La Joyita pasa factura: dimite director del Sistema Penitenciario en Panamá

La crisis que sacudió al sistema penitenciario panameño tras la fuga de 195 privados de libertad de la cárcel La Joyita ya cobró su primera baja de alto nivel.

El Ministerio de Gobierno confirmó este viernes la renuncia de Jorge Torregroza como director general del Sistema Penitenciario, apenas 24 horas después de las declaraciones presidenciales.

El presidente José Raúl Mulino calificó públicamente la situación como el reflejo de un sistema que “falló” y “colapsó”, evidenciando problemas estructurales acumulados durante años.

A través de un comunicado oficial, la entidad informó que Torregroza presentó su renuncia al cargo y que esta fue aceptada de forma inmediata. La entidad agradeció sus 20 meses de gestión y destacó su entrega, desempeño y compromiso durante el tiempo que estuvo al frente de la institución carcelaria.

La salida ocurre en medio de una de las mayores crisis penitenciarias registradas en los últimos años dentro del territorio nacional panameño. El pasado lunes primero de junio, 195 privados de libertad lograron evadirse de La Joyita, lo que desencadenó una serie de operativos, investigaciones y medidas extraordinarias urgentes.

Según las cifras actualizadas por el Ejecutivo, 178 de los evadidos han sido recapturados con éxito por las unidades de la Policía Nacional. Las autoridades continúan la búsqueda de los 17 restantes, algunos de ellos procesados o condenados por delitos graves, incluyendo homicidio y robo agravado.

Durante su conferencia semanal, el presidente Mulino fue particularmente duro al referirse a lo ocurrido y al nivel de vulnerabilidad de las instalaciones. “La fuga demuestra que el sistema falló, colapsó”, afirmó el mandatario, quien aseguró que el incidente dejó al descubierto graves faltas en los controles.

El mandatario evidenció la capacidad de organizaciones criminales para operar de manera directa desde el interior de los diferentes centros penitenciarios del país.

“La vinculación de presos en actividades ilícitas es la demostración de que fue vulnerado en las narices de los funcionarios”, sostuvo el jefe del Ejecutivo. Aseguró que el hecho ocurrió por acción u omisión de los custodios encargados, lo que permitió que se comprometiera la seguridad de forma crítica.

Mulino reveló además que ordenó la separación inmediata de los custodios y funcionarios responsables de la seguridad operativa en la cárcel La Joyita. Anunció la apertura de investigaciones administrativas y la presentación de denuncias penales ante la Procuraduría General de la Nación de forma inmediata.

“No habrá protección legal ni política para nadie”, advirtió de manera contundente el jefe del Estado durante su comparecencia ante los medios de comunicación.

Las declaraciones presidenciales marcaron la primera vez que el mandatario abordó públicamente la verdadera magnitud de la crisis penitenciaria que enfrenta el país actualmente.

Esta situación, según reconoció, se ha convertido en uno de los mayores desafíos de seguridad ciudadana enfrentados directamente por su administración gubernamental. Las autoridades también han desarrollado requisas masivas en distintos centros penitenciarios, logrando decomisar una gran cantidad de artículos prohibidos por la ley penal.

Los operativos permitieron decomisar armas de fuego, drogas, teléfonos celulares, televisores, routers, antenas de internet de alta capacidad y dinero en efectivo dentro de las celdas.

Para el Gobierno, estos hallazgos evidencian el nivel de control que algunas estructuras criminales mantenían desde las prisiones, burlando los anillos de seguridad establecidos.

Para Mulino, la fuga representa mucho más que un problema puntual de seguridad pública que deba resolverse únicamente con el uso de la fuerza policial.

El mandatario considera que el sistema penitenciario dejó de cumplir su función de aislamiento y resocialización para convertirse en una plataforma de coordinación delictiva.

“Todo eso entró por la puerta, con la complicidad de los que estaban cuidando la puerta”, afirmó al referirse al masivo ingreso de tecnología.

La renuncia de Torregroza también se produce en un momento de cambios profundos dentro de toda la estructura de mandos del sistema carcelario nacional.

Tras los acontecimientos registrados, las autoridades designaron al comisionado Basilio Sánchez como nuevo director nacional de Seguridad Penitenciaria en reemplazo de los anteriores encargados

El oficial asume una de las áreas clave en el proceso de reorganización integral que ha sido impulsado formalmente por el Órgano Ejecutivo desde esta semana.

Torregroza había asumido la dirección general del Sistema Penitenciario tras el sensible fallecimiento de Mariela Jiménez, quien inició el periodo constitucional en el cargo.

La funcionaria, nombrada por el presidente Mulino al inicio de su administración en julio de 2024, murió de manera repentina en octubre de ese mismo año.

Ese hecho provocó una primera reestructuración interna dentro de la entidad, que ahora debe enfrentar un nuevo proceso de cambio tras la actual crisis.

Ahora, el Gobierno prepara una reforma más profunda. Mulino adelantó que presentará nuevas medidas orientadas a transformar el sistema durante su próximo informe a la Nación.

El documento, que será presentado el próximo 1 de julio, detallará las estrategias para endurecer los controles internos y garantizar el aislamiento de reclusos peligrosos.

El mandatario también defendió decisiones recientes como el traslado de 29 reclusos de alto perfil a instalaciones especiales administradas por el Servicio Nacional Aeronaval.

Este traslado a Coiba ha generado serios cuestionamientos por parte de diversas organizaciones ambientalistas y de representantes vinculados de manera directa al sector turístico nacional.

Para el presidente, la fuga masiva debe marcar un punto de inflexión definitivo en la formulación de la política penitenciaria que ejecutará el Estado panameño. Pero también considera que el episodio abre la puerta para impulsar transformaciones estructurales profundas en un sistema que terminó colapsando frente a la infiltración criminal.

Las autoridades advierten que los efectos de este hecho podrían extenderse mucho más allá de la simple localización de los prófugos que siguen en las calles.