Pese al rechazo de la comunidad, 18 empresas muestran interés en construir cárcel de máxima seguridad en Panamá

A pesar del rechazo expresado por residentes, autoridades locales y organizaciones comunitarias de Santa María y Divisa, el Gobierno Nacional continúa avanzando con el proceso para construir el Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, una obra valorada en 177.2 millones de dólares que busca ampliar la capacidad del sistema carcelario panameño mediante una nueva prisión de máxima seguridad en la provincia de Herrera.

El proyecto dio un nuevo paso con la realización de la reunión previa y de homologación del acto público, una etapa en la que 18 empresas nacionales e internacionales interesadas en participar en la licitación presentaron observaciones técnicas, legales y financieras sobre el pliego de cargos antes de la presentación de las propuestas.

Entre las compañías asistentes figuraron constructoras con experiencia en grandes obras de infraestructura, como Sucursal de Obras Huarte Lain Panamá, Contracta-UK, Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, CTL Ingeniería, Global Delfos International, Constructora de León, además de firmas vinculadas a ingeniería, supervisión de obras y consultoría técnica como Asocsa, LAC Consulting, Tutum Tech, Eduadvance y Negocios Triple RRR.

También participaron empresas proveedoras de materiales y equipos, entre ellas Impex Comercial y Centroequipos, así como aseguradoras como Padeco Seguros y Assa Compañía de Seguros, cuya presencia refleja el interés del sector privado por uno de los contratos de infraestructura más importantes impulsados este año por el Ministerio de Gobierno.

Lejos de cuestionar la necesidad del proyecto, la mayoría de las intervenciones se concentró en solicitar modificaciones al pliego para ampliar la competencia y facilitar la preparación de las ofertas.

Una de las peticiones más reiteradas fue extender el plazo para la entrega de propuestas. Dependiendo de la empresa, las solicitudes oscilaron entre 20 y 90 días calendario, argumentando que el volumen de la documentación técnica, financiera y de ingeniería requiere un mayor tiempo de preparación y coordinación con bancos, aseguradoras y proveedores.

Otro de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con los exigentes requisitos financieros establecidos por el Ministerio de Gobierno. Varias empresas solicitaron flexibilizar las condiciones para acreditar liquidez, capital de trabajo, facturación anual y experiencia cuando las propuestas sean presentadas mediante consorcios.

Algunas firmas pidieron que los estados financieros pudieran consolidarse entre los integrantes del consorcio y que la facturación mínima exigida fuera reducida, al considerar que los parámetros actuales limitan la participación de potenciales oferentes.

Las observaciones también alcanzaron los requisitos de experiencia técnica. Empresas nacionales y extranjeras solicitaron ampliar de diez a quince años el período válido para acreditar proyectos similares, permitir que se presenten certificaciones emitidas por casas matrices o empresas del mismo grupo empresarial y aclarar qué documentos serán aceptados para demostrar la ejecución satisfactoria de obras anteriores.

Otros participantes pidieron revisar los porcentajes mínimos de participación exigidos a los integrantes de los consorcios para poder acreditar esa experiencia.

Asimismo, varios representantes señalaron inconsistencias o falta de precisión en las especificaciones técnicas del proyecto. Entre ellas mencionaron el equipamiento de seguridad, la definición de algunos sistemas tecnológicos, el detalle de planos arquitectónicos, el programa arquitectónico, la ubicación de redes eléctricas, telecomunicaciones y agua potable, así como características de mobiliario, barandas, sanitarios antivandálicos y otros elementos propios de un centro penitenciario de alta seguridad.

En la mayoría de los casos, los funcionarios del Ministerio de Gobierno respondieron que los planteamientos serán revisados y, de ser necesario, incorporados mediante una adenda al pliego de cargos.

El complejo proyectado estará ubicado en el corregimiento de Los Canelos, distrito de Santa María, provincia de Herrera, y será desarrollado bajo la modalidad de estudio, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento.

El contrato contempla una inversión de referencia de 177.2 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los proyectos penitenciarios más costosos licitados por el Estado panameño en los últimos años. Las propuestas deberán presentarse el próximo 23 de julio, de forma electrónica a través del sistema PanamáCompra.

De acuerdo con el pliego de cargos, el complejo tendrá capacidad para albergar hasta 3,000 personas privadas de libertad, distribuidas entre procesados y condenados, así como en módulos de mínima, media y alta seguridad.

El diseño incluye pabellones con celdas individuales para internos de mayor peligrosidad y dormitorios colectivos para otros regímenes penitenciarios, además de áreas médicas, educativas, deportivas, talleres de trabajo, espacios para atención psicosocial, patios de recreación, sistemas de vigilancia y control, zonas de requisa y edificios administrativos.

También contará con infraestructura para 450 custodios, incluyendo dormitorios, comedor, gimnasio y áreas de capacitación.

La reunión de homologación también evidenció el interés de empresas internacionales por competir en la licitación. La firma Contracta-UK, por ejemplo, manifestó que ha participado en la construcción de cárceles en Brasil y Panamá y expresó su preocupación por algunos requisitos que, a su juicio, podrían limitar la participación de compañías extranjeras.

Otras empresas solicitaron aclaraciones sobre la documentación que podrán presentar las sociedades constituidas fuera del país para acreditar experiencia y capacidad técnica.

Pese al avance del proceso administrativo, el proyecto continúa enfrentando un fuerte rechazo en la región donde será construido. En los últimos días, residentes de Santa María, Divisa y comunidades vecinas realizaron manifestaciones para exigir al Gobierno que reconsidere la ubicación del complejo penitenciario y destine esos recursos a obras como sistemas de agua potable, carreteras, alcantarillados, escuelas, instalaciones deportivas y proyectos que impulsen el desarrollo económico de la zona.

Los residentes sostienen que la provincia ha construido su desarrollo alrededor de la actividad agropecuaria, comercial y educativa, y consideran que una cárcel de gran escala podría modificar la imagen de la región y afectar futuras inversiones.

Desde la perspectiva del Gobierno, sin embargo, la obra responde a una necesidad estructural del sistema penitenciario. Panamá mantiene una población penitenciaria que supera ampliamente la capacidad instalada de sus cárceles, una situación que durante años ha generado problemas de hacinamiento, seguridad y condiciones de reclusión.

Ese debate cobró mayor relevancia tras la fuga masiva registrada el pasado 1 de junio en La Joyita, cuando 195 privados de libertad escaparon del penal, obligando a las autoridades a desplegar una operación nacional para su recaptura y reabriendo la discusión sobre la infraestructura penitenciaria del país.

La administración del presidente José Raúl Mulino ha planteado la construcción de nuevos centros penitenciarios como parte de su estrategia para modernizar el sistema y reducir la sobrepoblación carcelaria.

Mientras tanto, el proceso licitatorio sigue su curso. Al concluir la reunión de homologación, el Ministerio de Gobierno informó que evaluará las observaciones formuladas por los interesados y determinará cuáles serán incorporadas mediante adendas al pliego de cargos antes de la presentación de las propuestas.

Con ello, el Gobierno mantiene en marcha uno de los proyectos de infraestructura penitenciaria más ambiciosos de la última década, aunque todavía deberá superar no solo los desafíos técnicos y financieros planteados por las empresas interesadas, sino también la resistencia de una parte importante de la población de Herrera, que insiste en que el desarrollo de la provincia pasa por inversiones en servicios públicos, empleo y crecimiento económico, y no por la construcción de una prisión de máxima seguridad.