Panamá comprará el 41% de las acciones privadas de Petroterminal y tendrá el control total de su “canal petrolero”

El Gobierno de Panamá inició el proceso para adquirir el 41% de las acciones de Petroterminal de Panamá, S.A. (PTP) que permanece en manos privadas, una operación que, al concluir, convertirá al Estado en propietario del 100% de una de las principales infraestructuras energéticas y logísticas del país.

El socio privado de la empresa es NIC Holding Corp., compañía dedicada al almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, con sede en Melville, Nueva York. Además de participar en la asociación con la República de Panamá, la empresa estadounidense desarrolló el proyecto y ha estado a cargo de su administración.

Actualmente, la República de Panamá controla el 59% de la sociedad. La transacción anunciada comprende el 41% restante, pero el Ejecutivo no informó el precio estimado, el plazo para completar la operación ni las condiciones específicas de pago a los accionistas privados.

La adquisición se realizará mediante el ejercicio de un derecho de compra establecido en la Cláusula Décima del Contrato de Asociación. El acuerdo original fue aprobado mediante la Ley 30 de 1977 y posteriormente reformado, entre otras normas, por la Ley 14 de 1981.

El Gobierno subrayó que no se trata de una expropiación ni de una modificación unilateral de las condiciones acordadas con los inversionistas, sino de una opción de compra incorporada al contrato desde la creación de la empresa y aceptada por las partes.

El precio se determinará mediante la fórmula prevista en ese acuerdo, aplicada sobre los estados financieros auditados de Petroterminal. Según el Ejecutivo, este mecanismo permitirá calcular el valor con criterios objetivos y verificables, sin que pueda ser fijado discrecionalmente por el Gobierno o la compañía.

Uno de los principales componentes de la transacción será su mecanismo de financiamiento. La administración del presidente José Raúl Mulino aseguró que la compra será pagada con los ingresos y flujos generados por Petroterminal.

De acuerdo con el comunicado, la operación no requerirá fondos del Tesoro Nacional, no incrementará la deuda pública ni reducirá los recursos destinados a obras, programas sociales o inversiones gubernamentales.

Sin embargo, todavía no se conoce durante cuánto tiempo se comprometerán los flujos de PTP, qué proporción de sus ingresos se destinará a cancelar las acciones ni cómo se distribuirán los recursos entre el pago, la operación cotidiana y las inversiones futuras.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informará sobre las siguientes etapas del proceso, respetando la confidencialidad de la información financiera y contractual. Tampoco precisó quién administrará Petroterminal una vez que el Estado adquiera todas las acciones: si la gestión será asumida directamente por una entidad pública, contratada con un tercero o permanecerá a cargo de NIC Holding Corp., actual administradora de la compañía.

Esta definición será determinante porque, aunque Panamá posee actualmente el 59% de PTP, la administración y el conocimiento técnico de la operación han estado en manos del socio privado. El Estado no cuenta con una entidad dedicada específicamente al manejo de oleoductos transístmicos y terminales petroleras de esta escala, por lo que deberá explicar cómo garantizará la experiencia técnica, la continuidad comercial, la seguridad y la eficiencia de la infraestructura.

Una conexión petrolera entre dos océanos

Petroterminal cuenta con instalaciones para el almacenamiento, trasiego y transporte de hidrocarburos entre las costas del Caribe y el Pacífico panameño. Su principal activo es el Oleoducto Transístmico, una tubería de 131 kilómetros que conecta el Terminal Atlántico, ubicado en Chiriquí Grande, Bocas del Toro, con el Terminal Pacífico de Charco Azul, cerca de Puerto Armuelles, en Chiriquí.

La infraestructura permite movilizar petróleo entre ambos océanos sin que los buques tengan que atravesar las esclusas del Canal de Panamá. Por esa función, PTP se presenta como el canal petrolero del mundo, una plataforma que conecta a productores, comercializadores y mercados internacionales de hidrocarburos.

La empresa informa que sus terminales poseen una capacidad conjunta de almacenamiento de aproximadamente 14.6 millones de barriles. El oleoducto mueve millones de barriles de crudo cada mes, mientras cientos de buques utilizan anualmente sus instalaciones para transportar petróleo hacia Asia y la costa occidental del continente americano.

Los orígenes de la compañía se remontan a septiembre de 1977, cuando los hermanos Harold y Raymond Bernstein propusieron al Gobierno panameño construir instalaciones para el manejo y almacenamiento de petróleo en la bahía de Charco Azul.

Las primeras operaciones de trasiego comenzaron el 10 de abril de 1979. Un año después se autorizó la construcción del oleoducto y del terminal en la costa atlántica, lo que convirtió el proyecto original en una ruta energética transístmica.

La infraestructura surgió ante la necesidad de transportar el excedente de petróleo producido en Alaska hacia la costa este de Estados Unidos. Los grandes buques petroleros empleados para movilizar ese crudo no podían atravesar el Canal de Panamá debido a sus dimensiones, por lo que PTP ofreció una alternativa para transferir las cargas entre océanos.

Con el paso de los años, la operación se adaptó a nuevas rutas comerciales y el oleoducto fue habilitado para movilizar hidrocarburos en ambos sentidos.

Con la adquisición, la totalidad de los dividendos y del valor económico generado por Petroterminal quedaría en manos del Estado panameño. El Gobierno considera que esos recursos podrán utilizarse para promover nuevas inversiones en los sectores energético, marítimo y logístico, además de fortalecer la posición del país como centro regional de transporte y almacenamiento.

El Ejecutivo también garantizó la estabilidad de los puestos de trabajo, la continuidad de los contratos con proveedores y la prestación de los servicios a los clientes. La propiedad estatal estará acompañada, prometió, de un modelo basado en estándares internacionales de eficiencia, seguridad, transparencia, gobernanza corporativa y competitividad.

“Lo hacemos con estricto apego a la ley, a la responsabilidad financiera que exige la administración de los activos públicos y en armonía con los trabajadores, proveedores y accionistas”, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

El desafío comenzará después de concretarse la compra. El resultado dependerá del precio finalmente establecido, del plazo de pago y de la capacidad de PTP para mantener sus flujos, financiar su modernización y conservar su competitividad. El Estado deberá demostrar que el control total puede traducirse en mayores ingresos para Panamá sin afectar la eficiencia comercial de una compañía integrada al mercado petrolero internacional.