El Salvador: Cobró cheques duplicados, lo condenan por peculado y deberá devolver más de USD 59,000

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador dictó una sentencia de 12 años de prisión contra David Alberto Martínez Ramos tras encontrarlo culpable del delito de peculado en perjuicio del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM). La resolución, difundida por la cuenta de Centros Judiciales, este viernes, también incluye la obligación de pagar un monto que supera los USD 59,000 en concepto de responsabilidad civil, monto que deberá ser reintegrado al instituto afectado.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la investigación estableció que David Martínez, quien ocupaba el cargo de pagador de bienes y servicios en la institución estatal, aprovechó su posición entre los años 2011 y 2012 para ejecutar una serie de maniobras irregulares con el manejo de cheques institucionales.

“Durante ese periodo, el funcionario emitió y cobró diferentes cheques a nombre de personas que solicitaban reembolso o pago por servicios prestados a la institución, duplicando la emisión de estos para el pago de los servicios recibidos”, precisó la Fiscalía en su acusación.

La información oficial establece que el mecanismo fraudulento consistía en la emisión de cheques adicionales, cuyos montos eran posteriormente cobrados de manera indebida. Las auditorías internas y los peritajes financieros presentados en el juicio permitieron demostrar cómo el ahora condenado generó pagos dobles a favor de terceros, desviando sistemáticamente fondos estatales. El monto total de lo desviado asciende a USD 59,989.63, cifra que ahora deberá ser restituida según lo ordena la sentencia.

“El análisis de los cheques duplicados y las declaraciones de los testigos resultaron determinantes para acreditar la responsabilidad penal del acusado”, señaló la Fiscalía.

Fallo obliga restituir fondos sustraídos al Estado

El tribunal, al valorar la prueba reunida, concluyó que la conducta de Martínez configuró el delito de peculado, tipificado en la legislación salvadoreña como la apropiación o malversación de bienes públicos cometida por un funcionario en ejercicio de sus funciones. La resolución judicial subraya que la gravedad del hecho radica en el quebrantamiento de la confianza depositada en quienes administran fondos del Estado y en el impacto directo sobre el patrimonio de una institución dedicada al bienestar del magisterio nacional.

La sentencia enfatiza que, además de cumplir la pena de prisión, el condenado está obligado a restituir íntegramente el monto sustraído al ISBM, medida que busca reparar el daño económico provocado por su accionar.

“Durante el juicio, la Fiscalía presentó prueba documental, pericial y testimonial que permitió acreditar la responsabilidad penal del imputado en los hechos”, según señaló el ente fiscalizador.

A la condena de 12 años de cárcel por peculado se suma la obligación, en el ámbito civil, de pagar una alta suma.

Como resultado, la pena fue impuesta en la Vista Pública desarrollada en el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador. Con esta sentencia, las autoridades buscan fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y enviar un mensaje de tolerancia cero ante la corrupción en el sector público, especialmente en áreas sensibles como la gestión de fondos destinados al bienestar de los trabajadores de la educación.