La problemática del hacinamiento de presos en las comisarías porteñas

Desde hace unos meses, las defensorías públicas de la Nación y de la ciudad de Buenos Aires vienen litigando para poner fin al hacinamiento de personas detenidas en las comisarías porteñas. Si bien el aumento desproporcionado de presos es la repetición de un fenómeno con el que ya convivimos en muchas partes del país, el hecho de que en la ciudad autónoma sea una realidad reciente, habilita una nueva reflexión.

Es inevitable relacionar la cantidad de detenidos con el miedo al delito. Cada noticia de una víctima acuchillada, arrastrada para robarle un celular o golpeada hasta darle muerte, se vuelve un multiplicador de temores, alimenta la idea insoportable de que le pueda pasar a cualquiera en lugares cada vez más próximos. Aparecen así, como el chapulín colorado, políticas de mano dura, de palo y a la bolsa, desplegando medidas que suponen que una respuesta más fuerte debiera traer mayor seguridad y que nos permitiría circular por la ciudad sin miedos o llegar a nuestras casas sin el reflejo de mirar hacia atrás por si acaso un desconocido se nos acercara.

Esta idea de aniquilar al delito mediante más y más castigo ignora toda una serie de investigaciones de campo que dan cuenta de razones y entramados diversos (negligencia, corrupción, estructuras ineficientes) que explican cómo funcionan ciertas redes delictivas y que requieren de respuestas algo más complejas (y factibles) que la sola represión. En su lugar, se pone en funcionamiento una respuesta en bloque que no admite matices, no discrimina lo grave de lo que no lo es, y ofrece una imagen distorsionada según la cual aquél que termina tras las rejas siempre representa un riesgo. Desde ese “afuera” se cree que toda persona detenida es un probable asesino o violador que volverá a delinquir. Con esa lógica, la ecuación es fácil y el resultado siniestro: cada vez hay más detenidos en espacios donde ya no entran más personas. Si no fuera trágico, se podría pensar en la imagen de los empujadores en las estaciones del subte de Tokio, haciendo fuerza sobre manos, espaldas y piernas de pasajeros para que ingresen dentro de un vagón explotado.

La cantidad de detenidos en las dependencias policiales (que han sido operativamente preparadas para alojar personas solo momentáneamente), ha ido en aumento al punto tal que donde había 100 personas hace tres años, hoy hay más de 1400 y se calculan unos 2000 para fin de año. Las resoluciones judiciales y los escritos de la defensa pública registran, por ejemplo, 31 personas donde el cupo es de 12, comisarías con el doble de alojados o, en un caso extremo, 35 en un espacio para 2; centros de detención que se han vuelto jaulas donde permanecen presas con padecimientos psiquiátricos, con enfermedades oncológicas, sarna o HIV, todas amontonadas por diversas seccionales policiales de la capital. Celdas sin baño, de donde cada detenido es sacado una vez por semana para darle una ducha; donde no hay agua caliente o, en algún caso, deben evacuar y bañarse dentro de la celda con un balde suministrado por personal policial. Personas que pueden pasar meses en esas condiciones en encierro absoluto, en lugares sin luz natural, comida escasa y sin circulación de aire, en espacios donde, a veces, ni siquiera hay un colchón por persona. Como los lugares para mujeres son limitados, algunas terminan “alojadas” en los propios móviles, esposadas, o en lugares de detención para varones. Ha habido motines, víctimas de abusos sexuales, violencia que los propios policías no están en condiciones de controlar porque no fueron preparados para ser guardiacárceles, si es que existe preparación para serlo en estas condiciones. La transformación de seccionales en lugares de detención permanente, además de afectar la función policial que por definición debe gestionar el conflicto fuera de las comisarías, degrada a los propios policías, sometiéndolos a un trabajo indigno.

¿Cómo es que hemos llegado a esto? ¿Hasta dónde aceptamos llegar? A veces pareciera que la idea no es en verdad terminar con el crimen, sino ser impiadoso con quien comete un delito porque se ha transformado en un ser despreciable (y con él, someter al policía a quien se asigna la tarea diaria de custodia de personas en esas condiciones). Hay quien pudiera pensar que los crímenes más atroces deben ser respondidos de la manera más atroz, que termina siendo la única y permite a quien la sostiene proyectar una imagen distorsionada sobre cualquier persona que esté detenida. Una mancha que contagia al que la porta y lo vuelve monstruoso. No importa si cometió un homicidio o rompió una vidriera.

Así llegamos a lo que hoy ocurre en la ciudad; en un contexto en el que parte de la energía se consume en la discusión sobre quién es el responsable: si la ciudad, la nación o el servicio penitenciario federal. Somos más rápidos para asignarnos culpas que para modificar la realidad.

Hoy, repartidas por las comisarías de toda la ciudad, cada vez más personas detenidas viven en condiciones que se deterioran día a día. Mientras vamos a un cine, sacamos a pasear a nuestra mascota o tomamos una cerveza en la vereda de un bar ahora que la primavera está tan cerca; en ese mismo momento (ahora mismo, mientras se leen estas líneas) a una o dos cuadras de allí o en esa misma esquina hay personas viviendo en espacio ínfimos, celdas superpobladas sin luz exterior, enfermos psiquiátricos sin medicación, personas con sarna compartiendo un colchón o haciendo sus necesidades en un balde. Como si fueran dos mundos paralelos. Nada pretendemos saber quienes circulamos por la superficie de lo que ocurre del otro lado: separados por los centímetros del muro de una comisaría de barrio las imágenes son demasiado parecidas a las del infierno del Dante. Es difícil pensar que esta disociación no termine erosionándonos a todos.

Quizás sea cierto que no nos une el amor sino el espanto.