La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, liderada por Mireya Agüero, anunció que el país ha iniciado un proceso de reposicionamiento en el ámbito internacional, implementando una política exterior definida como “pragmática” y participando de manera activa en más de 35 países y organismos multilaterales.
Agüero explicó que este enfoque está orientado a fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales con actores clave, entre ellos Estados Unidos, Japón, España, México, Brasil, Canadá, India y la Unión Europea, con el propósito de mejorar la inserción hondureña en la agenda global.
En la esfera regional, la Cancillería ha respaldado el fortalecimiento del sistema de integración centroamericana, conforme al Protocolo de Tegucigalpa, y subrayó que un hondureño fue designado a la cabeza de la Secretaría del Sistema de Integración Económica Centroamericana.
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Reordenamiento institucional
Uno de los ejes expuestos por la Cancillería es la reorganización del servicio exterior y la red consular. Como parte de la estrategia, se solicitó a embajadores y funcionarios poner sus cargos a disposición del Ejecutivo mientras se realizaba una auditoría interna.
Según datos oficiales, el análisis identificó una carga aproximada de 15 millones de lempiras mensuales en contrataciones consideradas irregulares o supernumerarias, lo que llevó a ajustes graduales, eliminación de planillas e implementación de controles financieros más estrictos.
Las autoridades aseguran que estas medidas no interrumpieron los servicios consulares y que, de modo progresivo, se han nombrado representantes en países como Estados Unidos, México, Francia y Costa Rica.
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En materia consular, la Cancillería informó que ha impulsado acciones para mejorar la atención a hondureños en el exterior y a migrantes retornados, incluyendo la reactivación de los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR), la resolución de casos de repatriación y la prestación de servicios de legalización de documentos a más de 84 mil personas.
También se han puesto en marcha iniciativas como el “Consulado Virtual” y la coordinación con el Registro Nacional de las Personas para la entrega del Documento Nacional de Identificación en el extranjero.
Estas acciones se desarrollan en un contexto complejo, caracterizado por el aumento de deportaciones y la incertidumbre migratoria, lo que genera interrogantes sobre la capacidad institucional de atender la demanda y brindar protección efectiva a gran escala.
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Cooperación internacional y proyectos en marcha
La Cancillería mencionó la movilización de recursos de cooperación internacional que, según cifras oficiales, superan los USD 797 millones en los primeros meses de gestión. Estos fondos están destinados a proyectos de agua potable, seguridad alimentaria, salud y prevención de la violencia.
Entre los acuerdos figura un proyecto con Japón para mejorar el sistema de abastecimiento de agua en Tegucigalpa y Comayagüela, además de diversas iniciativas con organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos.
Aunque estos anuncios marcan una agenda activa en materia de cooperación, analistas señalan que el desafío central está en la ejecución efectiva de los proyectos y en su impacto tangible en las comunidades beneficiadas.
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En el plano diplomático, Honduras ha participado en espacios regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y ha sostenido reuniones bilaterales con varios países para tratar temas de comercio, seguridad y migración.
Asimismo, se han establecido vínculos con organismos como la Organización de Estados Americanos y agencias del sistema de Naciones Unidas, en áreas relacionadas con derechos humanos, seguridad y desarrollo.
Legalidad y revisión de normativas
En cuanto a la revisión normativa, la Cancillería declaró nulo un reglamento de pasaportes aprobado en 2025, restableciendo disposiciones previas y ordenando la cancelación de documentos emitidos bajo ese marco legal.
También se han anulado resoluciones vinculadas al escalafón diplomático que fueron emitidas sin cumplir los procedimientos legales exigidos, como parte del proceso de depuración interna.
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