El presidente Rodrigo Paz está cargando el peso de sus promesas electorales. Después de haber enfrentado una manifestación con casi 50 días de bloqueo por acusaciones de traición e inconsistencias con su plan de gobierno, ahora enfrenta la presión de instituciones regionales para poner en marcha el plan 50-50 de redistribución de recursos estatales.
Este miércoles, los gobernadores de los nueve departamentos del país se reunirán en La Paz para firmar una alianza política con el objetivo de impulsar la aplicación del modelo de redistribución económica y un paquete de leyes estructurales anunciado hace meses por el Gobierno.
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Uno de los principales críticos al ritmo del Ejecutivo en la implementación de nuevas políticas es Juan Pablo Velasco, el gobernador de Santa Cruz, la región más extensa y productiva del país. “Ya vamos 250 o 300 de Gobierno y todavía no se ha ejecutado nada”, señaló y pidió celeridad para descentralizar los recursos.
Según su planteamiento, la modificación de la distribución de ingresos estatales puede empezar por las recaudaciones nacionales como el Impuesto a las Transacciones (IT), cuyo 50% podría quedarse en las regiones para enfrentar la crisis económica.

En medio de los cuestionamientos, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, admitió que el Gobierno no avanzó como estaba previsto en las reformas normativas, pero atribuyó las demoras a los conflictos sociales que atravesó el país durante siete semanas entre mayo y junio.
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“A la crítica de que vamos lentos y no hemos presentado las leyes, la verdad es que tienen razón, pero no necesariamente es porque no hayamos hecho el trabajo oportuno. Fueron casi dos meses de paralización, y donde la agenda era distinta, era cuestión de salvar la democracia y de evitar muertes”, afirmó en conferencia de prensa y convocó a los gobernadores a un encuentro el 5 de agosto.
Gálvez también señaló que el Ejecutivo impulsa un “gran acuerdo nacional” con los frentes políticos de la Asamblea Legislativa para concretar las reformas en temas energéticos, mineros y otros.
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La propuesta
Uno de los ejes de la campaña electoral de Rodrigo Paz fue el denominado 50-50, que si bien nunca se explicó de manera técnica, apuntaba a profundizar la autonomía regional mediante la descentralización de recursos fiscales entre el Gobierno central y los departamentos y municipios.
El entonces candidato presentaba esta propuesta como una de las transformaciones urgentes que necesitaba el país para romper el centralismo. Sin embargo, a poco de haber asumido el Gobierno, el presidente explicó que el modelo no se aplicaría de manera inmediata, sino de forma gradual hasta concretarse plenamente hacia el final de su mandato. “Yo espero, es un sueño, pero si lo sueñas puede ser posible, que al final de esta gestión ese 50-50 sea una realidad”, afirmó en enero.
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El trasfondo del debate está condicionado por la situación económica que atraviesa Bolivia tras más de una década de desaceleración por la caída de la renta petrolera y la disminución sostenida de las reservas internacionales, que se ha traducido en una creciente escasez de dólares y en el aumento de la presión inflacionaria.
En ese contexto, algunos analistas económicos consideran que la implementación inmediata del modelo 50-50 es inviable. El economista Gonzalo Chávez señaló en una entrevista en el canal Cadena A que “el 50-50 es una consigna a la que hay que darle contenido para que camine hacia un federalismo fiscal” y afirmó que, más allá de los recursos financieros, implica rediseñar las funciones y competencias de las autonomías. “Es un proceso complejo, pero hay que iniciarlo”, afirmó.
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