El Ministerio de Salud de Panamá activó la aplicación de la Ley 364 de salud mental, marcando un cambio en cómo las instituciones públicas y privadas deben tratar este tema, especialmente en el acceso al empleo y la educación.
La medida más visible es la prohibición de exigir certificados de salud mental como requisito general, una práctica que durante años se utilizó en distintos procesos administrativos.
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La disposición, de obligatorio cumplimiento, establece que ninguna institución podrá solicitar estos certificados para contrataciones, matrículas, ascensos o trámites generales, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.
La instrucción fue formalizada mediante una circular dirigida a todo el sector público, privado y educativo, lo que implica un alcance nacional inmediato.
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El cambio no surge de una decisión aislada, sino de la implementación de la Ley 364 de 6 de febrero de 2023, que reconoce la salud mental como un derecho humano fundamental y obliga al Estado a garantizar su cobertura en todo el territorio nacional.
La normativa también establece principios como la no discriminación, la dignidad y la confidencialidad de las personas con condiciones o antecedentes de salud mental.
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Uno de los puntos centrales de la ley es que busca romper con la estigmatización que históricamente ha rodeado a los trastornos mentales.
En ese sentido, el Artículo 5 reconoce el derecho de toda persona a no ser identificada ni discriminada por su condición, mientras que el Estado debe asegurar el acceso a servicios de salud mental integrales, incluyendo promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación.
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Desde el punto de vista técnico, el Ministerio de Salud sostiene que los certificados de salud mental no tienen valor predictivo para determinar el desempeño laboral o académico.
Se trata de evaluaciones que describen el estado de una persona en un momento específico, pero que no permiten anticipar conductas futuras ni medir capacidades profesionales o personales.
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Además, el uso masivo de estos certificados generaba un problema adicional: sobrecargaba los servicios especializados de salud mental, desviando recursos que deberían destinarse a la atención clínica de pacientes.
Según las autoridades, esta práctica contradecía el enfoque de la política pública, que busca priorizar la atención integral y oportuna de quienes realmente requieren tratamiento.
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La nueva disposición obliga a las instituciones a eliminar este requisito de sus reglamentos, formularios y procesos internos, así como a capacitar a su personal para evitar su uso en cualquier nivel.
También establece que solo en situaciones muy específicas, vinculadas a tareas de alto riesgo, podría justificarse una evaluación de salud mental, siempre de manera individual y nunca como requisito general.
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Más allá de la prohibición, la Ley 364 plantea un modelo más amplio. El Estado debe garantizar el acceso a servicios públicos y gratuitos de salud mental, desarrollar programas de prevención, fortalecer la atención comunitaria y promover la reintegración social de las personas con trastornos mentales.
Esto incluye desde atención médica hasta programas de rehabilitación psicosocial y apoyo en entornos laborales y familiares.
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La normativa también introduce obligaciones para el sistema de salud y otras instituciones, como la creación de servicios adecuados, personal capacitado y entornos seguros para la atención de pacientes. Incluso prohíbe prácticas como la apertura de centros que vulneren la dignidad de las personas o el uso de tratamientos que impliquen maltrato o degradación.
Con esta implementación, Panamá busca alinearse con estándares internacionales en materia de derechos humanos y salud pública. La medida no solo redefine un requisito administrativo, sino que cambia el enfoque hacia uno centrado en la protección de derechos, la inclusión y el acceso equitativo a servicios de salud mental.
El reto ahora estará en su cumplimiento. La circular advierte que las instituciones que continúen exigiendo certificados de salud mental podrían enfrentar responsabilidades administrativas y legales, lo que convierte esta disposición en un punto de inflexión para la relación entre salud mental, empleo y educación en el país.
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