La dictadura de Cuba mantiene detenido a Luis Manuel Otero Alcántara una semana después de cumplirse su pena de cárcel

El artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, de 38 años, permanece bajo custodia de la Seguridad del Estado una semana después de que venciera su condena de cinco años de prisión, sin que las autoridades cubanas hayan informado de su paradero ni de las condiciones en que se encuentra. La dictadura cubana lo sacó de la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, el 7 de julio, dos días antes de que finalizara formalmente su pena, en un operativo que organizaciones de derechos humanos califican de desaparición forzada.

La única señal conocida desde ese traslado fue una breve llamada realizada el mismo 7 de julio desde un número desconocido, con agentes presentes y el altavoz activado, según informó la activista Anamely Ramos, profesora de arte exiliada en Estados Unidos y amiga del artista. Ramos señaló que Otero Alcántara le transmitió que estaba bien, pero desde entonces no se ha producido ningún contacto verificable con familiares ni allegados.

La organización de asesoría legal Cubalex, con sede en Miami, presentó el 14 de julio un recurso de habeas corpus ante la Fiscalía Provincial de La Habana para exigir información sobre el paradero del artista. “Basado en la legislación cubana, hay una privación ilegal de la libertad y también se está cometiendo el delito de desaparición forzada, porque son agentes del Estado los que lo tienen”, declaró a la agencia AFP la directora de Cubalex, Laritza Diversent. La organización Justicia 11J denunció que el caso “evidencia graves violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad y de quienes extinguen sus condenas”.

El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas activó una acción urgente a solicitud de Cubalex y fijó el 25 de julio como plazo para que el Estado cubano rinda un informe oficial. El organismo exigió que el régimen informe de inmediato la localización exacta del artista, garantice el acceso de familiares y abogados, y asegure que su privación de libertad se produzca en centros oficialmente reconocidos. El Comité subrayó que Otero Alcántara ya fue víctima de una desaparición forzada en julio de 2021.

Otero Alcántara es el coordinador general del Movimiento San Isidro, colectivo de artistas, periodistas e intelectuales fundado en 2018 como respuesta al Decreto 349, norma que obliga a los artistas cubanos a obtener autorización previa para cualquier exhibición pública o privada. El movimiento ganó proyección internacional en noviembre de 2020, cuando la policía desalojó por la fuerza su sede en La Habana Vieja mientras varios miembros realizaban una huelga de hambre para exigir la liberación del rapero Denis Solís.

El artista fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas masivas que ese día recorrieron decenas de ciudades cubanas —las mayores movilizaciones en la isla en décadas— y condenado al año siguiente a cinco años de prisión por ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia. En 2024, la Fundación Rafto noruega le otorgó su premio anual de derechos humanos. El régimen cubano lo acusa de actuar al servicio de Estados Unidos.

Según Cubalex, las autoridades buscan mantenerlo aislado mientras se tramita un permiso de parole humanitario que le permitiría exiliarse en Estados Unidos. Agentes de la Seguridad del Estado interrogaron a personas de su entorno sobre el estado de ese trámite sin ofrecer explicación alguna sobre su ubicación. El Tribunal Supremo Popular había rechazado en abril de 2026 varios habeas corpus que buscaban su liberación anticipada. La embajada de Estados Unidos en La Habana reclamó el 11 de julio la liberación de quienes “permanecen bajo custodia a pesar de haber cumplido sus condenas”, citando expresamente a Otero Alcántara.

El caso pone en evidencia una práctica documentada de la dictadura cubana: prolongar la privación de libertad de disidentes prominentes más allá del cumplimiento formal de su condena, sin amparo legal y fuera del alcance de familiares y abogados. La respuesta del régimen ante el plazo de la ONU determinará si ese silencio tiene consecuencias diplomáticas concretas para La Habana.