Populismo educativo: la perversión de nivelar para abajo con fines políticos

En el último tiempo, varias provincias anunciaron diferentes normativas que echan mano sobre el sistema de calificación y promoción de los alumnos. Algunos de los últimos ejemplos son Santa Cruz, Formosa y Entre Ríos, que a esta altura del año han decidido cambiar las reglas del juego.

Lejos de propiciar una mejora pedagógica, esconden y disfrazan el fracaso rotundo de haber suspendido las clases presenciales durante casi dos años, lo que llevó a la catástrofe educativa de la que todos los argentinos somos testigos. No se trata de una casualidad.

Los gobiernos provinciales que flexibilizaron el sistema de promoción de los estudiantes abren el debate comenzando por la premisa de que los chicos y las chicas de nuestro país no pudieron o no pueden alcanzar determinados objetivos pedagógicos y, para ello, eliminan las exigencias mínimas que deben alcanzarse. La realidad es que no piensan en los chicos, hacen demagogia.

No hay dudas de que después de la cuarentena irracional que decidieron aplicar a la educación, los chicos y las chicas de la Argentina saben menos. Si bien contamos con pocos datos, las familias son conscientes del deterioro en el sistema educativo. Sin ir más lejos, un estudio reciente del Observatorio de Argentinos por la Educación señala que tan solo el 16% de los estudiantes terminan la escuela a tiempo con los conocimientos necesarios en las dos materias principales, lengua y matemática.

A pesar del escenario pesimista, me veo en la necesidad de explicar y compartir mi posición respecto a esta situación: todos los alumnos y las alumnas pueden. La clave está en las políticas que llevemos adelante desde el Estado nacional y desde cada una de las jurisdicciones.

La evaluación es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, es natural e intrínseco del quehacer cotidiano de la escuela, donde se realizan diferentes tipos de evaluación (diagnóstica, de proceso o promoción) en diferentes momentos y con instrumentos varios.

La escala de calificación es una forma de comunicación entre la escuela, los alumnos y las familias, y es un código simbólico que representa un mensaje y un contenido. Alterarlo con las clases ya iniciadas debe requerir de un acuerdo entre todas las partes involucradas.

No participan en este tipo de decisiones los docentes, las conducciones escolares ni los estudiantes, así como tampoco consultan a los académicos. ¿Sobre la base de qué evidencia es positivo implementar este tipo de medidas en el sistema educativo? Una vez más se improvisa y se manipula la información para obtener resultados políticos.

Ningún estudiante de nuestro sistema educativo debería desaprobar o repetir porque todos deberían aprender y alcanzar los objetivos y las metas propuestas. ¡Esta es la clave! La decisión de los gobiernos debe enfocarse en qué, cómo y cuánto están aprendiendo nuestros alumnos, y los métodos a seguir para que todos logren los objetivos.

Debemos revelarnos ante esta pedagogía impuesta que busca nivelar para abajo y esconde la idea perversa de que muchos no pueden o no van a llegar. El sistema educativo necesita reformas y debates profundos y sinceros de cara a la sociedad a partir del desafío de pensar el cómo y no un resultado que le sirva al oficialismo de turno.

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