Excarcelados nicaragüenses, sin ciudadanía y bajo amenaza: el caso de un detenido en Estados Unidos que genera alarma

El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex), conformado por ex presos políticos nicaragüenses, solicitó este lunes al gobierno de Estados Unidos que detenga la deportación de Marvin Castellón Ubilla, uno de los 222 opositores nicaragüenses desterrados y privados de su nacionalidad en febrero de 2023 por el régimen de Daniel Ortega. La petición surge luego de que Castellón Ubilla fue arrestado en West Palm Beach cuando se dirigía a su trabajo.

El arresto ocurrió tras una inspección policial causada por un desperfecto mecánico en el vehículo donde viajaba. Los agentes solicitaron documentos y procedieron a detenerlo bajo cargos migratorios. De acuerdo con información suministrada por la agencia internacional de noticias EFE, el colectivo argumenta que, por su condición de perseguido y apátrida, Castellón Ubilla no debe ser devuelto a territorio nicaragüense ni reubicado en un tercer país.

Grex enfatizó que Castellón Ubilla ha sufrido tres encarcelamientos previos a raíz de su pertenencia a una familia opositora y su activismo contra el gobierno de Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

El colectivo sostiene que la deportación de Castellón Ubilla a Nicaragua no es viable, ya que el gobierno de Ortega lo desterró y le retiró la nacionalidad, situación que lo deja con estatus migratorio indeterminado en Estados Unidos, sin posibilidad de repatriación ni solución inmediata en otro país. “Por ser perseguido político y desterrado, no debe ser deportado”, afirmó el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex) en una declaración citada por la agencia EFE.

La agrupación también remarcó que la opción de trasladarlo a un tercer país sería injusta, dado que el opositor ha residido y trabajado de manera constante en el sector de la construcción en Estados Unidos desde su llegada. Según la declaración, “no ha hecho nada malo, ha trabajado incansablemente en la rama de la construcción desde que llegó y continúa siendo un opositor al régimen”.

La situación de Castellón Ubilla ocurre en un contexto de incertidumbre migratoria para los 222 nicaragüenses que fueron excarcelados y desterrados en 2023, a quienes se les retiró la nacionalidad y sus derechos políticos. El antecedente más reciente involucra a Juan Barillla, otro opositor expulsado, quien fue deportado a Honduras el 29 de noviembre tras haber sido arrestado en Estados Unidos por conducir bajo los efectos del alcohol.

Según la agencia de noticias EFE, estos casos han generado alarma entre organizaciones de derechos humanos y colectivos de exiliados, que advierten sobre los riesgos que enfrentan los opositores nicaragüenses en los procesos migratorios estadounidenses.

La crisis política y social en Nicaragua comenzó en abril de 2018 con el estallido de protestas masivas contra el gobierno de Daniel Ortega. Las manifestaciones derivaron en represión, detenciones y persecución contra líderes opositores, defensores de derechos humanos y ciudadanos críticos con el régimen.

Según datos recogidos por EFE, el proceso de criminalización se agravó tras las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, comicios en los que Ortega fue electo para un quinto mandato, con todos sus principales adversarios encarcelados o exiliados. Poco después, el gobierno ejecutó la privación de nacionalidad y la expulsión de 222 presos políticos, quienes fueron enviados en un vuelo directo hacia Estados Unidos.

Desde entonces, la mayoría de estos excarcelados permanece bajo permisos humanitarios temporales o solicitudes de asilo pendientes. Organizaciones como el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex) han denunciado la falta de garantías para su integración y regularización en el país norteamericano. La petición del colectivo pone énfasis en la necesidad de protección internacional para quienes han sido despojados de su nacionalidad y enfrentan el riesgo de represalias en caso de retornar a Nicaragua.

El régimen de Ortega y Murillo sostiene una política de criminalización contra la disidencia, bajo acusaciones legales como “traición a la patria”, figura jurídica establecida en la legislación nicaragüense para castigar la oposición política y restringir los derechos ciudadanos a quienes se percibe como enemigos del Estado. Los reportes de la agencia EFE indican que el destino de los excarcelados nicaragüenses sigue siendo incierto, especialmente para quienes se enfrentan a procesos de deportación o aún no han conseguido un estatus legal definitivo en Estados Unidos.

La declaración del grupo de expresos finaliza con la solicitud directa a las autoridades estadounidenses para que reconsideren la situación de Marvin Castellón Ubilla y otorguen asilo político a los exiliados nicaragüenses. Hasta el momento, no se han anunciado decisiones oficiales sobre su caso ni sobre posibles medidas adicionales para el resto de los desterrados de Nicaragua.