Nicaragua: organización denuncia desapariciones forzadas de presos políticos bajo custodia del régimen

El Colectivo Nicaragua Nunca Más denunció una política sistemática de desaparición, incomunicación y abandono deliberado contra presos políticos en Nicaragua y advirtió que su vida corre riesgo bajo custodia estatal, en una acusación dirigida al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La organización sostuvo, en un comunicado emitido el 4 de junio, que la falta de información sobre el paradero y el estado de salud de los detenidos constituyó una violación directa de las Reglas Nelson Mandela de la ONU.

También cuestionó que el régimen reclamara el 26 de mayo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el fin de las sanciones internacionales invocando el Derecho Internacional, mientras, según la denuncia, mantuvo desaparecidas a personas bajo su control.

El señalamiento se concentró en al menos cuatro casos de desaparición forzada que, según el colectivo, siguieron sin respuesta oficial pese a años de denuncias. Se trató de Víctor Boitano Coleman, de 65 años, con 781 días desaparecido; Steadman Fagoth Muller, de 72, con 624 días; Salvadora Martínez Aburto, de 68, con 290 días; y Carlos Brenes Sánchez, de 71, también con 290 días.

El colectivo pidió mantener e intensificar sanciones

El comunicado afirmó que la actual situación perpetra la desaparición forzada “carece de autoridad moral” y reclamó a la comunidad internacional que mantenga e incluso refuerce las sanciones hasta lograr la liberación total, absoluta y verificada de los más de 46 presos políticos reconocidos, incluidos quienes están bajo arresto domiciliario.

El grupo también exigió garantías reales para el restablecimiento democrático. En esa línea, pidió la liberación inmediata de los familiares detenidos y del resto de los opositores encarcelados, además de información oficial e inmediata sobre su paradero y su estado de salud.

Las familias alertaron por un riesgo de muerte

Las familias de los detenidos advirtieron que temían nuevas muertes entre allegados que son adultos mayores, padecen enfermedades crónicas graves y no tienen acceso a atención médica especializada. El colectivo recordó que en 2025 el régimen entregó sin vida a sus familiares los cuerpos de Mario Alonso Petri y Carlos Cárdenas Zepeda, sin explicación alguna y bajo estricta vigilancia policial, con entierro inmediato.

De igual forma, Nicaragua Nunca Más sostuvo que, desde la captura de los detenidos, el régimen no informó su ubicación, no permitió comunicación alguna y no presentó pruebas sobre su condición física. Añadió que esa práctica sometió a los allegados a una incertidumbre permanente y vulnera estándares internacionales de derechos humanos.

El caso de Jaime Enrique Navarrete Blandón ocupó un lugar aparte en la denuncia. Aunque no estuvo desaparecido, fue arrestado un mes después de su liberación en 2019 y acumuló ocho años en máxima seguridad, una situación que, según el colectivo, representó un grave peligro para su vida.

De igual manera, la organización pidió además acceso médico independiente, incluso a través de la Cruz Roja Internacional, y advirtió que una prueba de vida solo puede considerarse válida si cumple condiciones mínimas verificables. Un video guionado o una fotografía sin contexto médico, sostuvo el comunicado, no pueden considerarse prueba de vida.