La inteligencia artificial cambia la forma de litigar: el nuevo desafío de la Justicia

La discusión sobre inteligencia artificial en la Justicia comienza por una pregunta inevitable: ¿hasta dónde puede llegar?

¿Podrá reemplazar tareas que hoy realizan abogados o jueces? ¿Intervenir en la construcción de una estrategia? ¿Participar incluso en decisiones que hasta ahora considerábamos exclusivamente humanas?

La discusión ya no pertenece solamente al futuro. Existen sistemas capaces de analizar casos, identificar precedentes, proponer soluciones y automatizar determinadas tareas jurídicas. Pero hay una transformación más inmediata: la IA ya puede cambiar concretamente la forma de litigar.

En causas complejas, el problema ya no es solamente acceder al expediente, sino dominarlo: reconstruir, relacionar y utilizar su información a tiempo.

El avance del sistema acusatorio, con mayor oralidad y protagonismo de las audiencias, vuelve esa cuestión especialmente relevante. La oralidad y la inmediación permiten al juez escuchar directamente a las partes y la prueba. La IA no sustituye esa experiencia.

Puede hacer otra cosa: controlar y relacionar la enorme cantidad de información que esas audiencias producen. Hoy esa información se distribuye entre audiencias, resoluciones, pericias, documentos, comunicaciones y declaraciones. Nunca hubo tanta información disponible y, al mismo tiempo, puede resultar difícil controlar integralmente determinados expedientes. El riesgo es que el volumen oculte aquello que jurídicamente importa.

Una herramienta configurada para trabajar sobre información determinada puede reconstruir qué sostuvo la fiscalía al comienzo, cómo evolucionó una imputación, qué prueba se incorporó y qué declararon los testigos. Puede relacionar afirmaciones separadas por meses, ordenar cronologías o localizar un planteo. Procesa información a otra escala y velocidad; el abogado aporta criterio jurídico, contexto, estrategia y responsabilidad.

El expediente seguirá siendo uno, pero sobre él puede construirse una segunda capa de análisis y control basada en fuentes verificables. No es otro expediente ni otra prueba: es una forma distinta de trabajar sobre el expediente real.

Su utilidad tampoco comienza después de una sentencia. Si durante el proceso detecta una modificación relevante de la imputación, una contradicción entre declaraciones o una diferencia entre una pericia y lo afirmado en audiencia, el abogado puede volver a la fuente y decidir qué hacer. En litigación penal no alcanza con descubrir un problema: hay que detectarlo a tiempo.

Incluso puede controlar al propio abogado: advertir que un testigo contradice una premisa propia, que una prueba debilita un argumento o que una cuestión no fue preservada. La tecnología resulta especialmente útil cuando permite poner a prueba el propio razonamiento antes de que lo haga la contraparte.

Las partes también pueden utilizar estas herramientas sobre el material al que tienen legítimo acceso: registros de audiencias, declaraciones, informes, pericias o documentos. La IA puede ordenar y relacionar esa información. Si detecta una contradicción, una omisión o un planteo relevante, el abogado deberá volver siempre a la fuente oficial. Con información reservada o datos sensibles, los recaudos necesariamente son otros.

La defensa ofrece el fundamento constitucional más intenso. Las garantías no cambiaron; cambió la escala material sobre la que deben ejercerse. Si el volumen vuelve imposible procesar la información a tiempo, el acceso formal puede resultar insuficiente. No se trata de reconocer un derecho a utilizar IA, sino de advertir que la digitalización modifica las condiciones en que una garantía preexistente debe hacerse efectiva.

La cuestión adquiere otra dimensión al llegar a una impugnación. Desde “Casal”, la Corte Suprema exige el máximo esfuerzo por revisar todo aquello susceptible de revisión en una sentencia condenatoria. ¿Qué ocurre cuando la magnitud de la información dificulta ese control?

La IA puede localizar una omisión, una contradicción o una atribución incorrecta. Pero el agravio nunca debería ser “lo dijo la IA”. El abogado debe volver al registro oficial, verificar qué ocurrió y construir jurídicamente el planteo. La IA puede indicar dónde mirar; la fuente continúa siendo el proceso.

También puede cambiar la escala del trabajo jurídico. Ante expedientes voluminosos, los grandes estudios tuvieron la ventaja de disponer de más abogados. Un equipo que utilice estas herramientas bajo control profesional puede procesar información que antes exigía muchas más horas de trabajo humano. No equipara capacidades, pero puede reducir ventajas de escala.

Esa transformación plantea un problema de igualdad. Dos defensas pueden acceder al mismo expediente y tener capacidades muy distintas para comprenderlo y utilizarlo. Si estas herramientas se vuelven relevantes para una defensa efectiva, la igualdad de armas deberá considerar también la desigualdad informacional y el acceso de las defensas públicas.

La incorporación de estas herramientas exigirá reglas claras sobre seguridad, confidencialidad, trazabilidad y acceso. También existe el riesgo de una respuesta verosímil pero equivocada. Por eso la comprobación contra la fuente original sigue siendo indispensable. Cuanto más potente sea la herramienta, mayor debe ser el control profesional.

Pero hay una discusión que empieza a quedar atrás: si la inteligencia artificial ingresará o no al trabajo jurídico. La cuestión ya no es si será utilizada, sino cómo, para qué, hasta dónde y bajo qué responsabilidad.

La misma transformación alcanza al juez. En expedientes voluminosos, la IA puede ordenar actuaciones, reconstruir cronologías, relacionar prueba, identificar precedentes e incluso proponer posibles respuestas.

Eso no convierte al sistema en juez. La valoración, los fundamentos y la responsabilidad por la decisión siguen siendo del magistrado. Pero tampoco tendría sentido negar que la tecnología puede intervenir cada vez más profundamente en el camino que conduce a esa decisión.

Uno de los avances más importantes será precisamente poder procesar más información en menos tiempo. Para abogados y jueces, eso puede significar detectar antes un problema, analizar mejor un expediente y acelerar decisiones que hoy demandan días o semanas de trabajo.

Esa reducción de tiempos no es solamente una cuestión de eficiencia. Puede traducirse en respuestas judiciales más rápidas para personas que muchas veces esperan meses o años una decisión. La inteligencia artificial no garantiza una resolución justa, pero puede contribuir a que llegue antes y con más información disponible.

Quizás uno de los primeros obstáculos sea cultural. Abogados, fiscales y jueces tendrán que distinguir entre utilizar la IA como asistencia —incluso para explorar alternativas o posibles respuestas— y desplazar hacia el sistema la decisión y la responsabilidad que corresponden al profesional o al magistrado. Descartarla por sus riesgos puede ser tan equivocado como utilizarla sin comprenderlos.

La ventaja no será del abogado que más utilice inteligencia artificial, sino del que mejor sepa qué preguntarle, qué verificar y qué hacer jurídicamente con lo que encuentre.

La IA también puede intervenir en la construcción de una estrategia jurídica. Puede proponer alternativas, detectar caminos no considerados o poner a prueba una decisión.

Pero elegir el camino sigue siendo responsabilidad del abogado.

La inteligencia artificial podrá detectar una contradicción en segundos. El abogado deberá comprender si importa, decidir cuándo plantearla y asumir las consecuencias.

Porque litigar nunca fue solamente encontrar información. Fue saber qué hacer con ella.

El autor de esta nota es abogado. Posgrado en Derecho Procesal Penal. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales.

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