La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda civil por enriquecimiento ilícito contra Jaime Alfredo Miranda Flamenco, exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, y reclamó el reintegro al Estado de USD 283.733,89, además de pedir su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años.
El proceso civil se sustenta en un informe de la Corte en Pleno de la Corte Suprema de Justicia. El escrito fue presentado por fiscales de la Unidad Especializada Delitos de Corrupción ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
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A Miranda Flamenco, las autoridades de investigación le atribuyen irregularidades por USD 219.894,63 correspondientes a los años 2009 y 2019, vinculadas a depósitos bancarios, pago de deuda y diferencia entre ingresos y deudas. En ese período ocupó distintos cargos durante los gobiernos de los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos por el mismo partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de izquierda.
La demanda también incluye a su cónyuge
La demanda también incluye a su cónyuge, Alicia del Carmen Medina Aguilar de Miranda, a quien se le señalan irregularidades por USD 63.839,26. Según la Fiscalía, el exfuncionario fue viceministro de Cooperación para el Desarrollo entre 2009 y 2013 y entre 2014 y 2018, ministro de Relaciones Exteriores entre 2013 y 2014, y viceministro de Integración y Promoción Económica entre 2018 y 2019.
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Otros casos
En julio, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador ordenó al exdirector de la Asociación Infocentros, Sigfredo Armando Figueroa Salinas, pagar $3.1 millones al Estado, tras comprobar su participación en el desvío de fondos mediante “convenios ilegales”, según la FGR.
Infocentros fue una entidad privada sin fines de lucro creada en El Salvador a finales de los años 90 para promover el acceso público a la tecnología, el internet y la capacitación digital. La FGR sostuvo que el desvío se ejecutó con colaboración de autoridades del entonces Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) a través de convenios entre 2003 y 2008, período en el que dirigía la entidad.
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“La Fiscalía obtuvo un fallo condenatorio de responsabilidad civil contra Sigfredo Armando Figueroa Salinas, quien deberá restituir al Estado al menos $3.1 millones de dólares desviados indebidamente en el Caso Infocentros”, publicó el organismo en sus redes sociales.
Poco antes, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador decretó apertura a juicio en contra del expresidente del Banco de Desarrollo El Salvador (BANDESAL), Juan Pablo Durán Escobar, por los delitos de cohecho impropio y negociaciones ilícitas, y mantuvo la detención como medida cautelar.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), Durán Escobar habría autorizado el manejo de fondos millonarios entre 2019 y 2022 para obtener beneficios económicos propios, a favor de terceros, de un banco privado del cual era accionista y de un empresario del sector transporte en El Salvador.
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La investigación formal comenzó en marzo de 2022, poco después de su destitución como presidente de Bandesal, según la FGR. El 30 de septiembre de 2023, la FGR informó sobre la detención de Durán Escobar en el aeropuerto internacional de El Salvador, tras su regreso al país.
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