Nueva agenda para el trabajo registrado: impacto de la flexibilización y sectores clave

La informalidad laboral se mantiene como una de las mayores asignaturas pendientes para la economía argentina. Según el último dato del Indec, el 43,2% de los trabajadores no cuenta con aportes ni cobertura social, la cifra más alta desde 2008. Esta estadística revela que seis de cada diez jóvenes y tres de cada diez adultos no se encuentran registrados.

Ante este panorama, el Gobierno plantea una reforma orientada a disminuir la informalidad y estimular la creación de empleo registrado. Lejos de significar un retroceso en materia de derechos, la flexibilización apunta a incentivar la generación de puestos sostenibles. El desafío resulta enorme, pero representa una condición indispensable para impulsar el crecimiento económico.

La escasa capacidad del mercado de trabajo para generar empleo formal, incluso durante ciclos de expansión, responde a factores estructurales. Entre los más relevantes se encuentra la elevada presión impositiva: Argentina figura entre los tres países con mayor carga tributaria sobre el empleo.

Los aportes personales y las contribuciones patronales representan el 34,6% del costo laboral total, un porcentaje considerablemente superior al 21,6% promedio de la OCDE. En términos comparativos, emplear en blanco en Argentina cuesta casi un 60% más que en las economías desarrolladas.

Este diferencial, junto a la ausencia de previsibilidad regulatoria y los costos derivados de la conflictividad laboral, desalienta la contratación formal y obliga a las pyme -principales generadoras de trabajo- a operar en la informalidad o recurrir a opciones más flexibles.

Como consecuencia, predomina un mercado dual: una minoría registrada sostiene al resto de la economía, con efectos adversos sobre la productividad, los ingresos y la estabilidad del sistema.

Disparidad regional, sectorial y por tipo de contratación

Las disparidades regionales agravan la problemática. En la Patagonia se observan las tasas más bajas de empleo no registrado, mientras que en el Noroeste y Noreste el porcentaje supera el 48 por ciento.

Por sectores, la construcción y el trabajo doméstico presentan los mayores índices de informalidad, con tres de cada cuatro ocupados sin aportes.

El aumento del número de monotributistas constituye un reflejo de la informalidad encubierta. Durante los últimos trece años, esta categoría creció un 65%, frente a un incremento de apenas 3% en el empleo privado registrado. De los dos millones de nuevos puestos formales creados en ese lapso, el 85% corresponde al sector público y al monotributo, mientras que solo el 9% pertenece al sector privado.

Esta composición genera una presión adicional sobre el sistema previsional y marca una tendencia preocupante: la mayoría de los nuevos empleos se concentra en modalidades con menor aporte contributivo.

Se requieren 27 monotributistas para igualar los aportes de un trabajador en relación de dependencia y los ingresos de los registrados cubren apenas el 70% de los gastos jubilatorios.

La combinación de productividad baja, alta carga fiscal y brechas regionales conforma el núcleo del problema estructural. Superar este escenario exige más que una reforma legal: se necesitan cambios en los incentivos económicos para que las empresas puedan crecer y contratar en blanco, sin trasladarles un sobrecosto insostenible ni perder competitividad.

La creación de empleo formal, además de hallarse condicionada por los factores estructurales, depende del ritmo de crecimiento económico y del modo en que esa expansión se traduce en nuevos puestos. Este vínculo se conoce como elasticidad empleo-PBI.

En economías como la argentina, la ocupación registrada evidencia baja sensibilidad al PBI en el corto plazo; sin embargo, a largo plazo, el empleo resulta más procíclico: las expansiones sostenidas aceleran la contratación y fortalecen la relación entre crecimiento y trabajo.

Por ejemplo, si la economía creciera 4% el primer año, 3,5% el segundo y 3% los tres restantes, con una elasticidad que evoluciona de 0,4 a 0,75, podrían generarse más de 1,1 millones de nuevos puestos registrados en cinco años. Al inicio, la reacción sería moderada (1,2 a 1,6% anual), pero, a medida que el crecimiento se consolida, la generación de empleo podría duplicarse.

Este comportamiento muestra que la reforma de la legislación laboral solo mostrará resultados concretos si se acompaña de crecimiento sostenido. Incluso con una expansión moderada, la economía argentina tiene la posibilidad de recuperar la creación de empleo formal de manera consistente.

El éxito de la modernización laboral dependerá, en última instancia, del aporte sectorial para ampliar el trabajo registrado. La construcción, la agroindustria, la energía, la economía del conocimiento y la industria manufacturera podrían generar, con incentivos apropiados, hasta 250 mil nuevos empleos formales por año.

La reforma laboral debe entenderse como una herramienta destinada a promover la inversión y la formalización, no como un objetivo político ni como un recorte de derechos. La articulación efectiva entre reforma, crecimiento y empleo define la posibilidad de una transformación estructural que reconstruya los cimientos del trabajo formal y proyecte un país más próspero.

El autor es Analista Económico y director de Focus Market