La organización Amnistía Internacional pide a Bukele y Fils-Aimé garantías de derechos humanos en las operaciones en Haití

Las fuerzas armadas salvadoreñas desplegadas en Haití suman más de 2,000 efectivos, pero la gran mayoría no integra la misión de la ONU autorizada para combatir a las pandillas. Esa distinción, confirmada por Naciones Unidas, encendió las alarmas de Amnistía Internacional.

La organización exige a El Salvador y Haití que garanticen el respeto de los derechos humanos en toda la operación militar. El pedido llega en medio de una crisis que ya dejó cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre.

Amnistía Internacional exige garantías a Bukele y Fils-Aimé

“El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, deben garantizar que todas las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití respeten el derecho internacional de los derechos humanos”, declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional a través de un comunicado publicado por la organización.

Piquer remarcó que el compromiso del primer ministro haitiano de no tolerar violaciones “debe traducirse en garantías efectivas”. Según la directora, ambos gobiernos deben hacer público el acuerdo que ampara el despliegue.

También deben explicar cómo supervisan a las fuerzas desplegadas, qué reglas rigen el uso de la fuerza y ante quién rinden cuentas. Piquer añadió que la población debe poder denunciar posibles violaciones “sin temor a represalias”.

Amnistía Internacional reclama que los gobiernos de ambos países transparenten el acuerdo bilateral, definan las reglas de uso de la fuerza, establezcan mecanismos de rendición de cuentas y garanticen investigaciones independientes ante cualquier denuncia de abusos contra la población haitiana.

Una crisis humanitaria con miles de muertes

Piquer advirtió que “la población haitiana tiene derecho a vivir sin violencia y sin miedo”. Las operaciones de seguridad pueden agravar los riesgos para comunidades que ya enfrentan una profunda crisis humanitaria, en especial cuando se desarrollan cerca de viviendas, escuelas y hospitales.

La directora de Amnistía Internacional reclamó medidas efectivas para proteger la vida y la integridad de la población. También pidió prevenir desplazamientos forzados y garantizar el acceso a alimentos y atención médica.

“El uso de la fuerza debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, sostuvo Piquer. La protección de niñas y niños, incluidos quienes fueron reclutados por bandas armadas, exige personal capacitado en derechos humanos, protocolos específicos y atención especializada, según precisó.

Al menos 22.000 personas murieron en Haití desde 2021 a causa de la violencia callejera, de acuerdo con datos difundidos por The New York Times, diario estadounidense.

El paradero de los cuatro militares sigue sin resolverse

Piquer también reclamó esclarecer la suerte y el paradero de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre. “Si están en poder de una banda armada, deben ser liberados de inmediato y sin sufrir daño”, afirmó.

Los desaparecidos son técnicos de aviación que integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la misión multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Desaparecieron tras una emboscada en la zona de Santo, dentro de la comuna de Croix-des-Bouquets, a las afueras de Puerto Príncipe.

La Policía Nacional de Haití halló los restos calcinados del vehículo en el que viajaban los técnicos, aunque sin rastro de los hombres, según informó la agencia Associated Press. Antes de ese hallazgo, la GSF había recibido restos humanos sin identificar entregados por una organización humanitaria, una posibilidad que Bukele desmintió públicamente.

Piquer fue categórica: “La respuesta a la violencia de las bandas no puede reproducir los abusos y la impunidad que han marcado anteriores intervenciones en Haití”.

Dos misiones militares sin mando único

La organización exigió investigaciones prontas, independientes e imparciales ante toda denuncia de violaciones de derechos humanos. También reclamó que las personas sospechosas de responsabilidad penal enfrenten juicios justos y que las víctimas reciban reparación.

El reclamo se da en un escenario de superposición de fuerzas sobre el terreno. Según detalló el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Haití operan actualmente dos esfuerzos militares distintos y separados.

El primero es la GSF, que incluye alrededor de 100 soldados salvadoreños con apoyo logístico de Estados Unidos. El segundo es una misión bilateral que El Salvador acordó directamente con las autoridades haitianas para perseguir a las bandas responsables del secuestro de sus soldados.

Romain Le Cour, responsable del Observatorio de Haití en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, señaló que en el terreno conviven cinco estructuras distintas: la policía y el ejército haitianos, la GSF y una fuerza de tarea vinculada a la empresa de seguridad privada Vectus Global. “Cada una con su propio mandato y reglas, y sin un plan común”, advirtió.