El Ministerio de Salud de Panamá activó la aplicación de la Ley 364 de salud mental, marcando un cambio en cómo las instituciones públicas y privadas deben tratar este tema, especialmente en el acceso al empleo y la educación.
La medida más visible es la prohibición de exigir certificados de salud mental como requisito general, una práctica que durante años se utilizó en distintos procesos administrativos.
La disposición, de obligatorio cumplimiento, establece que ninguna institución podrá solicitar estos certificados para contrataciones, matrículas, ascensos o trámites generales, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.
La instrucción fue formalizada mediante una circular dirigida a todo el sector público, privado y educativo, lo que implica un alcance nacional inmediato.
El cambio no surge de una decisión aislada, sino de la implementación de la Ley 364 de 6 de febrero de 2023, que reconoce la salud mental como un derecho humano fundamental y obliga al Estado a garantizar su cobertura en todo el territorio nacional.
La normativa también establece principios como la no discriminación, la dignidad y la confidencialidad de las personas con condiciones o antecedentes de salud mental.
Uno de los puntos centrales de la ley es que busca romper con la estigmatización que históricamente ha rodeado a los trastornos mentales.
En ese sentido, el Artículo 5 reconoce el derecho de toda persona a no ser identificada ni discriminada por su condición, mientras que el Estado debe asegurar el acceso a servicios de salud mental integrales, incluyendo promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación.
Desde el punto de vista técnico, el Ministerio de Salud sostiene que los certificados de salud mental no tienen valor predictivo para determinar el desempeño laboral o académico.
Se trata de evaluaciones que describen el estado de una persona en un momento específico, pero que no permiten anticipar conductas futuras ni medir capacidades profesionales o personales.
Además, el uso masivo de estos certificados generaba un problema adicional: sobrecargaba los servicios especializados de salud mental, desviando recursos que deberían destinarse a la atención clínica de pacientes.
Según las autoridades, esta práctica contradecía el enfoque de la política pública, que busca priorizar la atención integral y oportuna de quienes realmente requieren tratamiento.
La nueva disposición obliga a las instituciones a eliminar este requisito de sus reglamentos, formularios y procesos internos, así como a capacitar a su personal para evitar su uso en cualquier nivel.
También establece que solo en situaciones muy específicas, vinculadas a tareas de alto riesgo, podría justificarse una evaluación de salud mental, siempre de manera individual y nunca como requisito general.
Más allá de la prohibición, la Ley 364 plantea un modelo más amplio. El Estado debe garantizar el acceso a servicios públicos y gratuitos de salud mental, desarrollar programas de prevención, fortalecer la atención comunitaria y promover la reintegración social de las personas con trastornos mentales.
Esto incluye desde atención médica hasta programas de rehabilitación psicosocial y apoyo en entornos laborales y familiares.
La normativa también introduce obligaciones para el sistema de salud y otras instituciones, como la creación de servicios adecuados, personal capacitado y entornos seguros para la atención de pacientes. Incluso prohíbe prácticas como la apertura de centros que vulneren la dignidad de las personas o el uso de tratamientos que impliquen maltrato o degradación.
Con esta implementación, Panamá busca alinearse con estándares internacionales en materia de derechos humanos y salud pública. La medida no solo redefine un requisito administrativo, sino que cambia el enfoque hacia uno centrado en la protección de derechos, la inclusión y el acceso equitativo a servicios de salud mental.
El reto ahora estará en su cumplimiento. La circular advierte que las instituciones que continúen exigiendo certificados de salud mental podrían enfrentar responsabilidades administrativas y legales, lo que convierte esta disposición en un punto de inflexión para la relación entre salud mental, empleo y educación en el país.
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