Cambio de abogado dilata proceso contra exdirector del IFARHU Bernardo “Nando” Meneses

La jueza de garantías Diana García reprogramó para el próximo 22 de octubre de 2026 la audiencia de solicitud de acumulación de causas seguida al exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Bernardo “Nando” Meneses, quien enfrenta múltiples investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública relacionados con el manejo de fondos de esa institución.

La decisión fue adoptada luego de la renuncia del abogado particular Ángel Álvarez. Con el objetivo de garantizar el derecho a la defensa, el tribunal otorgó tiempo a los nuevos representantes legales, Omar Jaén y Jean Paul Castillo, para que conozcan el contenido de las carpetillas cuya acumulación solicita el Ministerio Público.

La audiencia busca unificar expedientes relacionados con presuntos delitos de peculado doloso agravado en los que figura únicamente Meneses como imputado, junto con una investigación por supuesto blanqueo de capitales que involucra a otras 11 personas presuntamente vinculadas al caso.

Actualmente, el exdirector del IFARHU mantiene abiertas cuatro carpetillas judiciales: dos por presunto peculado, una por supuesto blanqueo de capitales y otra por presunto enriquecimiento ilícito. Los expedientes se encuentran en distintas etapas procesales, incluyendo investigación, fase intermedia y procesos declarados complejos por la cantidad de personas y documentación involucrada.

Tras dejar la dirección del IFARHU, participó como candidato a diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) en el circuito 13-1 de Arraiján durante las elecciones generales de 2024. Aunque logró convertirse en uno de los candidatos oficiales de su colectivo tras ganar las primarias internas, no consiguió los votos necesarios para obtener una curul en la Asamblea Nacional y quedó fuera del Legislativo tras la jornada electoral.

La audiencia celebrada este martes contó con la participación de la fiscal superior anticorrupción Azucena Aizpurúa, además de defensores públicos y particulares que representan a las personas vinculadas al proceso.

Las investigaciones contra Meneses surgieron tras auditorías realizadas por la Contraloría General de la República sobre el manejo de fondos públicos durante su administración al frente del IFARHU, entidad responsable de administrar becas, créditos educativos y auxilios económicos para estudiantes panameños.

El caso adquirió relevancia nacional luego de que se conociera la forma en que fueron otorgados miles de auxilios económicos durante el quinquenio 2019-2024. Según datos divulgados por las autoridades, durante ese período el IFARHU aprobó aproximadamente $260.5 millones en ayudas distribuidos entre 9,237 beneficiarios.

Los desembolsos se realizaron mediante un programa que permitía otorgar ayudas para estudios dentro y fuera del país. Sin embargo, las auditorías y posteriores investigaciones revelaron cuestionamientos sobre los criterios utilizados para seleccionar beneficiarios y la falta de controles para verificar la necesidad económica de quienes recibían los recursos.

La polémica aumentó cuando comenzaron a divulgarse nombres de beneficiarios vinculados a figuras políticas, empresarios, familiares de diputados e influenciadores. Entre los casos más comentados estuvieron auxilios otorgados a familiares de dirigentes políticos y personas con capacidad económica suficiente para financiar sus estudios sin recurrir a recursos estatales.

Las revelaciones generaron fuertes cuestionamientos en la opinión pública debido a que miles de estudiantes de escasos recursos permanecían en listas de espera para acceder a becas tradicionales mientras se aprobaban auxilios de alto valor a personas cercanas a círculos de poder político y económico.

El escándalo se convirtió en uno de los temas más controvertidos del último gobierno y provocó llamados para reformar completamente el sistema de asignación.

Entre las investigaciones más avanzadas figura una auditoría patrimonial que determinó un presunto incremento patrimonial no justificado superior a $419,000 durante el período en que Meneses ejerció funciones públicas. Ese hallazgo dio origen a una causa por presunto enriquecimiento injustificado que derivó en la imposición de una medida de detención provisional.

La Fiscalía Anticorrupción también investiga presuntas irregularidades relacionadas con más de $24 millones en auxilios económicos y otras operaciones que podrían representar una lesión patrimonial mucho mayor para el Estado. En uno de los expedientes se analiza la supuesta aprobación irregular de beneficios económicos y el incumplimiento de controles establecidos por la propia institución.

, Meneses permanece detenido de forma provisional mientras avanzan las distintas investigaciones. Los tribunales han rechazado solicitudes para sustituir la medida cautelar por arresto domiciliario y han considerado que existen elementos suficientes para mantenerlo privado de libertad mientras continúan las pesquisas.

La audiencia de octubre será clave para definir si varios de los expedientes pueden tramitarse de manera conjunta. De prosperar la solicitud de acumulación presentada por el Ministerio Público, el proceso podría concentrar en una sola causa algunas de las investigaciones más relevantes relacionadas con el manejo de fondos del IFARHU durante la administración de Meneses, uno de los casos de presunta corrupción más significativos surgidos tras el cambio de gobierno.