.4 millones aplicados por BAC International Bank (Panamá) al pago de compromisos tributarios entre 2022 y 2025, aproximadamente $36.01 millones estarían asociados con acreditaciones que la institución fiscal cuestiona por carecer de legitimidad.

Chapman promete reforzar los controles

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó esta semana que el caso no tendrá impacto en la recaudación del Estado y aseguró que el Gobierno trabaja para fortalecer los controles de la administración tributaria.

Chapman reconoció que el tráfico irregular de créditos fiscales es un problema de larga data y que, durante años, bancos, empresas y aseguradoras han sido engañados mediante este tipo de operaciones.

“Eso demuestra la debilidad de nuestro sistema”, expresó el ministro, quien insistió en que las investigaciones no deben afectar la confianza de los contribuyentes.

Más allá de las responsabilidades penales individuales, la Operación Pandora ha dejado expuesta la vulnerabilidad de la principal plataforma tributaria del país. La investigación deberá determinar quiénes alteraron los registros, cómo se distribuyeron los beneficios y si las entidades que recibieron los créditos aplicaron controles suficientes antes de utilizarlos para cancelar sus impuestos.