Coparticipación: el acta de defunción del federalismo

La reciente media sanción en la Honorable Cámara Diputados de la Nación del proyecto de modificación de la distribución del Fondo de ATN significa la introducción de un nuevo parche a un federalismo ficticio que, bajo la justificación del federalismo posible o realista, disfraza y consagra el unitarismo desde hace décadas vigente.

La persistente puja distributiva entre nación y las provincias deja claramente al desnudo la tergiversación y fragilidad de nuestro sistema federal. Un federalismo que se vio desnaturalizado, con posterioridad a su consagración en 1853, por un largo y sistemático proceso de concentración y absorción de las autonomías provinciales por parte del gobierno nacional, desdibujando el equilibrio subyacente a la figura de unidad federativa bosquejada por Alberdi.

Transitamos de un diáfano y sencillo sistema de división de fuentes tributarias, instaurado sabiamente por los constituyentes de 1853, en el que la nación cobraba básicamente un único impuesto y las provincias los restantes -en un marco de sana competencia-, a uno en el que la nación y las provincias aplican más de un centenar de impuestos merced al engendro de la coparticipación, constitucionalizado en 1994, que sustanció el persistente avance de la Nación sobre las potestades tributarias provinciales.

La coparticipación ha materializado una relación injusta, discrecional y de subordinación de las provincias hacia la administración nacional. Tal como premonitoriamente lo afirmaba, en 1932, el entrerriano Eguiguren en el marco debate en el Senado de la Nación de la Ley N° 11586 sobre el impuesto a los réditos: No hay nada más corruptor que la pobreza Las provincias se convierten en mendigas por la situación de pobreza en que las coloca el gobierno central cuando les quita las rentas.

El resultado del nefasto sistema de coparticipación fue la institucionalización de un estado nacional macrocefálico, provincias que gastan irresponsablemente más de lo que generan y provincias que reciben menos de lo que aportan, como es el caso de la siempre rezagada provincia de Mendoza que se ve obligada a sustentar el irresponsable despilfarro financiero de algunos caudillos.

Ante este escenario, el presidente ha invitado a los gobernadores a dejar de enmendar nuestro federalismo cosmético e invariablemente transitorio, y a dar una discusión de fondo a los efectos de poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias y de devolverles su autonomía fiscal.

Y, particularmente, desde el centenario Partido Demócrata de Mendoza, tal como lo hicieron nuestros constituyentes en la Convención de 1994, sobre la base de una visión profundamente liberal y federalista, consideramos que el único camino posible para evitar la tendencia al centralismo fiscal y asegurar la libertad y responsabilidad de las provincias es el de la eliminación de la coparticipación y el retorno al modelo federal alberdiano institucionalizado en 1853. Cada provincia debe sustentarse de lo que recaude. Tal como sostenía Edmundo Correas, un ilustre historiador mendocino, la insistencia en el sistema federal no es un capricho ni antojo provinciano, sino el cumplimiento de un mandato histórico: es la necesidad de ser dueños de nuestra propia casa.