Los pilares contra la pobreza estructural

La Argentina tiene un elevadísimo nivel de pobreza estructural que no ha logrado reducir en los últimos 40 años. Los datos disponibles, a través de la EPH del Indec, y mediciones privadas, como el ODSA-UCA y otras fuentes confirman este diagnóstico, si bien con diferencias en niveles por cuestiones metodológicas, y sobre todo, por el “apagón estadístico” del Indec entre 2007 y 2015.

Los picos de pobreza se dieron a fines de 1989 y durante el 2002, es decir, en los peores momentos de crisis económicas combinadas con notables subas de la inflación. Esos saltos puntuales luego se revirtieron parcialmente en la medida en que la economía fue superando esas crisis.

En 2020 se dio otro pico de pobreza provocado por el cierre prolongadísimo de actividad como resultado de la cuarentena, algo que con diferente intensidad ocurrió en el mundo entero.

En 2022, pese a que la economía cerrará con crecimiento (si bien en buena medida por arrastre estadístico del 2021), la pobreza aumentará y volverá a ubicarse cerca del 40% de la población, afectada por la notable aceleración de la inflación, que sube más rápido que los ingresos.

La inflación es un factor negativo en la lucha para reducir la pobreza, porque impacta en forma directa mediante el impuesto inflacionario que sufre en mayor medida la población de menores ingresos, y porque hace más difícil la toma de decisiones, afecta el crédito y, por ende, conspira contra la inversión y, en consecuencia, contra el crecimiento. Así, la inflación pone un piso a la pobreza.

La historia argentina y la experiencia internacional muestran que para reducir la pobreza y sostenerla en niveles bajos se requiere que la población tenga mejores ingresos, es decir, más empleo y alto salario real. Esto solamente puede lograrse con una economía que crezca en forma sostenida y que tenga alta productividad.

Lamentablemente, Argentina no ha logrado alcanzar esto. El PBI por habitante cayó en la década del ‘80, tuvo recuperación en parte de los ‘90, pero que se erosionó en la segunda parte, y terminó en una aguda crisis en 2001/2. El alza posterior fue firme hasta 2008 para luego mostrar limitaciones, no casualmente cuando la inflación comenzó su proceso de aceleración entre 2007 y 2008. Desde 2011, el PBI per cápita tiene una tendencia negativa.

En paralelo, desde 2002 y como forma de compensar el bajo nivel de ingresos de la población, por caída de empleo y por caída de salarios, el gasto social saltó notablemente.

Según datos del ODSA-UCA, más del 40% de la población vive en hogares que recibe ingresos a través de algún programa social. Sin embargo, este esfuerzo no ha logrado bajar la pobreza, que se ubicó en promedio por arriba del 30%, y que actualmente roza el 40% de los habitantes.

De hecho, el enfoque que prevaleció en buena parte de este tiempo, consistente en intentar que el Estado desde el gasto (ya sea mediante programas sociales, o directamente a través del empleo público) sostenga la actividad para reducir la pobreza, ha terminado generando desequilibrios macroeconómicos con más costos que beneficios.

El gasto público consolidado, que promediaba 23/25% del PBI entre 1980 y 2002, aumentó sostenidamente y ronda el 40% desde 2015, con alguna reducción entre 2016 y 2019. Este mayor gasto fue financiado con más impuestos y mayores alícuotas, y desde 2010, con deuda y especialmente con emisión monetaria, poniendo así un piso cada vez más elevado a la inflación.

Las crecientes distorsiones que se fueron acumulando como atraso de tarifas, intervenciones en el mercado de divisas, o cepo cambiario, controles de precios, etc, que se tomaron para intentar contener la inflación terminaron afectando el desempeño de la economía, que como mencionamos, no crece desde hace más de 10 años.

Así, reducir la pobreza estructural requiere de varios elementos combinados y, sobre todo, sostenidos en el tiempo. La condición necesaria para revertir esta situación es recuperar la estabilidad macroeconómica, que permita iniciar un proceso de crecimiento de la economía. Pero para que los ingresos logren mejorar en términos reales, se requiere de mejorar la productividad y generar incentivos para la creación de empleos asalariados formales, una tarea que no será sencilla y, en cualquier caso, que llevará mucho tiempo.

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