El Poder Judicial atraviesa un fin de año complejo con varios sectores prácticamente paralizados

Inacción por paros gremiales, deterioro del salario, crisis en la obra social y la paralización del Consejo de la Magistratura son algunos de los elementos que se sucedieron durante el 2022 y que marcan este fin de año.

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Parte de la semi paralización que atraviesa el Poder Judicial se explica por los conflictos gremiales, que se agudizaron en el último trimestre de este 2022. El malestar del gremio tiene un argumento fuerte: si se tiene en cuenta que hay una inflación que ronda el 100% y el aumento del salario fue del 60%, la pérdida para los trabajadores del sector fue del 40 por ciento. A la par, el aporte jubilatorio aumentó del 12% al 18 por ciento.

En respuesta a esta situación el sindicato ha realizado varias medidas de fuerza; funcionarios, empleados e incluso jueces realizan paros todas las semanas o se declaran en rebeldía. Como consecuencia de este proceso de conflictividad, las quejas de los abogados van en aumento porque esta situación perjudica directamente el funcionamiento de los trámites judiciales, tanto de los ciudadanos como de las empresas.

Los judiciales también están enojados porque creen que durante los últimos 12 meses perdieron derechos que creían adquiridos. Por ejemplo, la reforma de la ley de jubilaciones especiales no sólo les quitó beneficios a los jueces, sino que obligó a muchos de ellos a adelantar su retiro. A la par, en muchos casos la Anses no les reconoce los haberes que les corresponden y deben iniciar juicios.

Quedaron en el aire además muchas quejas por la discusión sobre el Impuesto a las Ganancias. Si bien no prosperó la intención del oficialismo de que todos los jueces empiecen a tributar, se abrieron las puertas para un debate futuro y la mayoría de los bloques parlamentarios se expidieron a favor de la idea. Mientras tanto, los jueces nuevos que están obligados a pagar Ganancias exigen una respuesta del Consejo de la Magistratura.

La obra social de los trabajadores judiciales no pudo escaparles a los problemas. Las denuncias que se hicieron el año pasado siguen en trámite y aparecieron nuevas sospechas sobre la gestión del actual presidente del Directorio, Mariano Althabe, un hombre vinculado a Horacio Rosatti.

En la última semana se conoció una denuncia que quedó a cargo del fiscal Ramiro González, y se refiere nuevamente a un proceso de licitación de ambulancias con irregularidades. La situación, con denuncias penales de todo tipo, se da en el momento en que deberían asumir nuevos representantes del directorio, tanto de la Asociación de Magistrados como del gremio judicial. Algo nunca antes visto en la historia de la Obra Social.

Otro motivo de preocupación es la paralización del Consejo de la Magistratura. Desde que la Corte Suprema anunció que iba a dictar su fallo, en octubre de 2021, el Consejo no tuvo más actividad. Probablemente tampoco la tenga durante 2023. No hay concursos ni designaciones de jueces en un escenario que demanda respuestas urgentes. Las vacantes en los tribunales de todo el país llegan a un 30 por ciento. Incluso hay distritos como Rosario donde llegan al 40 por ciento.

También hay varios procesos acusatorios frenados. Un ejemplo es lo que sucede con el juez de Mendoza, Walter Bento, acusado de múltiples irregularidades y con un pedido de Pablo Tonelli para su remoción del cargo. Sin embargo, el magistrado se ve beneficiado por la falta de actividad del Consejo.

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