Transparencia para conocer y libertad para exigir una mejor educación

Los padres tienen derecho a saber cómo están funcionando las escuelas a las que envían a sus hijos. Sin embargo, el artículo 97 de la Ley 26.206 de Educación Nacional lo impide, pues establece que “la política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”.

Es claro que esta disposición bloquea la posibilidad de publicar los resultados de las pruebas estandarizadas —como Aprender— desagregados por escuela, negándoles a las familias la información más básica para ejercer su derecho a exigir educación de excelencia para sus hijos.

A lo largo de los años he publicado numerosas notas sosteniendo que esta absurda prohibición debe ser derogada; el art. 97 debe ser modificado. He desarrollado estos argumentos con profundidad en mi libro 5 Leyes para el Renacimiento de la Educación Argentina. Hoy los padres están a ciegas: no saben si la escuela a la que envían a sus hijos logra que aprendan, mejora con el tiempo o retrocede.

Por cierto, el 27 de diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei incluyó en el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos el artículo 549, el cual sustituye el artículo 97 de la Ley 26.206 por el siguiente: “… La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, en el marco de la legislación vigente en la materia. Los padres y los docentes tendrán acceso a la información que les permita tomar decisiones a fin de mejorar la educación de sus hijos y alumnos”.

El texto que precede al proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, explicitaba: “Se impulsan cambios en el sistema educativo, con un examen integrador al finalizar la educación secundaria, y la posibilidad que los padres puedan tener conocimiento de las notas de sus hijos, y de cómo estas y las de su colegio comparan con las del resto del país”. Lamentablemente, como tantas otras veces en nuestra historia reciente, una buena idea quedó, como tantas veces, en el olvido.

El argumento usual para mantener esta opacidad es el temor a la “estigmatización” de escuelas o docentes. Pero en los hechos, lo que protege la norma es el statu quo. Ocultar los datos impide comparar, reconocer buenas prácticas, identificar falencias y orientar mejoras. Pero, sobre todo, impide a las familias —y muy especialmente a las que menos recursos tienen— tomar decisiones conscientes sobre el futuro de sus hijos y exigir la excelencia educativa a la que todo niño merece acceder.

Los padres no deben ser súbditos del sistema y mucho menos de los sindicatos docentes; son los primeros responsables y aliados de la educación de sus hijos. No se trata de construir rankings arbitrarios ni de sancionar. Se trata de empoderar a las comunidades educativas, de brindarles herramientas para conocerse a sí mismas y mejorar. Se trata de reconocer el esfuerzo de los docentes y directivos que, muchas veces en contextos adversos, logran avances significativos. Y, sobre todo, se trata de devolverles a los padres el rol que nunca debieron perder en la educación de sus hijos, conforme el sistema se fue burocratizando.

Hoy, más de la mitad de los estudiantes de tercer grado no comprende adecuadamente lo que lee. Esta realidad, que debería encender todas las alarmas, permanece en gran parte oculta. Porque, aunque las evaluaciones existen, los datos que podrían impulsar una transformación están encerrados en un laberinto legal al que no acceden quienes deberían ser los principales interesados: los padres de familias cuyos hijos concurren hoy a nuestras escuelas.

Hace pocos días, el presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025, que incluye a la educación de niveles inicial, primario, secundario y especial como servicio esencial. La medida establece la obligación de garantizar una prestación mínima del 75% en caso de huelgas o conflictos laborales, y marca un antes y un después en la educación argentina.

Modificar el art. 97 sería un nuevo paso hacia un cambio de paradigma en beneficios de los niños y jóvenes que menos tienen y más necesitan.

Porque la libertad no es solo una consigna: es una condición para construir una sociedad mejor. Y en educación, comienza por respetar el derecho de cada familia a saber, a comparar, a exigir y a elegir. Porque donde hay transparencia, hay libertad. Y donde hay libertad, hay futuro.