Con el pasar de los años las cifras de obesidad en la población adulta y en la niñez panameña se robustecen. En 2019 las estadísticas oficiales reportaban una prevalencia de obesidad en personas mayores de 18 años en 36.1% y de 10% en los niños.
Cuatro años después, en 2023, la estadística pasó a 72% de la población adulta con sobrepeso, y a que el 28% de los menores de edad tengan exceso de peso, y el 10% desarrolló obesidad.
En América Latina y el Caribe, más de 4 millones de niños menores de 5 años presentan sobrepeso, mientras que casi 50 millones de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 19 años enfrentan esta condición, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
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Lo que las autoridades llaman una “epidemia silenciosa” se ha tratado de detener mediante el Plan de Aceleración para Detener la Obesidad en Panamá (2025-2030), que fue lanzado en enero de 2025, pero cuyos resultados muy poco se conocen.
Detener el aumento del sobrepeso y la obesidad en la población panameña para dentro de cuatro años (2030) es la meta, mediante la implementación por parte del Ministerio de Salud de acciones multisectoriales dirigidas a mejorar los entornos alimentarios, regular la publicidad de alimentos, promover la actividad física e impulsar el etiquetado de alimentos envasados.
Como es sabido, la obesidad es un factor de riego para el desarrollo de otras enfermedades no transmisibles, como las isquémicas del corazón, las cerebrovasculares, la diabetes mellitus, las enfermedades hipertensivas y las crónicas de las vías respiratorias inferiores.
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Ayer, 40 votos fueron suficientes para aprobar un documento que debe esperar la sanción del presidente José Raúl Mulino para que los establecimientos de comida rápida ofrezcan al consumidor agua potable filtrada o embotellada, sin costo adicional, como opción de bebida en sus combos.
Los establecimientos, indica la norma, deberán informar claramente a los consumidores sobre la disponibilidad de esta opción a través de sus menús, carteles en los puntos de venta y en sus plataformas de comunicación, como redes sociales y sitios web, para asegurar el acceso a esta información.
Durante el pasado primer debate de la norma, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) hizo sus aportes reconociendo el carácter positivo del proyecto de ley, pero se mostraron opuestos a aspectos que afirmaron interfieren con la publicidad de la opción del agua en páginas web y redes sociales, por considerar que puede afectar acuerdos y contratos entre las empresas.
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Con relación al agua, el ente empresarial a través de su vocero recomendó que se debe aclarar al cliente que no es agua embotellada.

La idea es que una vez reciba la sanción presidencial, la medida promueve el hábito de consumo responsable y saludable en la población adulta y de menores, pues se espera que contribuya reducir la ingesta de bebidas azucaradas adquiridas en los combos de comidas rápidas.
En Panamá los establecimientos de venta de comida rápida generalmente venden agua embotellada, a un costo aproximado de $1, por lo que hay pocos locales y restaurantes de este tipo que la ofrecen sin costo adicional.
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Desde la perspectiva de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (UNCUREPA), la iniciativa “suena bien”, pero el asunto es que a la larga esto pudiera aumentar disimuladamente el precio de los alimentos que comercializan las cadenas de comida rápida.
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