
El Gobierno ha centrado sus esfuerzos en combatir la inflación -un problema histórico para la Argentina- y logró reducir la tasa mensual del 26% en diciembre de 2023 al 2% en la actualidad.
Este logro fue posible a partir de una política económica focalizada en la reducción del déficit fiscal, una decisión pertinente en la historia reciente del país. Exceptuando el período de Convertibilidad, desde 1946 la inflación fue alimentada repetidamente por el financiamiento monetario del desequilibrio fiscal.
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Más que buscar adivinar el tipo de cambio óptimo, la prioridad debe residir en mantener una sólida situación fiscal. Esa disciplina es el verdadero ancla nominal a corto y largo plazo para impedir un nuevo desborde inflacionario, ya que impide una emisión monetaria descontrolada.
Más que buscar adivinar el tipo de cambio óptimo, la prioridad debe residir en mantener una sólida situación fiscal
La continuidad de este orden fiscal depende, sin embargo, de contar con respaldo legislativo suficiente; por ello resulta fundamental reconstruir la coalición en el Congreso que se fragmentó este año. El consenso político es lo que otorga solidez y credibilidad a las decisiones económicas adoptadas.
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Resulta poco saludable que la administración nacional dependa de otra ancla nominal, como el tipo de cambio. Destinar USD 22.000 millones para defender la cotización de $1.475 pesos por dólar -como ocurrió previo al respaldo del gobierno del presidente Donald Trump y el Tesoro de los EE.UU.- es una maniobra riesgosa. Supone replicar errores del 2001 o de 2018 al emplear todas las reservas. Con una volatilidad propia de períodos electorales, es imposible definir con exactitud el valor correcto de la moneda, máxime cuando inciden factores políticos inciertos.

En 2018, el gobierno intentó domar el incremento de precios a través del control de los agregados monetarios más restrictivos. Sin embargo, pensar que la inflación en la Argentina es únicamente un fenómeno monetario es una visión limitada. La resistencia de los precios a reducirse rápidamente provocó el cambio de metas inflacionarias de un 10% anual a 15% en diciembre de 2017.
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La credibilidad de cualquier regla depende, en definitiva, de los fundamentos económicos: el problema del déficit no había sido resuelto. Cuando los mercados internacionales de crédito se cerraron y se agotaron los fondos provistos por el FMI, el plan de estabilización colapsó. Es decir, controlar la cantidad de dinero a corto plazo acudiendo a deuda puede comprometer el futuro fiscal y obstaculizar una baja inflacionaria sostenida.
Controlar la cantidad de dinero a corto plazo acudiendo a deuda puede comprometer el futuro fiscal y obstaculizar una baja inflacionaria sostenida
A comienzos de 2001, con los mercados internacionales cerrados pero aún con respaldo de organismos multilaterales, se generó una división dentro del gobierno: el Banco Central propuso la inmovilización de los depósitos para lograr una reestructuración ordenada y el Ministerio de Economía quiso sostener la convertibilidad.
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Este debate remite a crisis previas asociadas a la “Caja de Conversión” entre 1890 y 1935, cuando ante salidas masivas de capitales se permitió la flotación del tipo de cambio sin que ello desatara una crisis inflacionaria. El regreso a un sistema convertible fue posible al mejorar las condiciones externas.
En 2001, el intento de preservar la convertibilidad llevó a utilizar bonos depreciados a cambio de activos bancarios y fondos previsionales, una estrategia que debilitó el respaldo de los depósitos y complicó futuras negociaciones ante el default.
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La experiencia indica que permitir la flotación del tipo de cambio no necesariamente lleva al caos nominal, siempre que se mantenga la disciplina en dos frentes centrales:
- Sostener el equilibrio fiscal garantiza que la cantidad de dinero no escape de control y proporciona una ancla nominal sólida.
- Es indispensable reconstruir y preservar un amplio consenso político enfocado en mantener esa política fiscal en el tiempo, dotando al programa económico de la credibilidad que requiere. Esa credibilidad es decisiva porque, en la Argentina, la inflación tiene raíz fiscal.
El sostenimiento del orden financiero del Estado y la recomposición de acuerdos políticos son esenciales para evitar errores del pasado y preservar la estabilidad del país ante desafíos cíclicos.
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El autor es Economista y profesor en Universidad del Cema. Estos puntos de vista son personales, no representan la posición de Ucema
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