Un nuevo escándalo judicial sacude a Maxi López, esta vez lejos de las canchas y del mundo del espectáculo, y mucho más cerca de la vida cotidiana y los problemas de cualquier propietario. El conflicto, revelado en Puro Show (El Trece), lo enfrenta a una abogada de La Plata que fue inquilina de su lujoso departamento en el piso 35 del Chateau Libertador, el mismo edificio donde vive Wanda Nara. Lo que comenzó como un acuerdo de alquiler impecable, con pagos puntuales y un trato cordial, terminó en denuncias cruzadas, reclamos millonarios, sospechas de evasión fiscal y un departamento convertido en campo de batalla.
La historia, reconstruida por Fernanda Iglesias y el equipo del ciclo, empezó en 2020 cuando Maxi alquiló el departamento a una mujer y su familia por tres años. El contrato se manejaba a través de la madre de Maxi, María Concepción Rojas, apoderada y encargada de administrar los bienes del exfutbolista. Durante ese tiempo, las cosas funcionaron a la perfección: los primeros dieciocho meses se pagaron tres mil dólares mensuales en efectivo, los siguientes dieciocho, tres mil quinientos.
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Hasta noviembre de 2023, el diálogo entre inquilinos y propietarios era cordial, casi familiar. Los chats aportados a la causa muestran mensajes de buena onda, cafés compartidos y agradecimientos. Pero a medida que se acercaba el final del contrato, la tensión empezó a crecer. En noviembre, la inquilina le avisó a Maxi que no renovaría y entregaría la propiedad en febrero, luego de pasar enero en una quinta. El acuerdo, aunque solo de palabra, era claro: la familia se mudaría el 14 de febrero.

En diciembre, la madre de Maxi y la inmobiliaria inspeccionaron el departamento y no detectaron problemas. Pero el 15 de febrero, tras la mudanza, la situación cambió drásticamente. En ese momento encontraron el departamento “hecho un desastre”: pisos rayados, anafes rotos, azulejos agujereados, cocina sucia, electrodomésticos dañados y la tela del tapizado del palier despegada. “Cuando van al departamento ya vacío, dicen: ‘Esto está hecho un desastre, está todo mal’. López furioso, me rompieron el anafe, agujerearon los azulejos, hay que arreglar todo”, detalló Iglesias.
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Ante ese panorama, Maxi decidió no devolver el depósito de garantía de unos siete mil dólares y se puso a reparar el inmueble. Según su versión, los arreglos costaron cerca de 100 mil dólares. “Se ponen a arreglar el departamento, febrero, marzo, abril y en mayo terminan de reparar todo y gastan como 90 mil dólares”, contó la periodista. La lista de arreglos incluyó trabajos de plomería, carpintería, cambio de electrodomésticos, pulido de pisos y más. Para protegerse, López llevó un escribano público para constatar el estado del inmueble y armó una denuncia por daños, perjuicios, daño moral y privación de uso, reclamando más de 140 millones de pesos, aproximadamente 120 mil dólares.

El panel de Puro Show puso en duda la magnitud de los daños. “90 mil dólares es muy raro”, opinó Matías Vázquez, mientras Pochi remarcó que algunos daños parecen desgaste natural y otros, producto de mal uso. Iglesias sostuvo que la justicia deberá determinar, mediante peritaje, si hubo negligencia o si son fallas propias del paso del tiempo y el uso habitual.
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Pero la polémica no terminó ahí. Mientras López avanzaba con su denuncia, la inquilina respondió con una contrademanda: exigió la devolución del depósito, el pago de impuestos inmobiliarios y expensas extraordinarias (que según la ley corresponden al propietario), y denunció que durante el verano López usó el departamento mientras aún lo tenía alquilado. “Hay un chat donde la mamá de Maxi dice: ‘Maxi se fue ayer, así que vengan y empiecen a organizar la mudanza’. O sea que Maxi López estuvo viviendo ahí”, subrayó Iglesias. Hay cámaras de seguridad y recibos del restaurante del edificio que, según la defensa de la denunciante, prueban que Maxi y su hijo Valentino ocuparon la propiedad en enero y parte de febrero.

Ambos, López y la abogada, pidieron el “beneficio de litigar sin gastos”, un recurso reservado para quienes no pueden afrontar los costos del juicio, lo que generó indignación en el panel considerando la imagen pública y los bienes del exfutbolista.
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El expediente, que tramita en el Juzgado N° 47 de Juan Pablo Lorenzini, enfrenta denuncias cruzadas por sumas millonarias y una larga lista de pruebas: fotos, chats, recibos y testimonios. El exdeportista reclama más de 140 millones de pesos entre gastos y multas, mientras que la inquilina exige la devolución del depósito y el reconocimiento de los pagos extra realizados. La justicia deberá determinar qué daños son reales, cuáles son parte del uso normal, si existió mala fe o abuso de confianza, y quién debe asumir los costos.
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