Mediante un anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional buscan tipificar como un delito la venta de lotería clandestina en Panamá

A la categoría de delito pretende elevar un anteproyecto de ley la venta clandestina de lotería en Panamá.

La propuesta busca proteger los recursos destinados a la beneficencia y combatir la comercialización ilegal de productos de lotería, según su proponente, el diputado Roberto Zuñiga.

La venta de lotería clandestina en Panamá provoca pérdidas anuales superiores a 200 millones de dólares para el Estado panameño, de acuerdo con informes de la entidad.

La venta de “chances clandestinos”, consiste en la comercialización, promoción y distribución de billetes y boletos de lotería fuera del circuito oficial de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).

Con los años los compradores de los billetes de la lotería oficial se han ido alejando, debido a los dispares premios que ofrece, y a los precios antojadizos que les imponen los vendedores, entre otras quejas.

Ahora, la iniciativa de Zúñiga intenta que la práctica de vender lotería clandestina deje de ser sancionada únicamente por la vía administrativa y pase a ser investigada y perseguida penalmente por el Ministerio Público, al considerar que afecta directamente los ingresos de la Lotería Nacional de Beneficencia, perjudica a los billeteros autorizados y reduce los recursos destinados a programas de ayuda social.

De acuerdo con la exposición de motivos del anteproyecto, la venta clandestina de billetes, chances y loterías extranjeras se ha incrementado en los últimos años, operando al margen del sistema oficial, sin controles ni fiscalización, lo que desvía recursos que deberían ingresar a la institución.

El documento señala que, actualmente, más de 10 mil billeteros autorizados dependen de esta actividad como su principal fuente de sustento. Asimismo, indica que durante 2025 los panameños apostaron $846.6 millones en los sorteos oficiales y que la Lotería Nacional transfirió $95.8 millones al Tesoro Nacional, pero la institución estima que la venta clandestina ocasiona pérdidas cercanas a los $200 millones anuales. De acuerdo con Zúñiga, la propuesta pretende cerrar un vacío legal y dotar al Estado de herramientas jurídicas más eficaces para enfrentar esta actividad ilícita.

La iniciativa también argumenta que las sanciones administrativas vigentes han resultado insuficientes para contener la expansión de esta práctica, por lo que propone su tipificación como delito, al considerar que la conducta afecta bienes jurídicos de interés público y compromete el financiamiento de programas sociales, dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad.

La Constitución panameña reserva la explotación de juegos de azar al Estado, en especial los de finalidad social gestionados por la Lotería Nacional de Beneficiencia.

La proliferación de la lotería ilegal, como la Tica, que se juega en la vecina nación de Costa Rica, afecta de forma directa los programas de asistencia social financiados por la entidad, como la entrega de sillas de ruedas, prótesis y el apoyo a hospitales públicos.

“Imagínense cuántos hospitales oncológicos se podrían hacer a nivel nacional”, ha dicho Zúñiga en diversos medios de comunicación.

Sobre las sanciones para los infractores, el anteproyecto propone penas de tres a seis años de prisión cuando el monto comercializado supere los $5.000 en un periodo de 30 días.

Las sanciones se elevarían a entre seis y ocho años de prisión si las ventas sobrepasan los $10.000, si existe una estructura criminal organizada, si se utilizan menores de edad o si hay vínculos con delitos de lavado de activos. En casos de menor cuantía, la ley proyecta multas de entre $500 y $5.000.

En paralelo, las autoridades de la Lotería Nacional de Beneficencia han reforzado las campañas de fiscalización para garantizar el cumplimiento del precio oficial de los chances y billetes. Su director general, Isidro Carbonell, ha recorrido comercios, en especial de asiáticos, para tratar de detectar la venta clandestina.