La “ley de VIH” es voluntarista, irresponsable y podría reeditar el desastre de la contraproducente ley de alquileres

Evidentemente, la Cámara de Diputados entendió muy poco sobre el desastre que generó en el mercado inmobiliario la ley de alquileres del legislador Daniel Lipovetzky. Aunque las consecuencias predecibles de esa normativa ya son evidentes para todos, parece que los legisladores todavía están absolutamente disociados de los motivos del fracaso. Es que se comportan como niños con poder. Son poseedores de un voluntarismo infantil y simplista, y cuentan con el poder de redactar y aprobar leyes que terminan generando graves consecuencias. Sobre todo, para los grupos vulnerables que supuestamente pretenden defender.

En muchos países del mundo existen mecanismos de seguimiento dentro de los poderes legislativos, que analizan el impacto y las consecuencias en el mundo real de las normativas aprobadas. A pesar de que los incentivos del sector público no corrigen de la misma manera que en el privado, en cierta forma los responsables de las leyes tienen alguna preocupación por no fomentar o avalar cuestiones que terminen fracasando o empeorando aún más las cosas. En Argentina no pasa nada.

El mismo Lipovetzky incluso se ofende en televisión cuando se lo señala de “incompetencia legislativa”. Su defensa y argumento se limitan a que él no fue el único en votar por su ley, la que fue acompañada por todos los partidos. Casi reclama que se le eche la culpa también al resto de sus colegas. Sin embargo, por más grave que sea la dificultad a la hora de alquilar un departamento, pueden salir cosas peores del Congreso Nacional. Por ejemplo, la llamada “ley de VIH”: una de las irresponsabilidades más grandes surgidas del ámbito legislativo nacional.

Lejos de cualquier reflexión, los que respaldan la iniciativa, no ocultan su voluntarismo simplista. Gabriel Solano, legislador porteño del Frente de Izquierda, acusó de “mala persona” a Javier Milei por su voto y dijo que “nadie” puede estar en contra de la ley en cuestión. En sus propios términos, uno podría llegar a la conclusión de que estos dirigentes políticos no lo hacen de “malos”. Las telarañas ideológicas y dogmáticas que tienen son lo suficientemente densas como para no poder ni siquiera analizar las consecuencias de lo que promueven. Sin ponerse muy místico, se podría apelar a la referencia bíblica del “perdónalos porque no saben lo que hacen”.

En el mismo tono de indignación, casi con un tufillo inquisidor, varios medios alineados con el gobierno le dedicaron artículos al listado de los ocho diputados que votaron en contra. Como una especie de escrache a las personificaciones del mal. Mucha gente los acusó en las redes sociales de “estar en contra de la gente con SIDA”. En realidad, es todo lo contrario. Puede que los abanderados de la causa estén avanzando en una dirección que termine complicado seriamente a los portadores de VIH, sobre todo en el ámbito laboral.

Además de las cuestiones irrelevantes del texto, ya sea porque podrían estar dentro de las prerrogativas regulares del ministerio de Salud o por los “derechos” vigentes para todas las personas (prohibición de la “discriminación” o “bajar el sueldo”), hay un artículo que podría generar graves incentivos y estar abriendo una caja de pandora.

Dice la ley en su artículo 9, ubicado en el segmento de “Derechos y Garantías”, que se garantiza para los infectados de VIH, y de las otras condiciones mencionadas, “el derecho al trabajo”, “a la permanencia en el mismo” y “sin despidos”. Cuesta comprender que un legislador nacional sea tan irresponsable como para no imaginar las consecuencias reales de semejante cuestión.

De la misma manera que la ley de alquileres generó los incentivos como para limitar aún más el mercado inmobiliario, las personas con VIH tendrán nuevas complicaciones desde la implementación de la ley. Aumentará la discriminación real, no solo para los infectados, sino para los “sospechados” de ser eventuales positivos. Ahora, o en el futuro. Ante la enorme oferta y la limitada demanda laboral, justamente por las contraproducentes legislaciones irresponsables, el “por las dudas” será moneda corriente para el injustificado descarte.

¿Hace falta decir que, si se vuelve ilegal despedir a alguien con VIH, lo único que puede pasar es que se evite su contratación? Pero al prohibir el test en los estudios preocupacionales, en lugar de evitar la discriminación ocurrirá todo lo contrario: incrementarla exponencialmente. Las oficinas de Recursos Humanos de las empresas tendrán seguramente odiosas labores basadas en el prejuicio. No sería llamativo que, en un futuro no muy lejano, los argentinos que porten el virus terminen ocultando su condición. Tampoco sería raro que, en medio de la locura que pueda generar todo esto, la gente comience a limitar publicaciones en sus redes sociales, al punto de evitar siquiera mencionar al SIDA. En lugar de avanzar, se estaría retrocediendo en muchos aspectos dos décadas, cuando el VIH era mala palabra, motivo de vergüenza y sinónimo de estigmatización social.

Todavía en muchos países del mundo existen limitaciones para los homosexuales varones a la hora de donar sangre. Justamente, por el temor a eventuales infecciones con VIH. Por ejemplo, en Francia, recién este año quedaron eliminadas las restricciones y los cuestionarios para los gays masculinos donantes. ¿Hace falta advertir que esta normativa podría llevar a muchos homosexuales a esconder su orientación sexual por temor a una eventual relación con la condición que podría ser evitada en los ámbitos laborales? Todo esto, que puede sonar muy odioso, tendría que haber sido considerado por los legisladores a la hora de votar esta ley.

No lo hicieron. Seguramente, incluso encuentren esta reflexión odiosa e inaceptable. Sin embargo, es pertinente dejar esta advertencia. Ojalá me equivoque por completo.

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