La designación de Gabriel Eduardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público ha sido recibida como una oportunidad para transformar la justicia en Guatemala y garantizar que el sistema respete los derechos de los pueblos y de las mujeres indígenas.
Representantes de organizaciones de mujeres indígenas y la única parlamentaria indígena del país formularon demandas concretas al funcionario, quien asumirá el cargo el 17 de mayo, enfocadas en el cese de la criminalización, el acceso equitativo a la justicia y la transparencia institucional, según expresaron este martes en una conferencia de prensa transmitida por el medio Otra Guatemala.
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El colectivo de mujeres indígenas, que articula organizaciones de base a nivel nacional y, como aclararon las voceras, cuenta con la participación de la única parlamentaria indígena del Congreso, subrayó en su pronunciamiento que el país atraviesa una crisis en el acceso a la justicia para las y los guatemaltecos.
Insistieron en que la llegada de García Luna implica una responsabilidad histórica en un contexto donde el país enfrenta una crisis en materia de justicia. Durante la última gestión, señalaron, se agravó la criminalización y persecución de mujeres, líderes indígenas y defensoras de derechos humanos, condiciones que exigen revertirse de inmediato.
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Demandas de organizaciones indígenas para la transformación del Ministerio Público
Las portavoces del colectivo detallaron un pliego de exigencias centrado en siete puntos clave. En primer lugar, pidieron el cese a la criminalización y persecución de mujeres, líderes y lideresas indígenas, así como defensoras de derechos humanos y derechos colectivos de los pueblos.
La segunda solicitud exige el fin del uso del sistema penal para perseguir a quienes defienden territorios y derechos colectivos, denunciando que la persecución política no puede continuar bajo ninguna forma.
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El tercer punto insta a garantizar la independencia en la persecución penal, sin aceptar interferencias internas o externas en las decisiones del ente investigador. En cuarto lugar, proponen investigar la corrupción sin selectividad y dar prioridad a los casos de alto impacto vinculados a redes de corrupción, así como asegurar procesos transparentes en todos los niveles.
El acceso a la justicia con enfoque de género y pertinencia cultural aparece como la quinta exigencia: solicitan investigaciones sin discriminación que respondan a las realidades de las mujeres indígenas.
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Adicionalmente, demandan transparencia en la gestión institucional y rendición de cuentas a la ciudadanía, pidiendo información clara sobre avances en investigaciones y acceso a datos públicos. Finalmente, reclaman una depuración del Ministerio Público de quienes, en los últimos ocho años, transformaron la institución en instrumento de coerción política y captura del sistema judicial.
Balance de la gestión anterior y aspiraciones para la gestión de García Luna
Afirmaron que la asunción de García Luna abre un poco de esperanza para los pueblos indígenas históricamente excluidos del acceso a la justicia y reiteraron que un Ministerio Público funcional debe realizar todas las investigaciones correspondientes para determinar los delitos cometidos contra las mujeres indígenas.
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Solicitaron detalles sobre la dirección de las fiscalías estratégicas y exigieron informes transparentes sobre casos de alto impacto.
El colectivo pidió a García Luna que el Ministerio Público actúe para la persecución penal, pero no en contra de las mujeres, enfatizando la necesidad de un sistema judicial que no discrimine y que garantice justicia para toda la sociedad, y no solo para ciertos sectores.
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Ocho años de denuncias por discriminación y casos engavetados
Según las organizaciones de mujeres indígenas de base, los últimos ocho años han estado marcados por discriminación sistemática y falta de atención a casos de alto impacto que permanecen engavetados. Las portavoces resaltaron la necesidad urgente de revertir este patrón para garantizar el acceso efectivo a la justicia.
En este sentido, se destacó la situación de defensores encarcelados como Luis Pacheco y Héctor Chaclán, detenidos en el marco de su labor en defensa de derechos colectivos.
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Este caso, según la articulación de mujeres indígenas, evidencia la criminalización estructural que persiste y cuya reversión esperan ver bajo la conducción del nuevo fiscal general.
Las organizaciones reafirmaron su compromiso de seguir alzando la voz por un sistema de justicia que respete y garantice los derechos de los pueblos y de las mujeres indígenas, consolidando como prioridad una justicia independiente y al servicio de toda la ciudadanía guatemalteca.
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