La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Provincia de San Juan” nos ofrece varios puntos para su análisis.
En primer lugar, garantizó la vigencia del principio republicano en la Provincia de San Juan y, si bien la decisión se limita al caso concreto, este principio lo irradia a todo el país.
A su vez, la Corte aseguró el federalismo argentino ya que no decidió sobre la conveniencia o la constitucionalidad de la cata magna provincial sanjuanina y su sistema electoral -amañado recientemente-, sino que resolvió que se cumpla de manera irrestricta.
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En este sentido, el tribunal evitó avalar la perpetuidad en el poder que había sido intentada mediante una rebuscada interpretación que finalmente no prosperó. En otras palabras, propició la periodicidad en los mandatos del gobernador y vicegobernador.
En concreto, la Corte Suprema resolvió que en la Provincia de San Juan se debe cumplir el límite de la cantidad de mandatos que su Constitución provincial permite, esto es tres mandatos consecutivos como máximo.
Las autoridades deben respetar la sentencia, y dado que el actual gobernador de la provincia no podrá ser candidato en el 2023, su agrupación política deberá proponer un candidato que lo sustituya, y la provincia de San Juan deberá confeccionar un cronograma electoral para finalmente elegir a sus autoridades.
Por último, se debe decir que el Presidente de la Nación también debe estar a la altura y respetar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la nación.
Recordemos que apenas la justicia dictó la medida cautelar que suspendió la elección originariamente pautada para el día 14 de mayo, el primer mandatario criticó la división de poderes en una inédita cadena nacional.
Respetar la sentencia de la Corte Suprema implica también dejar de presionar al Poder Judicial con el manejo de fondos y con los intentos de juicio político a un poder del Estado que garantizó la vigencia de la Constitución nacional.
Las instituciones deben ser tomadas en serio. El respeto a ellas, también.
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